En un ambiente económico con la mirada puesta en el nuevo acuerdo de facilidades extendidas, se afina el lápiz para comenzar a acercarse a lo pre pactado con el Fondo Monetario Internacional, o por lo menos para mostrar que ya empezamos a hacer la tarea.
Si bien a la hora de recurrir al Fondo, se encuentran varias posturas disímiles, se pueden establecer ciertos patrones generales a los que necesariamente un país se subordina: “ajuste” y “recortes” son las palabras más enunciadas por excelencia.
En el último día hábil de enero, previo a la conferencia de Guzmán, Alberto Fernández brindó una breve introducción en la que enunciaba: “el nuevo acuerdo no implica una caída del gasto real (…) no condiciona derechos ni exige déficit cero”. Seguido de eso comentaba: “no habrá reforma laboral” y “habrá aumento en la inversión pública”. Y cerraba su discurso con la frase: “tenemos que crecer para poder pagar” y apelando con un mensaje directo al congreso de la Nación: que haya acompañamiento de la oposición. Hasta ahí parecía una utopía, habíamos llegado a un acuerdo con el FMI a cambio de… ¿nada?
Recordemos que las metas que se plantearon fueron: “reducción gradual” del déficit fiscal: 2.5% del PBI en 2022, 1.9% en 2023 y 0.9% en el 2024. En cuanto al bloque monetario – financiero, el ministro explicó que también habría una “reducción gradual” de la asistencia monetaria del BCRA al Tesoro de la Nación (0,6% en el 2023 y cercano a 0% en el 2024). Esta última acompañada de tasas de interés reales positivas. Con respecto al frente externo, Guzmán enunció que no habrá saltos cambiarios y que el objetivo es la acumulación de reservas.
Lo que se firmaría
En los últimos días, mientras se avanza en el cierre del pre acuerdo que va a condicionar la economía Argentina por al menos la próxima década, ya circulan algunos puntos a destacar. Uno de los ítems más controversiales (además de la reducción de subsidios en tarifas a la energía) tiene que ver con la recaudación. Si lo que recauda el Estado supera la meta pactada con el Fondo, ese “sobrante” no va a poder destinarse a la emergencia social. En síntesis, con respecto a la ayuda social se indicó que se focalizará mediante la vía del Banco Mundial, para: “fortalecer más la eficiencia y la focalización de nuestro apoyo social”, una especie de “cogobierno” con este organismo. Sin embargo en este tema, el borrador del pre acuerdo enuncia: “fortaleceremos aún más nuestros esquemas de asistencia social para servir mejor a los más necesitados” y hacia el final indica: “trabajaremos asociados a bancos de desarrollo para realizar y publicar una evaluación integral de nuestros programas de apoyo social y su estrategia”.
Sumado a esto, lo que se anunció con respecto a los planes sociales sigue la línea que exige el FMI: una reducción paulatina del gasto, ¿un freno a las asignaciones sociales?. El Ministro de Desarrollo Social anunció que no se ampliará la cantidad de programas cerrando la lista de nuevos beneficiarios de la ayuda estatal. Inmediatamente, los movimientos sociales se manifestaron en las calles expresando que 1,8 millones de personas todavía están fuera de este tipo de programas.
No obstante, en el borrador del pre acuerdo reconocen que seguirán vigentes otro tipo de iniciativas con respecto a la contención de los sectores más vulnerables de la sociedad. El programa “Potenciar trabajo” tiene un alcance de más de un millón de beneficiarios y “pretende profundizar la inclusión laboral con proyectos de capacitación laboral, transferencias monetarias directas a los beneficiarios e incentivos a los empleadores”. Iniciativas como “Te Sumo” (en fomento al empleo juvenil) o el “Argentina programa” (para incentivar las formación de personas en empleo calificado en el área de la programación) también formaron parte de los incentivos a mejorar las condiciones del mercado laboral que para el tercer trimestre del 2021 registraba un 8,2% de desocupación.
Pero aún así, las asignaciones sociales siempre son eje de debate a la hora de “recortar gastos” y no siempre son tratadas desde un análisis más abarcativo. De hecho, para el caso de la Asignación Universal por hijo (AUH), las posiciones en contra no descansan en información que permita probar la incidencia de la AUH en los embarazos, por ejemplo.
Para dimensionar el rol que cumplen las asignaciones sociales, es interesante plantear cómo se gestan y cuáles son los impactos para quienes las reciben. Puntualmente para la AUH, como enuncia el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC): el 90% de los titulares que reciben este beneficio son mujeres, el 51% tienen un hijo a cargo y más de la mitad de ellas trabajan.
La AUH nace en el 2009 con el objetivo de ampliar el alcance de las asignaciones familiares contributivas a sectores sociales críticos con carga familiar. Es una suma mensual que se le abona por cada hijo (menor a 18 años) a aquella persona que pertenece a un grupo familiar sin empleo o que aún teniéndolo, está dentro de la economía informal. En el caso de hijos con capacidades diferentes, no hay límite de edad.
Hace un tiempo, un trabajo doctoral de dos economistas: Ariela Micha y Martín Trombetta (CONICET – UNGS), planteaban una visión más abarcativa de la protección social y de la movilidad del ingreso. En él, se preguntan si se le puede adjudicar a la Asignación Universal por hijo (AUH) un “rol de estabilizador del ingreso”. Pregunta que no se ha hecho con anterioridad a la hora de sumar críticas a esta asignación. La respuesta viene dada por una afirmación que enuncia que hay un “considerable rol estabilizador de la AUH en hogares vulnerables” y que conforme aumentan la cantidad de beneficios AUH percibidos, la movilidad de los ingresos no laborales desciende notoriamente.
Sin bien, la AUH está lejos de ser “la medida” para reducir fuertemente la pobreza o disminuir en un porcentaje alto la desigualdad, es un mecanismo con trayectoria en mejorar (estabilizar) los ingresos de sectores socioeconómicos vulnerables.
