El sugestivo accidente en el que perdió la vida la ministra de Defensa doce minutos después de haber anunciado la no renovación del convenio que permite a militares estadounidenses operar desde la base Manta, un fiscal nacional de dudosos antecedentes designado por un Congreso opositor, las dilaciones del STJ en decidir la convocatoria a constituyentes y un activo y explícito apoyo popular signan los primeros días de Rafael Correa como presidente del Ecuador.
Tuvo poco tiempo para asumir y ya afronta una compleja crisis. Mientras ordena una «profunda investigación» del accidente aéreo en el que murió su ministra de Defensa, Guadalupe Larriva, de 50 años de edad (la primera mujer y la primera civil en ocupar esa cartera en el país) el nuevo presidente ecuatoriano Rafael Correa le pide a la prensa que no especule sobre el tema, anuncia que otra mujer se encargará de la cartera y solicita ayuda a Chile para esclarecer el hecho.
Todo en tres días y después de movilizaciones en las calles contra una polémica designación. Es que el confuso choque de helicópteros en el que murió la ministra despertó las sospechas de representantes del flamante gobierno y de agrupaciones políticas y sociales, quienes temen que no haya sido accidental.
Con la voz entrecortada, el mandatario lamentó públicamente el choque entre helicópteros en el que también perdieron la vida la hija de la ministra, Claudia Avila Larriva, de 17 años, y cinco oficiales del Ejército.
El suceso tuvo lugar en Manta, a las 20:23 (las 22.23 en la Argentina) del jueves 25 de enero, a pocos minutos de la base aérea «Eloy Alfaro» y en el marco de «maniobras de tiro nocturno» por el día de la aviación del Ejército.
«Guadalupe no nos perdonaría que este hecho nos atemorice y nos impida seguir adelante», dijo Correa desde la ciudad costera de Manta, adonde concurrió para interiorizarse sobre el hecho. El mandatario anunció que Ecuador pedirá ayuda a los países amigos para la investigación, a fin de que no quede duda de lo ocurrido.
El ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, anunció que se iniciará una minuciosa investigación del accidente y que el gobierno rendirá los honores de rigor a Larriva este jueves. «Se establecerá toda la verdad», indicó Larrea, quien sostuvo que la distancia entre las aeronaves que realizan vuelos nocturnos, como en este caso, es de al menos 40 metros, por lo que llama la atención la cercanía con la que volaban los helicópteros que colisionaron anoche.
La embajada de Estados Unidos en Quito ofreció la presencia de expertos investigadores para que participen en la indagación de los hechos, ofrecimiento que no ha recibido aún respuesta del gobierno. La ministra tenía tres hijos y tres nietos y en estos nueve días como funcionaria había cumplido una importante agenda de trabajo que incluyó visitas a destacamentos militares del país.
En su última entrevista, señaló que había sido bien recibida dentro de la fuerza militar y en los destacamentos que visitó en sus nueve días de gestión. En la nota destacó el profesionalismo de los militares y afirmó que no sintió ningún tipo de discriminación por su condición de mujer o de civil.
Fue presidenta del gremio de profesores fiscales de Azuay, su provincia de origen, diputada por Azuay, presidenta del Foro de Parlamentarias, entre otros cargos, y hasta su nombramiento como ministra era presidenta nacional del Partido Socialista de Ecuador.
Sospechas
Pero las preguntas acerca de semejante muerte a 9 días de asumido el nuevo gobierno, llenan los titulares de la prensa. El gobierno ecuatoriano pidió a los medios de comunicación que no hagan especulaciones sobre las causas del choque de helicópteros en el que murió la ministra. «No especulemos, el momento que vive el país es sumamente delicado, está atravesando una serie de problemas y la especulación hace daño, no hay que hacerlo por el bien del país», dijo la funcionaria Chuji. Indicó que «ciertos medios» de comunicación hablaron de las posibles causas del choque, pero que la posición del gobierno es esperar los resultados de la investigación que iniciará una comisión mixta.
Esa comisión la conformarán, dijo, seis expertos chilenos que llegaron al país, de la empresa francesa fabricante de los dos helicópteros, el jefe del Comando Conjunto, el hijo de la ministra fallecida y un representante del Partido Socialista, del cual formaba parte Larriva.
«Se espera tener los resultados lo más pronto posible, unos resultados objetivos que nos den a conocer las causas y las circunstancias en que se produjo el accidente», dijo Chuji. La funcionaria insistió en la necesidad de que «la investigación sea objetiva», porque «el pueblo ecuatoriano lo necesita, lo requiere, queremos que se esclarezca este lamentable accidente».
Correa, quien desde momentos después de la tragedia en la base aérea de Manta, 260 kilómetros al sudoeste de Quito, permaneció en el lugar de los hechos y presidió los funerales, consideró que se trató de «un accidente infortunado».
Sin embargo, solicitó la ayuda de su colega de Chile, Michelle Bachelet, para que designe a miembros del Cuerpo de Accidentes Aéreos de ese país para conformar la comisión, pedido que fue inmediatamente satisfecho. Otros gobiernos, como el de Estados Unidos, que realiza operaciones en la base aérea de Manta, y el de Colombia, con el que Ecuador mantiene una controversia por fumigaciones aéreas en la frontera común, habían ofrecido ayuda para la investigación.
Más preguntas
Las suspicacias sobre los motivos del accidente fueron planteadas por uno de los dirigentes de la fuerza política de Larriva, Leonardo Espinosa, presidente del Partido Socialista de Cuenca, de donde era oriunda la ministra.
«Parece que se trata de un atentado, precisamente para cortar la trayectoria de aquellos luchadores como Guadalupe», dijo. Organizaciones sociales, sindicales e indígenas, junto al Movimiento Popular Democrático, exigieron al gobierno ni bien conocida la noticia una investigación pormenorizada para despejar las incógnitas que rodearon la muerte de Larriva, una apreciada dirigente socialista y sindical.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Camacho, sostuvo que «La Junta de Accidentes tiene que hacer un absoluto estudio, porque no conocemos el motivo exacto pero presumimos que los dos helicópteros toparon en el aire».
El militar aseguró que las aeronaves estaban en buen estado, con un «excelente mantenimiento» y que sus tripulaciones estaban «debidamente entrenadas».
La ministra viajaba a bordo de unos de los helicópteros, junto a su hija adolescente Claudia Avila, quien también murió en el accidente al igual que seis oficiales tripulantes de las naves, para participar de una práctica de tiro nocturno de la Fuerza
Aérea.
Al respecto, el ministro del Interior, Gustavo Larrea, calificó de «inaudito» que un vuelo con la ministra de Defensa a bordo no adoptara medidas de seguridad especiales y dijo que «es necesario que los responsables de los hechos expliquen al país lo sucedido».
Por la tarde, Correa renovó su juramento de «recuperar la patria» sobre el féretro de Larriva, al presidir con evidente consternación los funerales de las víctimas.
En el velatorio de los oficiales muertos Correa prometió que «En medio de la angustia y la desolación, no desfalleceremos en nuestra lucha por transformar el país», y cumplir con el sueño de «una patria libre, altiva y soberana por la que Guadalupe luchó». Finalizó su discurso con un «Venceremos» y «Hasta la victoria siempre» y aprovechó para agradecer la solidaridad internacional que ha recibido Ecuador tras la muerte de Larriva.
La política en ebullición
Poco antes de la sospechosa muerte de la ministra, manifestantes afines al presidente Rafael Correa se movilizaron hacia edificios públicos en apoyo a la convocatoria a Asamblea Constituyente, y para impedir la asunción del nuevo fiscal nacional nombrado por el Congreso, de mayoría opositora, denunciado por sus vínculos al narcotráfico.
Organizaciones sociales, de jubilados y derechos humanos, junto a militantes del izquierdista Movimiento Popular Democrático (MPD), protestaron desde la mañana ante la Fiscalía General de Quito e impidieron que el fiscal nacional, Francisco Cucalón, ingresara al edificio para tomar posesión del cargo. Cucalón, designado por la mayoría opositora, en un procedimiento que Correa consideró irregular, está denunciado por miembros del oficialismo de haber sido abogado de narcotraficantes y del ex candidato presidencial Álvaro Noboa.
«Cucalón no pasará, con el pueblo se topará», coreaban los manifestantes frente a la Fiscalía, en cuyo interior se instalaron unas veinte personas, situación que se repite en varias fiscalías del país desde la designación, a la espera de que el funcionario renuncie, consignó el diario El Comercio de Quito.
Cucalón ya anunció que no renunciará, instó a sus detractores a demostrar sus supuestos vínculos con el narcotráfico y con Noboa, y acusó al gobierno de financiar las manifestaciones en su contra. Correa exhortó al Congreso a revisar el nombramiento de Cucalón y cambiar la designación «para evitar una mayor convulsión social».
Además, negó que las manifestaciones estén promovidas por el gobierno sino que «responden a la iniciativa ciudadana por cansancio ante la politiquería».
Por otra parte, unos 300 militantes de la Alianza País, el partido de Correa, y del MPD, interrumpieron la sesión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que intenta resolver el llamado a la consulta popular impulsada por Correa para convocar a una Asamblea Constituyente.
Con banderas partidarias e imágenes del primer mandatario, los militantes llegaron a las puertas del TSE en Quito para respaldar el decreto firmado por Correa en el que solicita la convocatoria al referéndum, indicó el diario El Universo de Guayaquil.
Ante la demora del TSE para resolver la convocatoria, las agrupaciones ingresaron a la fuerza a la institución, sin que la policía lograra impedirlo.
Tras la incursión, el presidente Tribunal, Jorge Acosta, señaló que el organismo no trabajará ni resolverá ningún tema bajo presión y que esperará hasta que se normalice la situación.
El ministro de gobierno, Gustavo Larrea, instó a los jueces electorales a aprobar el plebiscito para evitar alteraciones del orden público.
«Creemos que el Tribunal puede contribuir a que el país dé este paso histórico en un clima de tranquilidad aprobando hoy mismo la consulta», señaló Larrea.
El pleno del TSE debe resolver si aprueba la convocatoria o la deriva para que la resuelva el Congreso, para el que Correa no presentó lista propia en las últimas elecciones.