La crisis bancaria se está extendiendo a Alemania y Suiza. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña ya practicaron salvatajes estatales, pero ahora está tambaleando la Unión de Bancos Suizos. La Reserva Federal rescató a la aseguradora AIG en una inesperada maniobra estatista. ¿Qué herramientas tiene el Estado argentino para defenderse del terremoto del sistema capitalista internacional?
La crisis bancaria en el hemisterio norte ha dejado de ser un problema financiero con efecto dominó para derramarse en toda la economía mundial con dos efectos principales: mayor concentración y menor crecimiento.
Los países organizados según el evangelio neoliberal son más vulnerables al terremoto porque dependen de los flujos financieros internacionales, como se vio aquí durante el crack asiático y sus consecuencias.
Frente a ello, aparece naturalmente la cuestión de las herramientas que tiene el Estado argentino para operar en defensa de la producción nacional en un contexto de equidad distributiva.
Y no es novedad su desmantelamiento.
El Estado como síntesis de la relación de fuerzas sociales
“No se reconstruye el Estado para ver luego qué se hace con ello: la reconstrucción se va definiendo en la lucha política por la apropiación de ese Estado, que consiste en determinar qué visión de país se impone sobre todas las visiones existentes”. Palabras más o menos, y entrevistado por Pedro Brieger en Canal 7, eso afirmó el ministro de Asuntos Estratégicos de Brasil, Roberto Mangabeira Unger.
El choque con “el campo” puso en evidencia que el arrasado Estado argentino no cuenta con herramientas adecuadas para una mejor distribución de la riqueza o para intervenir en la economía, lo que pone de manifiesto los límites conceptuales de las democracias de consenso. ¿Cómo acordar entre un modelo de país agropecuario para 15 millones de habitantes y una nación inclusiva para 45? ¿Partiendo las pérdidas por la mitad, reglamentando una sola comida obligatoria?
José Sbattella, ex-presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, sostuvo recientemente que el Estado podría intervenir en los mercados si tuviera la decisión de aplicar las leyes light (Defensa del Consumidor y de la Competencia) herencia del neoliberalismo.
Dijo también que, desaparecido el sector público, sólo nos queda un acotado poder de policía, el de los organismos recaudadores y entes reguladores, y mencionó al pensador Nikos Poulantzas para describir la lucha interna en el Estado concebido, según él, como la síntesis de la relación de fuerzas sociales en un momento dado.
Es reconfortante que reaparezca Poulantzas (conocido en América Latina por la revista cubana Pensamiento Crítico) luego de tanto Pablo Coelho y Lily Sullos. Pero no es fácil determinar cuál es y cómo se expresa la relación de fuerzas sociales en este Estado desmantelado.
El núcleo del pensamiento de Poulantzas es que, en el curso de desarrollo del Estado capitalista, éste adquiere cierta hegemonía autónoma, que no expresa literalmente la hegemonía de clase en la sociedad. Para mantener el orden social, ese Estado debe obtener consentimiento que se expresa en la elaboración de cierta ideología distinta de la ideología dominante en el seno de la sociedad.
Sea como fuere, y habida cuenta de cuántos protagonistas del reinado neoliberal siguen apareciendo por televisión y se hacen elegir al frente de las reparticiones y ministerios, debería concluirse que el éxito de la gestión K depende… de la confianza que se tenga sobre los K y algún otro llanero solitario.
Contra la crisis, intervención
Para reducir la vulnerabilidad al terremoto internacional, el Estado debe intervenir en la economía. La mayor parte de los contratos con los servicios públicos está en la nebulosa. La Carta Orgánica del BCRA (Ley 24.144), es de 1992. La Ley 21.526 de Entidades Financieras, de 1977 y la 21.453 de Granos, de 1976: ambas lucen las firmas de Videla y Martínez de Hoz. La Ley de Lealtad Comercial es de mayo de 1983, con Bignone y Wehbe. La 24.240 de Defensa del Consumidor es de 1993. La Ley 25.156 de Defensa de la Competencia, de 1999.
Con todo eso, parecería lógico que Guillermo Moreno se enfrente a los grupos económicos a base de cachetazos.
Dando por cierto que las leyes no tienen la cualidad mágica de cambiar la realidad por sí mismas, también es verdad que las decisiones políticas deben tener sustento basado en las herramientas con que cuenta el Estado. Así, durante el conflicto con “el campo”, no fue el inexistente PO quien alertó en el Congreso que el Estado estaba siendo estafado por las exportadoras multinacionales durante la aplicación de las retenciones móviles sino el diputado neoliberal y rancio gorila Rafael Martínez Raymonda, del elenco estable del poder tradicional, segundo en la fórmula que encabezaba el capitán Manrique en 1973, embajador en Italia durante el Proceso, y director de Yaciretá designado por la Alianza.
Y la verdad es que su objeción era pertinente, para vergüenza del Frente para la Victoria, porque la ley de Granos firmada por Martínez de Hoz habilitaba el libre registro de las exportadoras por cosechas futuras que ni siquiera habían comprado.
El Estado anémico
Sbattella también marcó que, a pesar de su pomposa denominación, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es un organismo vacío, casi sin empleados ni misiones y funciones específicas. Algo que se repite en otros (en la mayoría de los) entes de control. Y eso, a pesar de las reiteradas manifestaciones públicas de Néstor Kirchner apuntando en contrario. El control estatal sobre empresas privadas no puede seguir un modelo que las ahogue, pero de eso a la extrema laxitud y tolerancia que permitieron a Marsans llevar a Aerolíneas Argentinas a la quiebra, hay un buen trecho.
Refiriéndose al sistema ferroviario, los periodistas Cufré y Candelaresi (Página 12) informaron que, respecto de las dos empresas públicas creadas recientemente (Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado y Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado) “en ambas, sólo se designó a sus presidentes y a un pequeño cuerpo de colaboradores, pero en la práctica no están en funcionamiento”. El criterio de selección es que el interesado particularmente en un área será más eficaz que otro cuyo beneficio se reduce a ostentar la designación como un título honorífico o protocolar. Queda fuera la idea de poner al frente a un patriota.
El caso del Banco Central, y la importancia que tiene en el manejo del tipo de cambio, piedra angular del modelo económico, es otro.
El artículo 1º de su Carta Orgánica expresa que “es una entidad autárquica del Estado Nacional”: no queda claro si lo es respecto del Estado ni si la autarquía es funcional o decisional. Luego se aclara: su rol, según el artículo 3º, es “preservar el valor de la moneda” advirtiendo que “en la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional”.
En otros términos, autarquía respecto del Gobierno pero no del poder financiero internacional.
¿Cómo se preserva el valor del dinero?
De acuerdo a la religión neoliberal, el valor de la moneda está determinado por el monto de las reservas en divisas y metales preciosos que atesore el Banco.
Pura cháchara.
El anecdotario gorila relata que Perón se lastimó al tropezar con una estiba de barras de oro en los sótanos del Banco Central, y que el tesoro estaba vacío luego de que el tirano lo dilapidara con las chicas de las UES. En realidad, en esa época de oferta y demanda crecientes, el valor del peso nacional estaba en la misma riqueza repartida en la sociedad, en la actividad plena de todos los factores de la producción.
Ese valor no está determinado por las reservas sino por la productividad media de una economía nacional.
Invirtiendo el rumbo del barco, pero para echarlo a pique, el valor del dinero argentino en los ‘90 estaba determinado por la productividad de la economía norteamericana. Y las reservas, además, no eran genuinas, no provenían de las transacciones con el exterior sino de préstamos financieros.
Desde que en 1972, el presidente Richard Nixon declaró inconvertible al dólar, no existen reservas en la FED que respalden los billetes norteamericanos que vuelan por el mundo entero.
Si nos atenemos a la ley, las divisas del Banco Central no podrían usarse para pagar al FMI, como se hizo, o al Club de París, como se hará. Lo cual significa que el Gobierno Nacional adeuda al Banco Central esos montos restados de las reservas, de “libre disponibilidad” cuando no están respaldando masa monetaria en circulación.
O todo se resuelve con un asiento contable, o el gobierno deberá pedir prestado al exterior para saldar la cuenta del BCRA. Desde septiembre de 2005 a la fecha la Argentina tomó nueva deuda externa por casi 25 mil millones de dólares.
Tampoco pueden usarse las reservas para reconstruir el sistema ferroviario, crear líneas de crédito para la actividad productiva o terminar con la indigencia.
Si se volcaran al consumo, sería una hecatombe inflacionaria porque, la combinación de grupos concentrados e inelasticidad de oferta significaría una brutal distribución de ingresos a favor de esos grupos.
Sin embargo, es correcto, en un contexto donde dominan el mundo los amigos de Domingo Cavallo y no los de Aldo Ferrer, que la masa de dinero en circulación esté respaldada por una cifra equivalente en divisas fuertes. Eso impide las corridas contra el peso, aunque ideológicamente sea conservador.
Riesgo país
La crisis financiera en Estados Unidos, madre de todas las crisis y que explotó en el centro luego de haber sido exportada a los “emergentes”, puede repercutir en el país porque la mayor parte de las reservas están nominadas en dólares. Por ahora el dólar se está revaluando, pero la situación es cambiante.
A fin de bordear los vaivenes del dólar, Argentina y Brasil han decidido comerciar en sus propias monedas. Una buena noticia que también preanuncia mayor desnacionalización de empresas argentinas a favor del gigante paulista, un proceso que estará más allá de la voluntad de sus líderes. Visto desde acá, es un modo de escudarse detrás del que pega las piñas.
La productividad media capaz de sostener el valor genuino de la moneda está limitada por una abundante producción primaria sin gran valor agregado. El éxito de la gestión de la era K en lo económico significó haber usado las armas y la propia concepción de la revolución conservadora para crear un nuevo escenario, pero con los ojos puestos más en el futuro que en las efectividades conducentes del presente. La contienda con los campesinos de la Sociedad Rural demostró cuáles son sus límites.
Si, como afirmó Sbattella, el Estado expresa la relación de fuerzas sociales en un momento dado, y este Estado está organizado para ser funcional a los intereses privados multinacionales, se desprende por qué se necesita organización popular para cambiar esa relación.
Nada de quemar todo para empezar de nuevo.
