Como para engalanar con virtuosismo republicano la crucifixión del diputado Julio De Vido (PJ-FpV), los líderes del frente 1País, Margarita Stolbizer y Sergio Massa, anunciaron que abdicaban a sus fueros parlamentarios. Claro que sólo fue un gesto simbólico, una vulgar mise-en-scène, ya que este tipo de dimisiones no son una facultad personal sino que es la ley la que establece el modo en que el cuerpo legislativo puede quitar tal atributo. Para colmo, el azar quiso que semejante asunto coincidiera con otro renunciamiento histórico, el del fiscal general de San Isidro, Julio Novo, un viejo amigote y aliado judicial del ex intendente de Tigre. Nada más inoportuno para sus ambiciones que el estrepitoso fin de esa vaca sagrada del mundillo tribunalicio.
El doctor Novo –suspendido en su cargo desde noviembre de 2015– dio un paso al costado diez días después de que la Cámara Federal de San Martín confirmara su procesamiento por “encubrimiento agravado” en complicidad con cuatro colaboradores suyos. El motivo: entorpecer la investigación sobre tres asesinatos de narcos colombianos para propiciar la impunidad de Gustavo y Eduardo Juliá –hijos de un antiguo comandante en jefe de la Fuerza Aérea–, condenados luego en España por contrabando de cocaína.
Lo cierto es que en su momento el caso puso al descubierto una especie de coalición en la zona norte del Gran Buenos Aires entre intendentes, narcos, policías y fiscales, que supo funcionar con el gerenciamiento de Novo, cuyos lazos con Massa ya no eran un secreto ni se resquebrajaron por ello. También es cierto que tal cofradía logró sobrevivir a la caída en desgracia del polémico fiscal a través de funcionarios judiciales afines a él y su fina sintonía con los jefes municipales massistas y del PRO. Algo únicamente posible gracias al silencioso apoyo del actual Poder Ejecutivo con asiento en La Plata. Lo que se dice, un notable modelo de gestión.
Déficit fiscal
Una de las más significativas apariciones públicas de Novo ocurrió en julio de 2013, durante un acto del Frente Renovador en San Isidro. En tal oportunidad, Massa tuvo una frase de elogio para su persona: “El fiscal general hace muy bien su trabajo”. Y él sonrió con humildad. Antes fue efusivamente saludado por un candidato a concejal del distrito; era Juan Carlos Rebollo, un veterano de la “Maldita Policía” de Eduardo Duhalde y señalado como miembro del personal de un centro clandestino de la última dictadura. También aplaudía a rabiar un sujeto de ojos rasgados y kilos de más; no era otro que el comisario retirado Ángel Casafuz, quien años atrás había sido jefe de Delitos Complejos de La Bonaerense. Su presencia remitía a una vieja historia.
En los corrillos de la mazorca provincial aseguran que en la mañana del 3 de junio de 2002, Casafuz recibió una llamada telefónica. Se dice que desde el otro lado de la línea estaba nada menos que el fiscal general de San Isidro. Éste, un tipo con fama de duro e implacable, no había comenzado ese lunes de la mejor manera. Porque mientras todavía tomaba los últimos sorbos de café y su esposa se disponía a llevar a los chicos al colegio, habrían irrumpido tres ladrones en su hogar ubicado en la calle Catamarca al 600, de Acassuso. Sólo los dichos de Novo consignan esa cantidad de intrusos.
Otra versión señala que había sólo uno. El caso es que este delincuente –un pibe de 16 años– ahora yacía sobre el suelo con tres balazos en la espalda. Al parecer, estaba desarmado. Y –según los vecinos– antes de llegar la policía acudió al domicilio en cuestión un hombre de ojos rasgados y kilos de más. Curiosamente, en el expediente –instruido por una subordinada de Novo, la doctora Alejandra Dotti– quedó debidamente asentado que junto al cadáver del asaltante había “un revólver calibre 32”.
Nunca más se habló del tema. Y con el paso del tiempo el fiscal general tuvo que enfrentar otros inconvenientes.
“Una de las más significativas apariciones públicas de Novo ocurrió en julio de 2013, durante un acto del Frente Renovador en San Isidro. En tal oportunidad, Massa tuvo una frase de elogio para su persona: ‘El fiscal general hace muy bien su trabajo’”
En el frío invierno de 2008 su nombre alcanzó una ingrata notoriedad cuando 13 subordinados suyos impulsaron un Jury para él, a quien tildaban de “psicópata perverso”. Aquella presentación fue por arbitrariedad, filtración de datos reservados, trabas burocráticas, parcialidad y malos tratos. Al final la procuradora provincial, María del Carmen Falbo, archivó tal expediente.
Por aquellos días la intromisión de Novo en la causa por el asesinato de María Marta García Belsunce era alevosa. Su papel consistía en interponer un cúmulo de obstáculos para malograr la pesquisa; desde el envío de allegados suyos para retirar partes del expediente hasta remplazar al fiscal Diego Molina Pico por otro, y después reponerlo al iniciarse el primer juicio, aunque con tres fiscales adjuntos que en realidad estaban alineados con la defensa.
Desde el plano metodológico, la gran contribución de Novo a la justicia provincial consistió en instalar un estilo de trabajo que a los fiscales les exigía mano dura, acusar por las dudas y condenar sin pruebas. Un sistema cifrado en un férreo control sobre ellos a través del hostigamiento y con coacciones de toda índole para así desalentar a quienes tuvieran la osadía de oponerse a la fabricación de culpables en escala mayorista.
Ya al filo de la segunda década del siglo XXI encontró en el intendente de Tigre un alma gemela. Sus desvelos punitivos encajaban con los de Massa, cuyo afanoso proyecto incluía el endurecimiento penal, la flexibilidad de las garantías constitucionales y la saturación de cámaras en las calles. Un ideario compartido con otros intendentes alineados con él; a saber: Luis Andreotti, de San Fernando, Humberto Zúccaro, de Pilar, Gustavo Posse, de San Isidro, y Jorge Macri, de Vicente López, además de Julio Zamora, el sucesor de Massa en Tigre. Todos ellos controlaban con destreza desde sus respectivos feudos los índices delictivos mediante un pacto secreto con el Ministerio Público, La Bonaerense y ciertos referentes del crimen organizado. Y la figura de Novo se impuso como factótum de aquella alianza territorial.
Pero el problema fue que el fiscal general comenzó a sumar numerosos pedidos de juicio político por estorbar todo tipo de investigaciones sensibles, además de malquistarse con defensores, fiscales y magistrados. De modo que no tardó en resultar evidente que él influía negativamente en la resolución de los delitos para los que Massa proponía aumentar las penas.
Aún así en esa ya remota tarde de 2013 el entonces intendente de Tigre insistía: “Novo hace muy bien su trabajo”.
El encubridor
Al anochecer del 24 de julio de 2008 se produjo la ejecución casi quirúrgica de dos narcos colombianos en el estacionamiento del shopping Unicenter, de Martínez. Se trataba de Jorge Quintero Gartner y Héctor Duque Ceballos, alias “El Tetudo”. Pertenecían al Grupo Cordillera, un pujante cártel liderado por el comandante paramilitar Carlos María Jiménez, en esa época preso en un penal de Medellín. Seis meses después, Juan Galvis Ramírez, otro narco colombiano vinculado a esa misma organización, fue enviado por un sicario al Más Allá frente a una tienda de artículos náuticos en San Fernando. El empeño de Novo por entorpecer las investigaciones correspondientes motivó la denuncia penal del fiscal Luis Angelini en su contra.
El primer expediente era instruido por el fiscal Diego Grau; el otro, por Angelini. Al principio, Grau se reunió con fiscales de Mercedes y La Matanza por pesquisas conexas; pero los adjuntos de Novo –Eduardo Vaiani y Rodrigo Caro– le ordenaron que abandonara inmediatamente el encuentro y acudiera al despacho de Vaiani para impartirle urgentes directivas sobre la forma de llevar estadísticas. Novo después abortó un pedido de allanamiento en la empresa de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, dos años antes de ser capturados en España con un cargamento de drogas. A continuación, el fiscal general apartó a Grau de la investigación por lo del Unicenter, relegándolo sin fundamentos a tareas menores. En su reemplazo nombró en forma verbal a Angelini, pero sin proveerle ni siquiera un escritorio. Al mismo tiempo le asignó la fiscalía de San Fernando con un plazo perentorio de 120 días para que finalizara más de mil causas tramitadas allí.
Desde entonces las intromisiones de Vaiani y Caro –con la complicidad de las secretarias letradas Mariana Busse y Melisa Rey– se plasmaron en una seguidilla de torpezas programadas como el extravío de importantes pruebas y otras zancadillas. Pero también en un insistente monitoreo de la pesquisa para saber si involucraba a otras personas; en especial, a los hermanos Juliá. La frutilla del postre consistió en frustrar un viaje de Grau y Angelini a Colombia para entrevistarse con funcionarios y testigos además de acceder a documentos judiciales. Por tal razón los fiscales de aquel país aguardaron vanamente en el aeropuerto a sus colegas argentinos. La excusa esbozada al respecto fue una desinteligencia entre la Procuración y la Fiscalía General.
“Desde el plano metodológico, la gran contribución de Novo a la justicia provincial consistió en instalar un estilo de trabajo que a los fiscales les exigía mano dura, acusar por las dudas y condenar sin pruebas”
La causa penal contra Novo, sus adjuntos y secretarias letradas se inició en 2012 con una denuncia efectuada por Angelini ante el juez federal Ariel Lijo, quien se declaró incompetente, por lo que al final recayó en el despacho de su colega Sandra Arroyo Salgado en San Isidro. Por su parte, Elisa Carrió y el ex diputado Marcelo Saín pedían el Jury para el fiscal general. Tres años después los cinco acusados fueron suspendidos en sus funciones de manera definitiva. Entonces la Procuración designó como fiscal general interina a la doctora Beatriz Molinelli y a John Broyad en el cargo adjunto. Mientras tanto el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerenses resolvía comenzar el proceso contra Novo y sus adjuntos.
Según Angelini, el encubrimiento se inició al establecerse un lazo entre las ejecuciones del Unicenter y los hermanos Juliá. Por ese episodio en junio de 2016 el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, pidió el juicio oral para los presuntos autores materiales: el empresario farmacéutico Martín López Magallanes y los ex barrabravas boquenses Jorge Moreira, Richard “El Uruguayo” Laluz y Víctor Hugo Ovejero, junto con Carlos Luaces, ex socio de los hijos del brigadier.
Tres meses más tarde, la jueza Arroyo Salgado decidía procesar al lote integrado por Novo, Vaiani, Caro y las dos secretarias. Y recién el 26 de junio pasado la Sala II de la Cámara Federal de San Martín confirmó esa resolución.
Aquel fue el tiro de gracia para el ex jerarca del Ministerio Público de San Isidro. En la mañana del jueves 6 de julio se lo vio ingresar a la sede de la Procuración en La Plata. Ya nada quedaba de aquel tipo altanero y bravucón; ahora lucía encorvado y alicaído. Así lo notó el jefe máximo de los fiscales bonaerenses, Julio Conte Grand, al recibir su carta de renuncia.
El doctor Novo había quedado a centímetros del juicio oral.
Buenos muchachos
“Los fueros son un privilegio aberrante”, repitió Sergio Massa durante la tarde del viernes ante todo micrófono que se le puso a tiro. En cambio, se mantuvo en silencio con respecto al sombrío futuro de su querido Novo, cuyo desplome le podría provocar alguna jaqueca en caso de que la renuncia a su inmunidad parlamentaria no fuera solamente un acto sin otro valor que el teatral.
De hecho, la diputada Elisa Carrió no tardó en poner el dedo en la llaga al escribir en su cuenta de Twitter: “Renunció Novo, íntimo amigo de Massa”. Y ya ebria de triunfalismo, remató. “Estamos cambiando la Justicia ¡Viva la Patria!”. Claro que la realidad demuestra que esto último no es tan así.
Porque la alianza delictiva entre autoridades de traje, toga y uniforme en el norte del Gran Buenos Aires aún goza de excelente salud. Y en parte ello se debe a la notable empatía del Poder Ejecutivo provincial hacia los intendentes de dicho enclave, quienes fluctúan entre el massismo y el PRO. Pero también resulta determinante la influencia actual de reconocidos adláteres de Novo en el universo tribunalicio y la eterna predisposición de los comisarios para toda clase de compromisos por fuera de la ley.
En ese contexto, la historia reciente de los doctores Claudio Scapolán y Alberto Gaig –dos fieles alfiles del fiscal general depuesto– son un ejemplo de sobrevivencia en medio de circunstancias adversas. Y una muestra cabal de continuismo auspiciado por las máximas autoridades provinciales.
“Por aquellos días la intromisión de Novo en la causa por el asesinato de María Marta García Belsunce era alevosa”
El primero fue nada menos que la mano derecha de Novo, quien lo puso al frente de la llamada Unidad Funcional de Investigaciones Complejas, una fiscalía que centralizaba –entre otros delitos de relevancia– causas por tráfico de drogas. En esa función cometió un cúmulo de trapisondas e irregularidades; la más memorable: el operativo “Leones blancos”, una pesquisa nacida en su imaginación, la cual –de acuerdo al guión urdido por él– requirió su injerencia desde San Isidro por una denuncia anónima –inexistente– recibida en Quílmes y que terminó con el secuestro de 550 kilos de cocaína –plantada previamente por sus cómplices policiales– en la lejana localidad de Moreno. Dicen que sus variadas inconductas jamás le causaron problemas; en parte, por la gran estima que le tiene el intendente Jorge Macri, quien le está muy agradecido en virtud de haber anestesiado una causa contra él por la compra a sí mismo de varios vehículos para el municipio de Vicente López. Incluso –ya durante la debacle de Novo–, las denuncias y pedidos de juicio político de los que era objeto sólo derivaron en su apartamiento del tema de las drogas debido a la disolución de Investigaciones Complejas para pasar –no sin el beneplácito del ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari– al Área de Investigaciones Criminales. Allí trabaja ahora con increíble tranquilidad, como si nunca hubiera dado un paso en falso.
El otro funcionario mencionado es también un viejo pájaro de cuentas. Sus acciones –cometidas desde el cargo de secretario en la fiscalía de Pilar– lo describen como un psicópata con inclinación a la violencia. De ello puede dar fe el fiscal Carlos Washington Palacios, a quien en una ocasión Gaig tomó del cuello para apretarlo contra una pared mientras le decía que podía permitirse tal exabrupto físico por contar con la protección del adjunto Vaiani. Tampoco se privó de pedir coimas para resolver causas, haciéndose pasar por el fiscal Marcos Petersen Victorica. Ni de suscribir una solicitada como juez sin tener ese cargo. Tal vez el ministro Ferrari y la propia gobernadora María Eugenia Vidal hayan considerado tal episodio y resolvieran poner las cosas en su sitio: en diciembre de 2016 fueron los impulsores del nombramiento de Gaig como magistrado, un anhelo que luego cristalizó el voto macrista en la Cámara Alta de la provincia. Desde entonces aquel sujeto es uno de los jueces del Tribunal Oral Criminal Nº7 de San Isidro.
Todo indica que la sombra de Novo aún oscurece la justicia bonaerense como un fantasma apenas disimulado.
