En el marco de la movilización realizada este miércoles para protestar contra la Ley Bases, fueron arrestadas más de 30 personas en las inmediaciones del Congreso, donde la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de la Ciudad llevaron adelante un operativo represivo que incluyó el uso de balas de gomas, camiones hidrantes y gases lacrimógenos.
Brian Ortiz, estudiante de Historia en el Instituto Superior de Formación Docente Nº1 de Avellaneda; Santiago Adano, músico de las bandas Julio & Agosto y Perropájaro; Camila Juarez, Nicolás Mayorga y Sasha Lyardet, estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam); y Remigio Ocampo, vendedor de empanadas en un puesto ambulante en el barrio de Congreso, junto a su hija Belén y su nieta Irina, son algunos de los detenidos que fueron trasladados a los penales federales de Marcos Paz, Devoto y a la cárcel de mujeres de Ezeiza.
La causa está a cargo de la jueza María Servini a partir del pedido del fiscal Carlos Stornelli quien solicitó que se dicte la prisión preventiva por acusar a las personas detenidas de «perturbar y/o impedir –aunque sea temporalmente— el libre ejercicio de las facultades constitucionales» del Senado durante la sesión. El fiscal basó su pedido en la publicación de la Oficina del Presidente de la Nación (que no existe en el organigrama estatal), a través de la cuenta de la red social X, y dos artículos periodísticos, uno del Diario Clarín y otro del diario La Nación.
En el comunicado, publicado este miércoles pasadas las 19, el presidente Javier Milei “felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina».
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo que “no hay ni terrorismo, ni golpe de Estado. El uso de esos términos por parte del gobierno nacional solo busca legitimar niveles aún mayores de represión y habilitar una criminalización extrema de las personas que protestan”.
La sanción de la ley, que pretende fundar una nueva etapa en la política argentina, establece un marco de privilegios fiscales, normativos y administrativos en beneficio de minorías ligadas al capital extranjero, y dejó en este capítulo en el Senado una aprobación ajustada más una feroz represión en las calles.
Después del traslado de los detenidos a los penales federales y horas antes del inicio del fin de semana, representantes de partidos políticos, organizaciones sociales y de derechos humanos realizaron una conferencia de prensa en la que reclamaron la liberación inmediata de los detenidos y pidieron el cierre de la causa.
En la sede del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), donde se congregaron referentes del amplio universo político, el diputado nacional de Unión por la Patria, Leopoldo Moreau, adelantó que el martes realizará una denuncia ante organismos internacionales contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el operativo. También indicó que su bloque realizará una denuncia ante la Justicia Federal por la represión que sufrieron diputadas y diputados nacionales.
“No solo fueron encarcelados, sino que recibieron un trato degradante”, sostuvo la exdiputada por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien detalló que detenidos y detenidas están hacinados y sin agua. Para Bregman, “las acusaciones son arbitrarias, ridículas y no hay ni una sola prueba” en un marco de una “represión fue desmedida e ilegal”.
Adolfo Pérez Esquivel, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Elia Espen, Mirta Baravalle y Tati Almeyda, la Abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, CELS, APDH, HIJOS, Hermanos de desaparecidos por la Verdad y la Justicia, CPM, Correpi, CeProDH, Asociación ex detenidos-desaparecidos, Liberpueblo, Encuentro Militante «Cachito» Fukman y la Red Federal en defensa de la Democracia, entre otros organismos y representantes de Derechos Humanos participaron o enviaron su adhesión.
Durante la conferencia, el diputado Nicolás del Caño resaltó la importancia de llevar a cabo una gran campaña nacional e internacional por la liberación de los detenidos y el cierre inmediato de la causa judicial. Allí lo escucharon legisladores y legisladoras como Christian Castillo y Alejandrina Barry (PTS-FITU); Romina del Plá (PO-FITU); Celeste Fierro (MST-FITU); Vanesa Siley, Juan Marino, Victoria Montenegro, Paula Penacca, Julia Strada, José Glinski, Itahí Hagman y Victoria Freire (UxP).
Mientras en la sede del SERPAJ, ubicada en Piedras 730, se desarrollaba la conferencia, en la puerta una manifestación se sumó al reclamo en el que participaron representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto CABA, la CTA Autónoma, la Secretaria Gremial Ctera, el Movimiento Evita, la UTEP, ATE CABA, CTA CABA, Ademys, UTE, Sutna, Foetra, Frente Gremial, Unidos por la Cultura, ATE SUR y Poder Popular. Muchos de los manifestantes se trasladaron luego a los Tribunales de Comodoro Py para seguir exigiendo la libertad de todos los detenidos.
Sobre ellos Stornelli cargó con la imputación por delitos graves, entre los que se cuentan atentado y resistencia a la autoridad, intimidación pública, atentado contra el orden constitucional y estragos. En la conferencia de prensa, se subrayó que las personas detenidas se manifestaban pacíficamente o eran vendedores ambulantes, como lo muestran los registros de videos y fotos que circulan por las redes sociales en estas horas. Ninguna imagen los muestra como parte del grupo que incendió un móvil de Cadena 3, hecho por el cual hasta el momento no hay detenidos.
La jueza y el fiscal tomaron declaración a varios de los detenidos durante la jornada del viernes y se esperó, durante todo el día, que Servini decidera las excarcelaciones o las prisiones preventivas. Hasta que a última hora anunció la excarcelación de 17 de los 33 detenidos. Mientras circula un documento titulado “Libertad a las y los detenidos de la Ley Bases y cese de persecuciones” para sumar adhesiones para reclamar “el inmediato cese de esta campaña persecutoria contra quienes se oponen a la política del gobierno de Milei y el respeto irrestricto a los derechos y garantías vigentes”. (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddQxR1EWpnuaInDkyia0o9a8FhcBQUT356shBIbzXzY9VJIA/viewform)
La desesperación de los detenidos. Leonor Albornoz estuvo el miércoles vendiendo empanadas con su marido Remigio, su hija Belén y su nieta de 18 de años en Avenida de Mayo, cuando la policía avanzó sobre su marido, su hija quiso acercarse para explicar que estaban trabajando y la detuvieron. Al instante, detuvieron a la nieta de Leonor y Remigio y sobrina de Belén. La joven era la más desesperada cuando se comunica con su abuela para pedir que la liberen. Los cuatro intentaban dejar el lugar ante el avance de la represión, para llevarse los elementos de trabajo. Después de casi 48 horas y de escuchar las voces de su nieta, su hija que es madre soltera de dos hijos y su marido solo por teléfono, el viernes a última hora recibió la noticia de que los tres estaban entre los que recuperaban la libertad.
La mamá de Camila Juarez, Silvia, pide que se viralice la información sobre los detenidos entre los que se encuentra su hija, madre de dos hijos y estudiante de la Unsam. “Salió a luchar, tuvo un montón de razones para salir a luchar, por la educación pública, por su hermano que trabaja en Aerolíneas Argentinas, por mi jubilación. Luchar no es romper nada, es defender los derechos. Camila no es una terrorista”, explica.
Mientras sigue el reclamo por la libertad de todos los detenidos, la ley que condensa el proyecto político de La libertad Avanza tendrá su próximo paso en Diputados. Después de la aprobación en el Senado con modificaciones, el proyecto, que tenía media sanción de esa Cámara de Diputados, debe volver para que esa Cámara decida la aprobación de los cambios o insista con la redacción original. Por el momento, una fecha probable de sesión es el 27 de junio.
