Representantes de los padres cuestionan la política educativa de Macri

Fragmentos de la carta de los Delegados Representantes de las Cooperadoras Escolares de la Ciudad para que se conozca la situación de las escuelas y las cooperadoras en la gestión de Mauricio Macri.

Los padres de alumnos están preocupados por los indicadores que marcan un retroceso en las condiciones institucionales de participación ciudadana en la Educación Pública de la Ciudad. (…)

El primer paso hacia el cambio se dio en diciembre de 2007, con la aprobación en la Legislatura de la Ley de Emergencia de la Infraestructura Edilicia de las Escuelas Públicas de la Ciudad (Ley 2.565). El proyecto fue presentado por el entonces legislador macrista Marcos Peña, hoy Secretario General del Gobierno porteño. El autor intelectual de la ley es el ministro de Educación Mariano Narodowski.

El segundo paso fue la reforma de la estructura del Ministerio de Educación, disponiendo la desaparición de la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares (DGCyCE), y su reemplazo por una Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas, que ni en el nombre, ni en las funciones y políticas implementadas, toma en debida consideración a las Asociaciones Cooperadoras, integradas por los padres de los alumnos de cada Escuela.

La Ley de Emergencia Edilicia anuló los subsidios de mantenimiento edilicio, y los especiales “CODICO” y “Decreto 863/2005”, que eran otorgados por el Gobierno de la Ciudad y administrados por la comunidad de padres, a través de las Cooperadoras Escolares, para solucionar problemáticas edilicias.

También concentró el manejo de ese dinero, unos 450 millones de pesos, en la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Educación, área que, por su ineficacia durante las sucesivas administraciones, generó la mayor parte del problema que se pretende resolver ahora. Que quede claro, entonces, que si hay Emergencia Edilicia, no es por la pequeña porción del presupuesto educativo que administraban las Cooperadoras Escolares.

El argumento central para justificar la sanción de esa la Ley 2.565, de Emergencia de la Infraestructura Escolar, fue el estado de emergencia del 65 por ciento de los edificios de las Escuelas porteñas. Es decir que, en teoría, de unos 740 inmuebles serían 480 los que están en situación de riesgo.

Además, esa Ley amplió los montos para las contrataciones de obras en forma directa y facilitó el camino para las licitaciones o concursos de precios privados. Eso se llama manejo discrecional del presupuesto educativo.

Con una disponibilidad de fondos de 450 millones de pesos y ante una situación de emergencia declarada por ley, el Gobierno de la Ciudad solamente tuvo capacidad operativa para pintar tres (sí, solamente 3) escuelas en tres (3) meses de gestión.

Pero las dudas no terminan aquí. Como se anularon los subsidios que se destinaban al mantenimiento edilicio, las tareas de reparaciones menores, vidriería, cerrajería, limpieza de tanques, recarga de matafuegos, iluminación, mantenimiento de ascensores para discapacitados, que tradicionalmente estuvieron a cargo de las Cooperadoras Escolares, ahora deben ser gestionadas por los Directores de las Escuelas a través de un “Call Center” del área de Infraestructura. Este se encuentra colapsado, no tiene capacidad de respuesta y, en algunos casos informan demoras de hasta tres (3) meses para atender tareas de verdadera emergencia.

Como reconocimiento a esta situación de desborde e incapacidad de reacción, el Ministro de Educación ha decidido entregar un denominado “fondo rotatorio” a los Directores de las escuelas para que sean ellos quienes se responsabilicen por el mantenimiento edilicio, en lo que hace a urgencias, distrayéndolos de su principal misión docente. Un paso hacia la figura del “administrador de la escuela”.

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