San Jauretche, ¿llegó la buena leche?

Este gobierno, la etapa iniciada en 2003, es una originalidad en el rumbo inercial de una Argentina que solo podía esperar de sí la medianía de un futuro hecho a medida de pocos. Se podría estar en desacuerdo con la velocidad del cambio producido, pero son muchos y fuertes los condicionantes en el juego del poder local, en el escenario internacional, en el seno de nuestra sociedad y en el propio gobierno. Múltiples sectores sociales y económicos pujan en sentido contrario, buscando consensos o pretendiendo imponerlos (aunque parezca una contradicción en el término) mediante la manipulación mediática. Algunos son más visibles que otros, y no todos tienen la misma fuerza para definir. Un conflicto que se resuelve en el Estado o a las trompadas.

La cuestión de la crisis financiera mundial puso en un primerísimo plano el concepto de Estado Mínimo que originó el fundamentalismo neoliberal. Pero el mismo concepto tiene significados distintos en el centro del mundo y en las periferias. Con dinero público, allá se distribuyen ingentes subsidios agrícolas, a la desocupación, y al complejo militar-tecnológico que los mantiene en la cima. Acá, y en general en los países periféricos, Mínimo es sinónimo de prescindencia.

Cuando todo estalló a fines de 2008, las corporaciones financieras quebradas por la burbuja —que habían sostenido durante décadas las premisas básicas del llamado Consenso de Washington— comenzaron a clamar por un Estado activo, es decir, que las salvara el dinero público. Estados Unidos, en su cómodo papel de cabeza imperial y defensor acérrimo del libre mercado en los ’80 y ’90, se vio en la necesidad de financiar generosamente a empresas bancarias que habían prestado a numerosos agentes cientos de veces los valores depositados, tan ficticios como los représtamos, armando una bicicleta financiera de dimensiones planetarias.

Se probaba así, una vez más, que las recetas provenientes del «centro» del mundo son fantasías para consumo de los ingenuos, porque encubren una política persistente de concentración y centralización del capital, con resultados asimétricos por sectores sociales y países. Hasta minutos antes del estallido de Wall Street, los críticos eran tomados como chiflados, extravagantes o románticos apegados a un tiempo pasado.

Fundamentals

Estados Unidos siempre sostuvo —con la insistencia de quien se hace el sordo— el dogma de que el déficit fiscal era «non sancto» para los otros, cuando a la vez desde décadas atrás solventaba su monumental déficit mediante la emisión de un dólar impuesto como moneda de uso universal. Y la emisión astronómica que inyectó liquidez a los bancos quebrados —desde las postrimerías de la administración Bush— lo hizo todavía mayor. La emisión monetaria, sin embargo, era un pecado mortal para los países periféricos.

En América, siete años atrás, la explosión de la “convertibilidad” argentina había alertado sobre la supuesta racionalidad que sostenía la expansión ilimitada de los flujos financieros. Paul Krugman calculó entonces que la especulación constituía el 90% de la actividad económica mundial, mientras que la economía real (la producción) se arrinconaba en el 10% restante.

Lo paradojal es que, con gravísimas consecuencias para el medio ambiente, ese 10% sostenía niveles de consumo inéditos en la civilización humana. Además, gracias al desarrollo tecnológico, la cuestión de la producción de bienes se había corrido de la centralidad del sistema, lo que explica en parte, por qué China y el sudeste asiático son el motor industrial del mundo, y también por qué ya no existen empresarios como Henry Ford que pagan altos salarios para que los trabajadores puedan comprar lo que producen.

Y esa no es la única paradoja: a pesar de que los hechos fueron probando que los «Estados prescindentes» debían acabar, y que la propia lógica interna del fundamentalismo neoliberal había colapsado, el mundo, las ideas y las opiniones de muchos expertos parecerían seguir hacia adelante como si nada hubiera sucedido.

Hay discursos circulando sobre la reforma del FMI y su “democratización” (sic), pero son palabras, por cuanto su función era aquella (perpetuar la deuda externa de los países periféricos a través del otorgamiento de créditos), y si dejara de tenerla, ese ya no sería el FMI, ni este mundo sería este mundo. ¿Dónde se ha visto un banco democrático?

La racionalidad ficticia del sistema se sostiene sobre un nivel inédito de exclusión social planetaria, otra de las paradojas de un tiempo que auguraba felicidad universal. Son millones y millones de seres humanos privados de bienes materiales y simbólicos, que residen en los centros imperiales y en las periferias, diluyendo las fronteras clásicas entre ambos, y generando un mundo caótico con múltiples centros y múltiples periferias excluidas.

Esta realidad llena de contingencias que hasta acabó con la profecía del «Fin de la Historia», replantea —desde otro lugar— las cuestiones del rol de los Estados y la vigencia eventual de un modelo activo. Y en países como el nuestro, dichas premisas parecen convertirse en asuntos vitales para la supervivencia colectiva, ser o no ser una comunidad integrada. Porque un Estado activo sólo es eso, activo, y puede funcionar en democracia para reafirmar la concentración de poder y profundizar las diferencias sociales y económicas. Pero también para lo contrario.

Tiempos de crisis

Resulta oportuno recordar que el concepto de Estado se asocia al de Modernidad. El proceso de conformación del Estado moderno en Europa occidental en el transcurso de los siglos XVIII y XIX generó no sólo el corrimiento de viejas instituciones sino su destrucción, creando un orden social nuevo, distinto al del viejo orden feudal estamental. Ese nuevo orden social estuvo entrañablemente asociado al triunfo y consolidación de la burguesía, la expansión del modo de producción capitalista y la afirmación del liberalismo político y económico. El Estado moderno logró materializarse en la realidad a través de las alianzas sociales y territoriales que se gestaron a largo del tiempo, distintas a las del régimen monárquico que lo precedió.

Ese primer modelo de Estado, llamado por algunos autores liberal o conservador, más tarde devino en el denominado Estado de Bienestar, que fue adquiriendo relevancia en las naciones centrales a partir de la crisis mundial de 1930, debido a la agudización de las consecuencias del capitalismo de libre mercado que generó concentración de la propiedad y la riqueza, y que priorizó la especulación financiera en lugar de la producción. El Estado de Bienestar surgió para regular la economía y compensar los males del capitalismo en la vida social.

Este modelo entró en crisis a mediados de los 70 (por la subida estrepitosa del precio del petróleo que generó inflación mundial, el fin de la convertibilidad del dólar, la agudización de las condiciones de pago de la deuda externa, particularmente de los países periféricos que la contrajeron durante el auge de los petrodólares, etc.) en el contexto de una nueva fase del capitalismo, la globalización.

En los ‘90, el Estado se limitó a asegurar algunos de los derechos políticos y civiles, no así los sociales y económicos conquistados con el Estado de Bienestar. Estado por un lado, y políticas para el bien común por otro, dejaron de ser categorías asociables.

Bajo la impronta del neoliberalismo, el Estado debía garantizar seguridad política y jurídica para estimular la inversión privada. A la par, en el discurso dominante se proclamaba que el nuevo orden global ponía en duda la capacidad de autonomía y decisión del Estado, y que era inevitable, natural y saludable la lógica imperante de las empresas multinacionales y los organismos multilaterales de crédito como el BM y el FMI.

La gran meta política era afianzar el Estado Mínimo.

Ninguna política estatal es neutra: esa prescindencia y minimalización del papel del Estado ocultaba, en definitiva, la decisión “activa” de retirarse para que el mercado (o el capital en su conjunto) decidiera por la sociedad y en nombre de esta.

Este proceso de retracción del Estado fue de la mano del estallido de las representaciones, de la cooptación de los partidos políticos por tecnócratas que diseñan políticas públicas fieles a los intereses de los grandes grupos económicos, y del quiebre de los llamados “proyectos nacionales».

A qué apuntamos

El gran desafío de hoy es la construcción de imaginarios sociales que sean colectivos, que superen a los que emanan de esa realidad fragmentaria que se impuso en los ‘90. El desafío es cambiar lo aleatorio por lo previsible, y avanzar hacia la conformación de nuevas alianzas entre sectores sociales y políticos a los fines de plasmar la Justicia Social.

No debe dejar de mencionarse la incidencia del llamado pensamiento nacional en la construcción de esos imaginarios. Como tantas otras cosas, fue paulatinamente invisibilizado porque iba a contramano de las ideas y discursos de moda de finales del siglo XX. Pero también, por su propia incapacidad para construir una alternativa posible en el marco de un profundo cambio local acorde con las condiciones reinantes del capitalismo cuyas líneas gruesas escapan a nuestro control.

Así, «el menemismo» (con sus profundas y nefastas consecuencias) fue un hecho real, surgido en el seno del peronismo y no un desembarco desembozado del enemigo o un golpe de mano de un grupo de mafiosos, por lo cual, resulta también imprescindible superar la lógica de lealtad-traición para entender qué fue aquello y actuar conforme al nuevo escenario que se abrió en el país a partir de 2003.

Mientras el pensamiento nacional parecía desvanecerse, la crítica al menemismo de los llamados sectores progresistas no abordó la centralidad de la cuestión nacional —la creación un interés colectivo común— y retomó en sus argumentos, visiones pueriles sobre un Estado neutral y mediador de conflictos, cuando en realidad el Estado real, el que opera, resulta de la imposición de los dueños del poder, que en Argentina sirven y se identifican con el proyecto imperial. Por eso, este gobierno es una anomalía en el rumbo inercial.

La recuperación de las viejas empresas estatales nos asoma a escenarios diferentes: es imposible revivir aquella forma morosa de gestión (propicia para el saqueo) cuando han cambiado radicalmente las condiciones de mercado, la competencia, las demandas de los consumidores, la tercerización de tareas, la existencia de sindicatos con intereses no limitados a la esfera de la defensa del salario y las condiciones laborales, entre otros factores.

Es esta una etapa de suma complejidad: múltiples sectores sociales y económicos pujan en sentido contrario, pero a la vez, buscan consensos o pretenden imponerlos. Eso representa un obstáculo para la constitución de una voluntad nacional y popular porque todos buscan satisfacer de inmediato intereses sectoriales que difícilmente cristalizan en unidad política en función de un fin superior compartido, lo que reafirma la necesidad de la autoridad política, reconfigurar el Estado y apuntar a la gestión.

Seremos Estado cuando el conjunto de normas, leyes e instituciones de gobierno configuren un tipo de relación social caracterizado por la disminución de las desigualdades sociales y económicas, ello anclado en valores solidarios, en el consenso de distintas minorías, y no en ese individualismo exacerbado del sálvese quien pueda pero tampoco en una homogeneidad propia de un pasado cerrado.

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