Por Causa Popular.- Una de las medidas que le permitieron al gobierno de Carlos Menem acumular el poder necesario para llevar adelante las reformas neoliberales en Argentina, fue la concesión a capitales privados de las frecuencias de radio y televisión, hasta 1990 administradas por el Estado. En el 2005 vencieron estas concesiones, y no fueron pocos quienes pensaron que el fuerte discurso del presidente Kirchner contra la década del ’90 iba a traer algunos cambios en su pilar comunicacional. El viernes 20 de mayo, sin embargo, en forma sorpresiva y sin discusión mediante, el gobierno nacional sancionó el decreto 527/05 que establece la suspensión del plazo de licencias por 10 años. Las corporaciones mediáticas presionaron y el gobierno cedió sin mucha resistencia. En concreto: Hadad retendrá el Canal 9 hasta el 2019, Clarín hará lo propio con el 13 hasta el 2025, Telefé (Canal 11) seguirá en manos de Telefónica hasta el 2025, mientras que Manzano, Vila y Ávila concentraran América (2) hasta el 2002. Alcanza con leer las tapas de los principales diarios y ver los noticieros televisivos para encontrar los beneficios políticos de tal decisión.
En una nota publicada en este mismo medio el 13 de agosto de 2004, Causa Popular adelantaba la posibilidad de que las licencias fueran renovadas por el Poder Ejecutivo: “Este año vencen las licencias para transmitir, adquiridas en aquellos tiempos. Pero la renovación no presentará muchas dificultades. Los cuatro canales de aire privados que operan en el Gran Buenos Aires utilizaron diversos ardides para poder renovarlas, hasta que finalmente el mismo interventor del Comfer, Julio Bárbaro, declaró que la continuidad está garantizada. Todos conseguirán el permiso para transmitir otra década más.”
Pero en agosto de 2004 aún no se podía prever que la medida no se iba a reducir solamente a una renovación por 10 años «por única vez» al cumplirse el vencimiento del plazo inicial de 15 años.
Ahora fueron mucho más allá de lo que establece el artículo 41 de la ley 22.285, una norma promulgada durante la dictadura militar y hecha a medida de las empresas periodísticas que apoyaron el genocidio y que, además, se enriquericeron con la creación de Papel Prensa S.A., el holding papelero administrado inicialmente por La Prensa, La Nación, Clarín y el Estado Nacional para la comercialización del papel para diario en todo el territorio nacional.
Tras el entuerto de Papel Prensa, la égida de la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla se encargó de la radiodifusión y creó la «22.285«, una norma que se propuso permitir la licitación de las frecuencias sólo a empresas privadas.
El único problema, en aquel entonces y hasta 1990, consistía en que la Ley tan aplaudida por las empresas radiofónicas tradicionales, no permitía a las empresas de la prensa escrita comprar frecuencias de radio y televisión.
Apenas iniciado el año 1983, y pocos días antes del fin de la dictadura, el gobierno de Reynaldo Bignone reprivatizó los canales 9 y 2. La democracia a fines de ese año, pero su ley de radiodifusión no cambió hasta 1989 y cuando lo hizo fue para peor.
Ese año Carlos Menem quitó la prohibición de compra de medios electrónicos a los principales diarios argentinos y así fueron entregados los canales de aire restantes. Sólo se necesitaron seis años de democracia para que el 22 de diciembre de 1989 en plena hiperinflación, le tocara el turno al 11 y al 13, que obtuvieron sus licencias a manos del entonces flamante presidente de los argentinos Carlos Saúl Menem.
Con la cesión comenzó el mayor proceso de concentración mediática de la Argentina. 15 años después, la medida de Néstor Kirchner, tomada 5 días antes de cumplir 2 años en el gobierno, terminó de consolidar una larga trama de irregularidades, complicidades y favores con las empresas mediáticas, concentradoras de una enorme capacidad de veto en las reiteradas crisis que atravesó el país.
En el decreto firmado por el Presidente junto a Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Alicia Kirchner, Ginés González García, Roberto Lavagna, José Pampuro, Carlos Tomada, Daniel Filmus, y Horacio Rosatti, “se advierte la imperiosa necesidad de proceder a la suspensión por un plazo de DIEZ (10) años de los términos que estuvieren transcurriendo de las licencias de servicios de radiodifusión o sus prórrogas previstos en el artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y sus modificatorias (…)”.
Con la “suspensión” de la prorroga por única vez que permite la ley, los canales privados podrán, luego de transcurridos estos 10 años, volver a pedir la prorroga, lo que significa 35 años de gracia para los mismos dueños de siempre.
Según las palabras del propio Kirchner, pronunciadas en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se desarrolló un acto con la presencia, entre otros, de los dueños de Canal 9 Daniel Hadad y Raúl Moneta, la renovación de las licencias por 10 años se produjo en base a que «queremos empresarios nacionales en todas las áreas y queremos que los medios estén en manos de empresarios nacionales«.
Es muy probable que los más sorprendidos por estas declaraciones hayan sido los directivos de Canal 11, propiedad de Telefónica de España, quienes gracias al decreto podrán usufructuar la frecuencia del canal hasta el año 2025.
En la actualidad, cuatro grupos económicos tienen concesionadas las cuatro frecuencias.
Telefónica dueña de Telefé (Canal 11), fue obligada a desprenderse de Canal 9, adquirido por Daniel Hadad.
Por otro lado América TV (Canal 2) se encuentra en manos del Grupo Ávila Inversora -propiedad de Carlos Ávila-, y de la sociedad Vila/Manzano mientras que el Multimedios Clarín -propiedad de Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magneto, Lucio Pagliaro y José Aranda- hacen usufructo de la frecuencia correspondiente a Canal 13.
El turno de Kirchner
Mientras el artículo 45 de Ley de facto de radiodifusión prohíbe a las organizaciones sin fines de lucro acceder a una licencia de una frecuencia, el presidente benefició por decreto y sin aviso alguno a los grandes grupos que controlan la comunicación y la información en la Argentina.
Para el Presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) “el Decreto 527 es una capitulación”.
Según Néstor Busso “los grandes grupos económicos que controlan la comunicación y la información en nuestro país tienen 10 años más para imponer su discurso único y su modelo de concentración de la riqueza. No hay cambio posible en el país mientras unos pocos controlan la información. No hay democracia posible mientras las mayorías están silenciadas”.
Las frecuencias radioeléctricas fueron declaradas patrimonio común de la humanidad por resolución de las Naciones Unidas.
Como tal, es propiedad y obligación del Estado Nacional administrarlas o adjudicarlas por quienes ofrezcan un mejor servicio.
De esto han quedado excluidos, hasta ahora, todos los proyectos cooperativos, comunitarios y de carácter social para el desarrollo de emisoras de radio y televisión.
El presidente de FARCO concluye: “Tuvimos esperanzas de que las cosas fueran diferentes. Alentamos expectativas favorables cuando el Presidente se enfrentó a las presiones de la SIP -Sociedad Interamericana de Empresas, conformada por las cámaras empresarias de América-, sin embargo este Decreto muestra al Poder del Estado sometido a la presión y subordinado a los intereses de las grandes corporaciones y sus voceros.”
Desde 1983 fueron miles los que impulsaron una dura pelea contra las inequidades de la Ley Federal de Radiodifusión. Generaron debates, se movilizaron, se organizaron y a finales de los 80 dieron a luz uno de los procesos de democratización comunicacional más importante de América Latina, tras la creciente instalación de emisoras comunitarias en distintos puntos del país.
El menemismo y el proceso de acumulación mediática los fue borrando lentamente del mapa. Pasaron 15 años de aquél proceso y el Gobierno Nacional le dio una nueva vuelta de tuerca, pero para peor.
