El pasado 5 de enero, la Nación suscribió un Convenio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de acordar sujetos, acciones y modalidades de articulación para la transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El 18 de enero fue aprobado por la legislatura porteña, con 39 votos positivos, 3 negativos y 11 abstenciones.
Este Convenio se sustenta en las disposiciones de la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente, y en los preceptos normativos que operativizan la autonomía jurisdiccional y legislativa de la Capital de la República en materia de seguridad pública. La Ley 24.588 (Ley Cafiero) y su modificatoria 26.288 han cristalizado la intervención del Congreso Nacional en el sentido de viabilizar dicha autonomía y preservar los intereses del Gobierno Federal en el ámbito de la Ciudad Autónoma, De idéntica manera, las disposiciones de la Constitución de la CABA establecen que la Seguridad Pública es un derecho propio e irrenunciable de la Ciudad Autónoma, hecho que se plasma en la sanción de la Ley CABA 2894 de Seguridad Pública que, entre otras disposiciones, crea la Policía Metropolitana.
El bloque del Frente para la Victoria acordaba con el traspaso, pero manifestó la necesidad de postergar su tratamiento, en razón del clima de gravedad institucional en el que se daba el debate. La represión y criminalización de la protesta, la detención de Milagro Sala, los miles de despidos que se estaban dando en toda la administración pública, y las principales acciones de gobierno realizadas a través de Decretos de Necesidad y Urgencia, fueron algunos de los hechos más salientes que caracterizaban a este escenario.
Además de las condiciones en las que se debatía este traspaso, el Convenio que se había suscripto carecía de ciertas precisiones presupuestarias, normativas y operativas. Elementos que no fueron saldados ni respondidos durante el debate, y que aún hoy quedan abiertos al no haberse conformado la Comisión de Seguimiento del traspaso, tal como se manifestó en los debates en recinto, como tampoco ninguna otra instancia de intercambio de información oficial en la materia.
«En seguridad los temas son urgentes y no permiten improvisaciones»
Sostenemos la importancia de esta Comisión como ámbito en el que se active de modo ágil la circulación de información por parte del Poder Ejecutivo sobre los principales puntos establecidos en el Convenio 1/16, la transparencia de las acciones que involucran el traspaso, la posibilidad de convocar a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones vinculadas en la materia y sin lugar a dudas, la elaboración de propuestas legislativas, entre otras iniciativas.
Pasados los siete meses, no sólo no se ha promovido la conformación de esta Comisión, sino que han ocurrido hechos de público conocimiento que dejan muchas inquietudes respecto a la conducción política y operativa en el proceso de traspaso, a la actuación policial de fuerzas federales en el territorio de la CABA y al rol de las áreas de Seguridad del Gobierno de la Ciudad.
Recordemos que comenzamos el año con el hecho de violencia institucional protagonizado por la Gendarmería Nacional cuando hirió a niños y jóvenes que bailaban en una murga en la Villa 1-11-14. Hecho que si bien quiso ser ocultado por las autoridades nacionales, debió ser luego reconocido por la circulación de videos y testimonios que precisaban lo ocurrido.
Al poco tiempo, y con el país expresándose en contra de la detención arbitraria de la dirigente social Milagro Sala, asistimos a la presentación del supuesto protocolo «antipiquetes» impulsado por el Ejecutivo Nacional y aceptado por las provincias y la CABA en ocasión de una reunión del Consejo de Seguridad Interior. Protocolo cuya validez fue luego cuestionada por la propia Policía Federal traspasada, actuante en manifestaciones de la Ciudad de Buenos Aires, al desconocerla como norma reglamentaria.
Acontecimientos más recientes también tienen a las fuerzas de seguridad y al rol del Gobierno local bajo la lupa. El lamentable hecho que terminó con cinco jóvenes muertos y otros tantos con heridas de gravedad y en recuperación en la conocida fiesta electrónica «Time Warp»; dejó al descubierto un sistema que, cuando queda en manos de los intereses del mercado o de grupos que se mueven corporativamente, hace estragos sobre los sectores de mayor vulnerabilidad como lo son nuestros jóvenes. Hoy, en un proceso judicial en curso, ya están procesados los organizadores del evento, los agentes de la Agencia Gubernamental de Control y vendedores de estupefacientes durante la fiesta.
Esta tragedia ha develado no sólo una actuación irregular de la Prefectura Naval, y la Justicia determinará si delictiva, sino también la ausencia absoluta del Estado en su rol de prevención, regulación, fiscalización y planificación de dispositivos de seguridad para tal evento.
En este caso, hacerse cargo de los problemas, implica tener una política de prevención en seguridad. Esta tarea pudo haber sido realizada, sin excusas, con los 19 mil hombres de la PFA que ha recibido la Ciudad. Porque la tarea preventiva y de seguridad ciudadana es de absoluta y total responsabilidad de la Ciudad, y siempre lo fue, con la PFA traspasada, con la Policía Metropolitana, o con el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transportes y/o la Agencia Gubernamental de Control.
«Vemos con preocupación la falta de transparencia en las acciones del traspaso»
Cuando hablamos de tareas preventivas nos referimos, por ejemplo, a operativos de control de alcoholemia y/o de venta de bebidas alcohólicas y/o consumo de estupefacientes. No se requiere a las fuerzas federales para esto. Se requiere previsión, planificación, conducción.
Tampoco fue suficiente la respuesta del Ejecutivo en materia de legislación para atender a los factores relacionados con la falta de control o ausencia de políticas de prevención en consumo problemático de sustancias psicoactivas.
El envío del Ejecutivo de un proyecto de «Ley de Promoción del Cuidado de Asistentes a los eventos masivos de música electrónica», que tramita por expediente N°1116-J-2016, tuvo debate en una sola reunión de Diputados de la Comisión de Seguridad donde pusimos en claro lo que para nosotros era insuficiente, casi una carta de buenas intenciones, con una reiteración (sin mención) de las hoy normas vigentes en la Ciudad de Buenos Aires. Cualquier ciudadano puede ingresar a la página de la Legislatura y acceder al proyecto.
Como dijimos, en lugar de una ley que ignore normativas ya sancionadas, ideada incluso para tapar la falta de aplicación de las mismas, queremos una ley que tenga en cuenta la incorporación de los nuevos agentes de la PFA, la incorporación de los bomberos, y sin lugar a dudas, la responsabilidad del Ejecutivo, en particular del Ministerio de Justicia y Seguridad, y sus áreas respectivas, en las políticas de control y conducción en materia de seguridad.
Como si todo esto fuera poco, el hecho no menor ocurrido en la Comuna 4, cuando una patota ingresó a una reunión vecinal y atacó e hirió con cuchillos a los presentes, refleja no sólo un modo policial de «liberar zonas», sino una visión de la resolución de la conflictividad social por la vía de la violencia y no de la democracia ni de la política.
A su vez, no podemos omitir tampoco la nefasta actuación policial en el ataque a la redacción de Tiempo Argentino. Expresamos nuestro repudio y le pedimos a las autoridades políticas de la Ciudad y de la Nación explicaciones que nunca llegaron. Enviamos al Ejecutivo de la Ciudad un pedido de informes en el que interrogamos aspectos de la actuación policial para analizar su participación y si hubo complicidad. También preguntamos por las actuaciones subsiguientes de las autoridades políticas. No fueron casuales las consecuentes declaraciones del Presidente Mauricio Macri sobre el tema equiparando el accionar delictivo de estos atacantes con la ejemplar lucha que están dando estos trabajadores en la recuperación de sus fuentes de trabajo y en el compromiso por la pluralidad de voces y libertad de expresión que debiera regir en nuestra sociedad.
«El eje está corrido de lugar, y de ahí los primeros resultados»
Estos hechos muestran cabalmente que tenemos una preocupación genuina sobre el proceso de traspaso y conducción de las fuerzas de seguridad en el nivel local.
Vemos con preocupación la falta de transparencia en las acciones del traspaso, la falta de información certera, el desconocimiento por parte de autoridades locales de normas vigentes, la falta de nombramientos de autoridades en el ámbito de la Ciudad, la falta de conducción en el proceso de traspaso y la descoordinación con la actuación policial de fuerzas federales en el territorio de la CABA.
En seguridad los temas son urgentes y no permiten improvisaciones. Hoy, a fuerza de lucha social, incluso a fuerza de sentido común, resulta ineludible e indelegable la responsabilidad del Estado en sus distintos niveles en la búsqueda de resoluciones integrales.
Los hechos nos muestran que el Gobierno de la Ciudad bajo ningún concepto se está haciendo cargo de los problemas. Gobernar la Ciudad no es lo mismo que manejar un auto con piloto automático. Hay que conducir. Y para conducir hay que estar presentes, y hay que tener política de Estado.
Hacerse cargo es cumplir, es designar funcionarios y asignar funciones en una estructura que ha sido aprobada en el corriente año por el Gobierno de la Ciudad y que evidentemente no está totalmente en funcionamiento. El Ministerio de Justicia y Seguridad local tiene un sinnúmero de estructuras sin funcionarios designados.
Existe una Dirección de Eventos Masivos, en la órbita de la Subsecretaría Operativa dependiente de la Secretaría de Seguridad, creada según Decreto 121/2016, en la que desconocemos quién es el funcionario a cargo, cuáles son sus responsabilidades y competencias, qué tipo de intervención realizó o debió tener en esta fiesta como en los diferentes eventos masivos que se dan en la Ciudad. Porque más allá de la sutil diferencia entre 10.800 asistentes y 20.000 como estaría afirmando la Justicia, lo que está claro es que se trató de un evento masivo, con múltiples aristas organizativas, empresas de turismo, productoras, fabricas de agua, etc.
La ciudadanía tiene que saber cuáles son las obligaciones del Estado, los alcances y competencias de sus áreas, y si aún no han sido puestas en funcionamiento, conocer los motivos. Porque de lo contrario, lo que vemos es una desidia por parte de este gobierno en hacerse cargo de los problemas, particularmente los problemas de seguridad. Sobre todo cuando contraria o paradójicamente nos llevaron a votar el Convenio de Traspaso con una velocidad inusitada, sin considerar ni una sola de nuestras recomendaciones, sin tener claridad sobre el uso de los recursos económicos, los mecanismos de coordinación, ni las responsabilidades que implicaba.
«La ciudadanía tiene que saber cuáles son las obligaciones del Estado, los alcances y competencias de sus áreas, y si aún no han sido puestas en funcionamiento, conocer los motivos»
Hasta ahora, y por la escasa información circulante, traspasar la Policía Federal se torna más un problema administrativo a resolver internamente por la fuerza de seguridad traspasada, que un problema político, institucional y social. El eje está corrido de lugar, y de ahí los primeros resultados.
Manejos desprolijos de fondos; descoordinación o desinteligencia entre Nación y Ciudad; desconcierto por parte de los agentes de la Federal sobre su pertenencia institucional; protocolos que se anuncian mediáticamente pero que luego no son aplicados porque claramente carecen de seriedad y posibilidad de aplicación alguna y no ha sido notificado a las fuerzas; inexistencia de operativos de control; inexistencia de operativos específicos de prevención y control en ocasión de eventos masivos como el de Time Warp; ataques a la lucha de los trabajadores de prensa; desgobierno político y su contracara, la autonomía policial. Y a la vez, mientras ocurren estos acontecimientos de extremísima gravedad institucional, social y política, se desconocen los temas de fondo en materia de política de seguridad para la CABA. O lo que es peor, se dan a conocer medidas de gran trascendencia para la ciudadanía por medio de portales de internet o medios de prensa, cuyas fuentes e información parecieran netamente policiales.
Este secretismo es la muestra de que quien conduce el traspaso es la corporación policial y no la autoridad política. Y cuando hay desgobierno político, hay autonomía policial.
La falta de espacios pertinentes para la discusión, para la circulación de información, para la elaboración de propuestas que acompañen estos procesos se visualiza tanto desde el Poder Ejecutivo como así también en la Legislatura, y en su fuerza mayoritaria, que ha no sido capaz de conformar una Comisión de seguimiento que brinde información y transparencia a las acciones que involucran los mecanismos del traspaso de los agentes de la Policía Federal a la órbita de la CABA.
Por eso es que necesitamos poner la discusión donde tiene que estar. En los ámbitos político-institucionales pertinentes, con los responsables de impulsar las políticas públicas y con quienes tenemos la obligación de legislar y regular este nuevo proceso. Nuestra Legislatura tuvo un rol central a la hora de aprobar el instrumento que habilitó el proceso de traspaso y ahora, por el mandato que le otorga la representación popular, tiene la obligación de regular y legislar a favor de los derechos de la ciudadanía.
