Estamos a horas de uno de los hechos más importantes de la vuelta a la democracia. No se trata de un mero hecho testimonial, ni de una embestida contra un actor en particular, como quieren mostrar algunos.
El viernes comenzamos a democratizar la comunicación, a multiplicar las voces, pero por sobre todas las cosas, estamos dejando atrás el legado silencioso de la dictadura militar: la represión cultural.
La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es necesaria desde varios puntos de vista, pero principalmente, es la democracia la que necesita esa Ley para que el interés colectivo y nacional pase a estar presente en la agenda diaria.
El modelo político, social, y económico, impuesto con el secuestro y la desaparición, permitió también la decadencia cultural, el miedo, la imposición de falsos valores, cuantificables en moneda extranjera.
Sabemos que muchos de los beneficios que obtuvieron los multimedios fueron gracias a la dictadura: nunca fueron tan oficialistas como lo fueron con la junta militar y el plan económico de Martínez de Hoz.
Pero el rol de los medios en la dictadura no puede recortarse al plano de los beneficios económicos obtenidos: se debe extender el debate hacia las graves implicancias culturales que produjeron.
Quizás el mayor legado de la dictadura, y que la sociedad argentina después de más de 25 años puede dejar atrás, es la Ley de Radiodifusión.
Tan solo un par de ejemplos de la actualidad nos sirven para reflejar que la represión cultural sigue vigente para estos multimedios nacidos en dictadura y coronados por el menemismo.
Los impedimentos judiciales impulsados por el Grupo Uno para que se trasmita Canal 7 en Mendoza, o que Telesur no este en la grilla de programación de Multicanal y Cablevisión, y la feroz cacería de contenidos periodísticos que se realiza en Internet, reflejan, una vez más, que los fines de estas empresas no son solo económicos sino que, como en la dictadura, siguen cumpliendo su rol de la represión cultural que exige el pensamiento único.
El poder concentrado de los medios es peligroso para la democracia. Por eso necesitamos una nueva Ley de comunicación. No hace falta que sigamos con eufemismos, como si existiesen dudas al respecto de quién es el que sistemáticamente viola la ley, manipula la información y sostiene prácticas monopólicos.
Desde el 10 de diciembre, la contraofensiva de las fuerzas de la antipatria hará todo lo posible para dar marcha atrás. Por eso, esta ley, y la posibilidad de construir un proyecto de país estratégico, a largo plazo, basado en el desarrollo nacional, el trabajo, la ciencia y la tecnología, deberán ser defendidos con organización, con política, y de ser necesario, con la lucha y la movilización en las calles.
El proceso político abierto, mas allá de lo electoral, necesita una fuerza organizada que sirva de autodefensa de las conquistas y que abra el camino para avanzar en lo que falta.
Avanzar en el camino de la organización popular es una urgencia. De lo contrario, los poderes fácticos seguirán su camino para restaurar el orden conservador, represivo y privatista. Todo dirigente que quiera estar a la altura del proceso histórico deberá pensar en la unidad en la acción, para defender sus conquistas, para avanzar en lo que falta, en el camino de construir un proyecto de país que nos incluya a todos.
Se trata de poderes económicos, pero también políticos y culturales, quienes desprecian como nadie la verdadera libertad de prensa y de información. Los oligopolios no solo concentran señales: tienen prisionera a la palabra y no quieren soltarla.
El autor es Director de la Revista 2010.
