Por memoriaviva.net .-
Galvarino Sergio Apablaza Guerra, más conocido en la lucha antidictatorial chilena y en la liberación de Nicaragua como el “Comandante Salvador,” está preso en Buenos Aires desde el 29 de noviembre pasado. En esos mismos días se presentó en Santiago de Chile un informe sobre las torturas sufridas por casi 35 mil chilenos que sobrevivieron la dictadura pinochetista y que se animaron a relatar su testimonio, aunque muchos otros no pudieron, no quisieron o no se atrevieron.
Ahora aguarda la fecha del juicio oral que se concretará pronto ante el juez federal Claudio Bonadío por un pedido de extradición de la justicia chilena. Sin embargo, este proceso no es imprescindible para otorgarle el refugio político, una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo argentino, que ya cuenta con elementos de sobra para dar un dictamen favorable e impedir que continúe injustamente encarcelado, apartado de su esposa y sus tres hijos argentinos de 3 y 10 años.
Las acusaciones en su contra son por hechos ocurridos en 1990 y 1991, primeros años posteriores a la salida de Augusto Pinochet de la Moneda. Lo sindican como el “autor intelectual” del atentado contra Jaime Guzmán, una suerte de López Rega trasandino que fundó las brigadas paramilitares de la dictadura que derrocó en 1973 a Salvador Allende y que luego oficiara como autor de los discursos del dictador.
También fue el ideólogo y tutor de los “chicago boys” que luego dieran origen a la neopinochetista UDI (Unión Demócrata Independiente) como proyecto estratégico de la derecha para dar continuidad a la “obra” del dictador. Guzmán realizó el proceso de adoctrinamiento de estos cuadros neofascistas en la Colonia Dignidad, del tristemente célebre Paul Shaefer, alemán nazi torturador y violador.
Guzmán fue el principal arquitecto jurídico de la constitución de 1980, una carta magna amañada a los intereses económicos y militares que aún hoy sigue vigente y que impone entre otras aberraciones: un super poder constituido por el Consejo Nacional de Seguridad, compuesto por los 4 comandantes en jefe, más el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema y el presidente del Senado.
La “Carta Magna” también incluye a los tribunales militares para casos políticos y la Ley Binominal, una norma que diabólicamente esta diseñada para excluir a la izquierda para que nunca más pueda volver a tener una experiencia como la de la Unidad Popular.
Además de las imputaciones intelectuales por la muerte de Guzmán, los tribunales chilenos acusan a Galvarino Apablaza del mismo modo por el secuestro del empresario periodístico Cristian Edwards. A pesar de que tuvieron que recurrir a la “autoría intelectual” por la falta de pruebas, la derecha chilena utiliza el caso para hablar de hechos ocurridos en “democracia”.
Pero lo cierto es que la primera mitad de la década del 90 no sólo significó la continuación de los planes dictatoriales en materia económica y política sino una etapa donde el arco conservador chileno, acostumbrado a casi dos décadas de férrea dictadura, buscó consolidar el modelo que se cobró la vida de miles de chilenos a fuerza de secuestros, fusilamientos, torturas y vejámenes.
Sus consecuencias no se conocen por completo y aún no han sido esclarecidas en su totalidad. En esos años ningún miembro del aparato dictatorial tenía planes de asumir culpabilidades, ni de afrontar informes sobre torturas ni mucho menos en contar cómo tiraban detenidos políticos al mar. La esperanza por los cambios institucionales fundamentales para sostener un estado de derecho, se disolvió cuando “la transición” mantuvo los tribunales militares para el enjuiciamiento de causas políticas, siguió adelante con la persecución de luchadores sociales y mantiene la impúdica impunidad a los principales genocidas.
Hasta el día de hoy se sigue hablando de excesos individuales y no hay un reconocimiento claro sobre la responsabilidad institucional del terrorismo de estado.
Sin duda las Fuerzas Armadas de la actualidad se consideran diferentes a sus antecesores de la época pinochetista, pero cuando aseguran en su mea culpa “nunca más”, no queda claro si se refieren a que no volverán a atentar nunca más contra su propio pueblo, o que el pueblo chileno nunca más debe intentar forjar un gobierno como el de la Unidad Popular.
La perpetua lucha por los derechos avasallados
Desde septiembre de 1973 no hubo un día sin presos políticos en las cárceles chilenas: actualmente más de una decena de chilenos esta preso por luchar por sus derechos conculcados, con especial ensañamiento en la persecución con el Pueblo Mapuche durante el último período. Aún se mantienen juicios abiertos desde la época de la dictadura, lo que obliga a centenares de luchadores sociales a vivir en la clandestinidad. En plena etapa de los gobiernos democráticos existe el exilio forzado. Esa es la actual situación de los presos políticos a quienes conmutaron su pena por un exilio de más de 25 años.
Todos los presos que cumplieron las aberrantes condenas, están condenados de por vida a no ejercer sus derechos ciudadanos, sin poder elegir ni ser elegidos ni siquiera para el Centro de padres y apoderados de la escuela a donde concurren sus hijos.
Perseguido político
A la luz de todos estos hechos, la detención en Buenos Aires de “Salvador” es, en definitiva, por haber sido un activo militante antidictatorial chileno que pasó por varios centros clandestinos de detención en Chile y quien ante su negativa de dejar el país, fue expulsado en 1975.
A raíz de la persecución desatada en su contra durante 30 años, Galvarino Apablaza vivió en la clandestinidad desde esa fecha y ni siquiera pudo aportar su testimonio en el Informe sobre la Tortura que fue publicado en Santiago, poco antes de que cayera preso tras una investigación plagada de irregularidades.
Tan objetables fueron los procedimientos de su detención, que en Chile provocaron la destitución del jefe de la operación “porque nunca informó al gobierno constitucional sobre la marcha de las pesquizas”.
Tras su expulsión de Chile, Salvador continuó su lucha antidictatorial. Toma la opción junto a muchos de sus compatriotas de prepararse política y militarmente para recuperar la democracia usurpada. En ese contexto es que comanda el contingente de combatientes internacionalistas en el Frente Sur de Nicaragua y contribuyó a la formación del Ejercito Sandinista y a la lucha contra los contrarrevolucionarios. Luego ingresa clandestinamente a Chile en 1984 a fortalecer la lucha contra Pinochet en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, principal organización armada antidictatorial, creada en 1983, y en la cual cumplió responsabilidades de conducción en su Dirección Nacional.
Por el refugio Ahora
El Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de Salvador considera que Argentina puede y debe darle el refugio para no dejarlo a merced de una justicia parcial y de las crecientes operaciones políticas y mediáticas por instaurar en Chile la teoría de los dos demonios; tras los mea culpas militares y ante el descrédito de las fuerzas armadas chilenas y sus aliados civiles por el genocidio. Ahora enfrentan a miles de testimonios de torturas y han hecho todo lo posible para que nadie se pregunte dónde están los torturadores y por qué no están presos.
La derecha chilena, poco acostumbrada al juego democrático y con varios de sus referentes investigados por pedofilia, opera ahora con esta teoría para evitar un descrédito que los socava lenta pero inexorablemente. Luchamos para que el gobierno y la justicia de Argentina consagren los derechos de Apablaza Guerra otorgándole refugio y negando la extradición.
Nos oponemos a la extradición para este ciudadano chileno que ha sufrido 30 años de persecución viviendo en la clandestinidad. Ahora que el Estado chileno está comenzando a reconocer los crímenes cometidos durante la dictadura pinochetista y se revelan las tramas criminales y económicas de su aparato represivo, todos debemos poner nuestro granito de arena para que se haga justicia y para que una mentira como la teoría de los dos demonios no sea una interpretación de la durísima historia del pueblo de Chile.
Así lo piden también Estela Carlotto, Hebe de Bonafide, Nora Cortiñas, Adolfo Peréz Esquivel, Martín Almada, Osvaldo Bayer, Silvio Rodríguez, Patricio Manns, Pepe Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro, Tómas Moulian, Guillermo Tellier, Araceli Mendez, Miguel Bonasso, Heinz Dieterich, y decenas de miles de adhesiones que se entregan a CEPARE y que continúan aumentando día a día.
