Van casi seis meses desde el inicio de la administración libertaria y aún no cuenta con las leyes necesarias que respalden la ambición refundacionalista de su presidente. Aunque se espera que la Ley Bases y la Reforma Fiscal sean finalmente aprobadas, no lo serán sin el engorroso proceso previo de negociar cambios importantes y enviar los proyectos modificados a diputados a que sean votados nuevamente.
El “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI) incluido dentro de la Ley Bases otorga incentivos de distinto tipo, seguridad jurídica y estabilidad a 30 años a proyectos de inversión de un monto mínimo de u$200 millones. Esa es una de las principales causas por las que el dictamen en el senado se demora más de la cuenta.
Las críticas surgen, paradójicamente, en un clima de consenso generalizado entre políticos, empresarios, e industriales sobre la necesidad de generar condiciones favorables que promuevan las inversiones y contrarresten las desventajas de invertir en Argentina en comparación con otros países (por su carga tributaria, controles cambiarios, incertidumbre política, etc.).
De ese consenso participan libertarios, radicales y sectores del peronismo, principalmente los identificados con las banderas del desarrollismo. Es que la inversión extranjera aportaría el capital necesario para el desarrollo de sectores intensivos en recursos naturales (hidrocarburos y minerales, entre los principales), lo que llevaría a dar un “salto exportador” y, de paso, a acabar con ese mal crónico de la Argentina llamado: “restricción externa”.
«Hoy resuenan voces similares. Hay quienes aún piensan
que las insensateces políticas y económicas de las últimas
décadas se pueden resolver, otra vez, con nuevos excesos.»
Sucede que, al mismo tiempo, existe otro consenso en torno al RIGI y a algunos de sus artículos específicos: los extensísimos beneficios tributarios, impositivos y aduaneros, entre los que se encuentran la reducción de la alícuota de ganancias, la exención de derechos de exportación, el acceso diferencial al mercado de cambios y eliminación de requisitos para liquidar divisas transcurridos tres años, aranceles cero para la importación de maquinarias e insumos y eliminación de requisitos de compre nacional, todo por 30 años, lo convertirían en un régimen excesivamente generoso. Un régimen que, además, destaca por la ausencia de incentivos –y por la presencia de desincentivos— para la participación de proveedores nacionales y la promoción de cadenas de valor local.
¿Cuál es el espíritu detrás la promoción de este régimen? ¿por qué Argentina es capaz de producir este exceso?
Argentina frente a su estigma
En los años noventa, había que subirse a la ola de globalización en curso. Para lograrlo, se necesitaba dar un volantazo pro-mercado y llamar a las inversiones extranjeras directas. La competencia entre países por atraerlas llevó a muchos gobiernos a ofrecer incentivos fiscales y regulaciones más laxas para volver sus mercados más atractivos. En Argentina, el marco jurídico dispuesto para eso era robusto y muy generoso: incluía las leyes de emergencia económica y de reforma del Estado, decreto de desregulación, leyes de promoción de las inversiones mineras, entre otras.
No vastó con la benevolencia de este marco jurídico que ya prometía el desembarco de inversiones y se optó también por incurrir en la firma de 58 tratados bilaterales de inversión (TBI). No todos los países los utilizaron, y las inversiones en la región sucedieron igual. Instrumentos predilectos para atraer inversiones extranjeras en el contexto de privatización masiva de empresas públicas, estos tratados proporcionaban un entorno de mayor seguridad y predictibilidad jurídica para las inversiones en países considerados no confiables, garantizando mecanismos de resolución de controversias muy favorables al inversor. El destino inexorable de muchos de ellos fue el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
«Un régimen que, además, colisiona con marcos regulatorios provinciales y que augura una gran litigiosidad futura en caso de que las rentabilidades se vean afectadas por circunstancias que hasta exceden la propia responsabilidad política.»
Más allá del caso concreto, es interesante subrayar la lógica detrás de su implementación: había que otorgar concesiones excesivas, sino las inversiones no vendrían. Argentina, que en su haber contaba con una muy reciente y severa crisis económica, con alta inflación y deuda pública masiva, necesitaba demostrar, a través de los excesos, que era un país confiable. Su dirigencia así lo creía. Luego, una crisis y un cambio de régimen político hicieron estallar el orden anterior.
Hoy resuenan voces similares. Hay quienes aún piensan que las insensateces políticas y económicas de las últimas décadas se pueden resolver, otra vez, con nuevos excesos. No consideran que el éxito de este tipo de regímenes estará dado más por su viabilidad política que por su concesión sin límites. Por la certeza de que, como señala un colega, no venga otro gobierno en 2027 y sancione una ley anti-bases. Quienes se oponen hoy, son los posibles gobernantes de mañana y fueron los gobernantes de ayer, cuando se discutía sobre nacionalizaciones, patria y soberanía. Es el péndulo de la política argentina, moviéndose entre excesos opuestos. Devolver confiabilidad al país de la no confianza no requiere de beneficios excesivos sino de la certeza de que las fuerzas políticas mayoritarias comparten una visión similar respecto al rumbo a seguir.
Sobre ser o no ser África
Figuras relevantes de la política y la economía argentina que participan de ese consenso sobre la necesidad de ofrecer incentivos a las inversiones difieren significativamente respecto del RIGI. Algunos temen llegar a ser, RIGI mediante, economías de enclave al estilo de Nigeria y Angola. Otros temen ser Mozambique en las condiciones actuales ya que, dicen, Argentina también pone restricciones al giro de utilidades al exterior. Y por eso la necesidad del RIGI. El consenso parece agotarse en lo problemático de parecerse a África.
Porque el RIGI no es solo una cuestión de excesos, sino también de concepción. Va más allá de dilucidar si se trata de un régimen igual o más beneficioso, con igual o mayores concesiones que otros regímenes o leyes de naturaleza similar que rigen actualmente. La discusión no es solo instrumental, y lo que queda muchas veces sin responder es la pregunta por el sentido estratégico detrás de las inversiones que se estarán favoreciendo, la manera en que los actores productivos locales interactuarán con ellas y los sectores que se estarán potenciando. Si, por ejemplo, en un contexto internacional de transformación de la matriz energética, da lo mismo alentar los hidrocarburos convencionales que los no convencionales, que el litio, el cobre o que la industria forestal. O en qué medida y en qué aspectos es conveniente y en cuáles no recortar márgenes de autonomía política y económica.
Al respecto, cuesta sostener la viabilidad política de un régimen tan rígido (como fue caracterizado por un ex funcionario), que cuenta con un esquema impositivo inmutable a la volatilidad de los precios internacionales y aislado de su contexto, cuan cápsula en la que el tiempo se detiene ¡por 30 años! y en la que el devenir de la vida social, política y económica transcurre sin afectarlo. Un régimen que, además, colisiona con marcos regulatorios provinciales y que augura una gran litigiosidad futura en caso de que las rentabilidades se vean afectadas por circunstancias que hasta exceden la propia responsabilidad política.
Inaugurar una época pasada
El actual escenario no es de retirada de los Estados. La pandemia, las guerras y la crisis climática son rasgos del sistema internacional que reponen la preocupación por las cadenas de suministro globales y la seguridad en el abastecimiento energético. Todo conduce a una política activa por parte de muchos países para asegurarse el acceso a insumos críticos como los minerales y metales necesarios para las tecnologías de energía renovable. También a un enfoque de diversificación de las fuentes de suministro y establecimiento de alianzas estratégicas para reducir la dependencia de un solo país o región. El comercio internacional parece constituir el ámbito por excelencia en el que los Estados fuertes, sedes de importantes empresas, juegan su pulseada y dirimen conflictos de carácter geopolítico, tal como lo demuestra la decisión del gobierno norteamericano de aumentar aranceles a autos eléctricos y semiconductores de origen chino y la batería de medidas adoptadas en materia de política industrial y comercial.
Argentina se repiensa a sí misma. Corresponde a su dirigencia trascender las necesidades más urgentes de los gobernantes nacionales y provinciales por las divisas, y hacer del país algo más que un destino para las inversiones que incurren en excesos sólo para resultar atractivo.
