El coordinador general del Comfer sostiene que sería contradictorio que, tras impulsar el rol del Parlamento, la oposición desertara del futuro organismo que aplicará la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Además, asegura que los defensores y los opositores de la nueva ley de SCA deberán “trabajar en función de los objetivos que están planteados en el texto y en el espíritu de la ley que se aprobó”.
—¿Qué panorama ve a partir de la aprobación de la ley?
—Hay una gran cantidad de trabajo a desarrollar. Primero transitar un período de transición, desde la aprobación de la nueva ley y todavía la existencia del Comfer, con la puesta al día de los procesos de normalización y todos aquellos temas que están pendientes y que nos van a permitir encarar uno de los temas centrales que plantea la nueva ley que es el nuevo Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual, el plan técnico sobre el cual habrá que trabajar a futuro, y que es un desafío. Y por supuesto que está el aspecto institucional, político, que tiene que ver con los organismos de representación y participación, sobre todo la integración del Consejo Federal, que está planteado en los 30 días después de la sanción de la Ley para ser convocado, y que tiene que constituirse y asignar a dos de los directores de la futura autoridad de aplicación. Además, el debate en el Parlamento alrededor de la Comisión Bicameral, que creo que es una instancia reclamada largamente por todos los proyectos de la democracia, y que tiene ahora la posibilidad de concretarse.
—¿Cuál cree que será el rol de la oposición?
—Creo que sería un grave error de la oposición el no participar después de que han impulsado durante tanto tiempo el rol del Parlamento dentro del futuro organismo. Pensemos que depende también de la Comisión Bicameral el funcionamiento de la defensoría del público, que es una instancia de participación ciudadana. Tenemos que trabajar en función de concretar los objetivos que están planteados en el texto y en el espíritu de la ley que se aprobó, que tiene que ver con la pluralidad, con la incorporación de nuevos operadores, tanto en el plano social como de los actores públicos. Hasta ahora, provincias y municipios estaban impedidos en aquellos lugares donde no hay medios públicos de tener sistemas de comunicación que atiendan la cuestión de ciudadanía y la cuestión cultural de la población. Y por supuesto, los nuevos operadores privados trabajarán en un marco de competencia donde nosotros pensamos que tiene que haber un estímulo a procesos de inversión, en la medida en que van a quedar limitadas las posiciones monopólicas y hegemónicas.
—¿Cree que recrudeció el ataque de los monopolios hacia la Presidencia?
—Creo que han intensificado una campaña negativa y de descalificación cuyo único propósito es impedir que la democracia tenga una ley. Lo habían intentado con éxito desde hace 25 años, con distintas medidas de presión y negociación con el poder político para evitar que la democracia y que los ciudadanos puedan darse a una norma que ordene el funcionamiento de los servicios. Y me parece que la descalificación que han intentado hasta ahora no tuvo éxito, porque no lograron frenar el tratamiento, el debate, la participación popular, el compromiso de los legisladores con esta ley. Fracasaron. Son manotazos de ahogado lo que están tratando de hacer para buscar la manera de retroceder algo que, en realidad, es parte de un proceso histórico que no se va a detener.
—¿Por qué cree que sigue habiendo quienes dicen que no existen los monopolios? Diputados, dueños de canales, gente que habla por la televisión…
—Es que la consideración del tema de las posiciones dominantes en materia de comunicación o de posiciones monopólicas tiene que ver con conceptos diferentes de las leyes de la economía. Y esto es fácil de ver en la legislación comparada de todo el mundo, donde en general prevalece la prohibición de sostener, por ejemplo, medios gráficos y electrónicos en la misma localización, o tener topes muy estrictos a los porcentajes de concentración de medios de comunicación, en general en el orden del 20 y 35% según se trate de países europeos o de los Estados Unidos. En este sentido lo que custodian, lo que protegen, no es solamente la información como mercancía sino el derecho de la población a tener acceso a diversas fuentes y a la pluralidad, para evitar lo que vemos hoy, que es este discurso único y hegemónico bajado por distintos medios que responden a los mismos intereses.
—¿Por qué los medios privados de comunicación están en contra de esta ley?
—Porque establece una distinción entre lo que son medios de radiodifusión abierta, gratuita, que sólo se financian con publicidad, y que por lo tanto tienen un tiempo mayor que los medios que funcionan por el sistema de abono o suscripción. Y en el caso de los sistemas por abono, lo que se establece es un tiempo menor, en atención a un reclamo que viene de hace muchos años de la Asociación de Teledifusoras Privadas (ATA), que se había quejado de que el cable gozaba de ventajas en relación a los medios que sólo viven de publicidad.
—¿Qué mensaje les daría a aquellos que todavía no están convencidos con la aplicación de la ley?
—Les diría que esta ley viene a garantizar el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión. Nunca hay que dejar de recordar que ese derecho es de los ciudadanos en primer lugar, no de grupos particulares y mucho menos de los dueños de medios comerciales, que por supuesto también deben ejercer su libertad, y yo creo que la ejercen plenamente. Hay que considerar que, como lo establece el Pacto de San José de Costa Rica, la existencia de posiciones monopólicas o de hegemonía en el control de comunicación termina afectando el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos. Garantizar el pluralismo, la competencia, las diversas posibilidades de acceso para todos los sectores, establecer prestadores de distinto tipo, y con distintos objetivos, la existencia de medios públicos que garanticen la inclusión y construcción ciudadana es lo que permite en su articulación la libertad de expresión.
—¿Cree que este gobierno va a tener tiempo suficiente de demostrarles el funcionamiento de la ley a aquellos que dicen que no va a existir la libertad de expresión?
—Eso está demostrado desde el momento en que los medios privados muestran una clara oposición política al gobierno, sin ningún tipo de censura ni de condicionamiento. Y la cuestión que me parece fundamental es que esta no es una ley hecha para un gobierno, sino que es una ley de la democracia, conseguida a 25 años de la recuperación de la democracia, y que tiene que servir para todos los gobiernos que vengan con posterioridad. Viene a consagrar derechos que hasta ahora estaban limitados por una ley de la dictadura, que instalaba en principio la doctrina de la seguridad nacional.
