De la Redacción de ZOOM. A pesar de que la Fiscal había pedido el sobreseimiento, la Justicia Penal de Cruz del Eje condenó a seis meses de prisión condicional por “usurpación” a ocho pobladores de la localidad de El Chacho. La mayoría de ellos son mayores de edad, descendientes, poseedores y herederos de los derechos posesorios de 3 generaciones. En el fallo, el juez Ricardo Py dispuso también “restituir” el campo al empresario Martín Buttie.
El Chacho es una comunidad cordobesa ubicada a 290 kilómetros de Córdoba capital, sobre la ruta 77, cerca de La Rioja. Cuando todavía funcionaba el Ferrocarril General Belgrano, llegaron a vivir en sus calles 200 familias. Con la política de las privatizaciones y los ajustes, entre dictaduras y democracias del neoliberalismo, la desocupación creció cuando se detuvieron los trenes, sus talleres, sus pesadas cargas del sacrificio. Pero no sólo el Ferrocarril les han quitado en esta zona de Córdoba. Les falta el agua, faltan recursos para producir, falta la salud y les falta la justicia, como en tantos lugares del país.
Todo en medio de una crisis del modelo agroexportador, que los empresarios del campo pretenden camuflar con la palabra “progreso”, confundiendo al país con sus escarapelas y sus gritos de ¡Viva la patria!. La verdad es que son estos mismos empresarios patriotas los que desalojan familias campesinas, son los mismos que con sus modernas topadoras arrasan los ranchos y el monte nativo. Son los empresarios que en las tierras ven un negocio y no un hogar, una vida digna, un territorio libre en donde crezcan libres nuestros hijos.
Cronología de los hechos
El día 4 de Septiembre del 2004, estas familias campesinas impidieron la entrada al campo comunitario al señor Julio Oscar Rodríguez capataz del empresario Martín Rodolfo Buttie. Varios días después, el 22 de Septiembre, la policía y el Juez de Paz destruyeron el candado del portón que les permitía a los vecinos el acceso al campo comunitario, y lo remplazaron por otro. Advirtiendo a las familias campesinas poseedoras que desde ese momento tenían prohibido el ingreso al campo.
El 5 de diciembre de 2006 el Juez Civil de la Ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, reconoce la posesión a las familias de El Chacho, ordenando a los demandados Julio Oscar Rodríguez y Martín Rodolfo Buttie, el cese de sus actos contra la posesión de las familias campesinas.
Pero el empresario Buttie, que pretende quedarse con esas tierras, acusa a estos 8 habitantes históricos de El Chacho por el delito de Usurpación. Primero la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, a cargo del Dr. Raúl Casado, ordena imputar el delito. Y después el Juez de Control Dr. Rogelio O. Archilla confirma la elevación a juicio. El 24 de Junio de 2008 el Camarista Ricardo Py, condena a prisión en suspenso a los 8 campesinos.
Comunicado del Movimiento Campesino de Córdoba
Si no hay justicia, hay escrache: “Py es un quita campos, nosotros la dignidad”
Familias campesinas organizadas en el Movimiento Campesino de Córdoba, vecinos solidarios y compañeros que vinieron desde otras partes de la provincia, marchamos por las calles de Cruz del Eje para que toda la ciudad se entere que entre las vecinas y vecinos honestos y trabajadores, vive un juez tendencioso y parcial.
El juez Ricardo Py presentó los fundamentos de su sentencia contra 8 campesinos y campesinas condenados por ‘usurpación’ del campo en el que han vivido por 3 generaciones.
Los abogados defensores firmaron con reservas porque en el acta de constatación del inmueble, realizada el 17 de junio, no hay registro de las declaraciones del supuesto vendedor, el señor Ronco, que declaró que esas tierras no eran suyas por lo tanto no pudo venderlas.
Los campesinos marchamos por las calles y escrachamos la impunidad, haciendo valer los modos de la justicia que nos dejan.
Parece ser que quienes jamás han sufrido un repudio público por tan equivocadas decisiones, se ponen nerviosos cuando el pueblo les hace sentir su discrecionalidad, persecución ideológica y su imparcialidad. Es oportuno destacar que la profesión elegida y sustentada en un cargo de tales características siempre va a estar avalada o cuestionada por la democracia que rige desde 1983.
Nadie se preguntó cuántas crisis nerviosas, cuántas horas sin sueño, cuántos picos de presión sufrieron, en todos estos años, las familias de los 8 campesinos y campesinas acusadas por defender lo que les pertenece: la tierra que un empresario foráneo (el novato terrateniente Martín Rodolfo Buttié que dice haber adquirido “24.000 hectáreas, no recuerdo bien a cuánto” les quiere quitar.
Ningún trabajador del estado dio cuenta de los problemas de aprendizaje que causó las sirenas de las CAP a los niños de El Chacho, del miedo permanente, las acusaciones y la estigmatización que los “hombres del progreso” causaron en estos últimos 4 años.
Es tan inverosímil, entonces, que se condene con 6 meses de prisión por usurpación de un territorio donde los 8 campesinos han vivido, han usado, han cuidado y donde han criado los animales para el sustento toda la vida. La mayoría son mayores de edad, descendientes y poseedores y herederos de los derechos posesorios de 3 generaciones. Es tan increíble que el juez encuentre pruebas a favor del empresario, donde el supuesto “vendedor” de ese campo, negó en las testimoniales del juicio haberle vendido ese predio al empresario Buttie. Es tan lamentable que, aunque la fiscalía no haya acusado por falta de mérito, el juez condene.
Teniendo en cuenta, además, que el 5 de diciembre de 2006 el Juez Civil de la Ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, reconoce la posesión a las familias de El Chacho. Ordenando a los demandados Julio Oscar Rodríguez y Martín Rodolfo Buttie, el cese de sus actos contra la posesión de las familias campesinas.
Sin tener la cara escondida, sin tirar una sola piedra, sin llevar un solo palo, hemos pintado por las calles el recuerdo de nuestra indignación, los gritos de nuestro dolor, las razones de nuestra esperanza.
Fue una marcha pacífica. Con banderas, con pintadas, con cantos de repudio. Fue una marcha sin violencia.
Violencia es desalojar campesinos trabajadores, en nombre del progreso, para que nos sigan invadiendo los agronegocios.
Violencia es que estas familias se queden en la calle, sin tierras para darle de comer a sus hijos; mientras el empresario Buttié se retira de tribunales en un Mercedes Benz brillante y opulento.
Violencia es mentir, señor juez.
Nos moviliza la certeza de no negar nuestra identidad, nuestra cultura campesina. La necesidad de vivir de la tierra, el compromiso de cuidarla y defenderla. Por nuestras hijas e hijos. Por siempre.
¡Ni un metro más, la tierra es nuestra!
¡Tierra, trabajo y justicia para las familias campesinas!
¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!
Movimiento Campesino de Córdoba (MCC)
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)
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