«En la Provincia de Buenos Aires, las condiciones son terribles, inhumanas y medievales». Corría octubre del año pasado cuando el norteamericano James Cavalaro, titular de la Relatoría sobre derechos de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, definió así, corto y contundente, la impresión que se había formado luego de una recorrida por varias cárceles y comisarías bonaerenses. El hombre de la CIDH no se refería solamente a las condiciones edilicias de los centros de detención provinciales, sino también a las prácticas a las que estaban sometidos los presos: torturas, agresiones físicas y psíquicas, hacinamiento, condiciones inhumanas de detención, mala alimentación y precaria –cuando no inexistente – asistencia médica.
Anclada en el momento de su visita, la valoración de Cavalaro puede verse como una foto, pero es apenas una escena recortada de una película de larga duración que viene desarrollándose desde hace décadas, con una trama cada día más siniestra.
Un hacinamiento imparable
Algunas cifras pueden ayudar a mostrar el panorama. Según datos del Informe de 2017 de la Comisión Provincial por la Memoria, la población encarcelada en la Argentina viene aumentando en forma sostenida, pero en la Provincia de Buenos Aires este crecimiento es monstruoso y supera largamente a los índices de crecimiento poblacional. Los porcentajes lo dejan claro: entre 1996 y 2015, el número de encarcelados en todo el país creció un 189%, en tanto que en Buenos Aires, entre 1996 y 2016, este aumento fue del 255%.
El resultado es que los presos no caben en las cárceles, pero los hacen caber poniendo en riesgo su salud, su seguridad y su vida. En diciembre de 2016 la población carcelaria de la Provincia ascendía a 38.681 personas, cuando la capacidad acumulada de todas las cárceles provinciales es, según datos oficiales, de 28.000 reclusos. La cuenta es fácil de hacer: sobran más de diez mil, que terminan durmiendo en los pisos de los pabellones, muchas veces sin siquiera un colchón.
En un sistema colapsado, las condiciones de detención no garantizan las mínimas condiciones para una vida digna, mientras que las denuncias por torturas y las muertes inexplicadas aumentan año tras año. Durante 2016, la CPM registró 16.403 hechos de agravamiento en las condiciones de detención padecidos por 3.054 víctimas en todo el sistema de encierro (adultos y jóvenes). Estos hechos, que constituyen torturas y malos tratos, se registraron a partir de 6.905 entrevistas realizadas a personas privadas de su libertad o a sus familiares. Fueron denunciados mediante 4.051 acciones judiciales urgentes, entre oficios y habeas corpus. De manera casi coincidente, el Registro Nacional de Casos de Tortura registró en el mismo período 3.105 casos de tortura.
En 2016 las muertes de personas encarceladas en la Provincia de Buenos Aires ascendieron a 156, 11 más que las registradas en 2015. “La cantidad de personas muertas en la cárcel bajo custodia del Estado se incrementó un 7,6% de un año a otro. El 71% de estas muertes se produjeron por desatención de la salud, lo que pone en la mira la crisis del sistema sanitario de las cárceles. En las cárceles de adultos, 2.820 de los agravamientos registrados por la CPM se vinculan con algún tipo de desatención de la salud, y es el tercer tipo más comunicado. Este registro, más lo relevado en las inspecciones a las unidades sanitarias penitenciarias, da cuenta de una situación de extrema gravedad”, señala el informe de la CPM.
1.357 personas se encuentran detenidas en espacios no habilitados, que no reúnen las mínimas condiciones para alojar personas. Para decirlo sin eufemismos, son cárceles ilegales.
El infierno en las comisarías
Otra de las consecuencias de la superpoblación de las cárceles bonaerenses es el alojamiento durante períodos prolongados de un número creciente de detenidos a las comisarías. Este fenómeno, sobre cuyos peligros advierten los organismos de derechos humanos y los especialistas en políticas carcelarias, venía reduciéndose en forma sostenida hasta diciembre de 2015, cuando se revirtió esa tendencia que venía registrándose desde hacía 7 años. Desde entonces, la población de detenidos o aprehendidos en las comisarías subió de manera sostenida. Ese año, según datos del CELS, se registraron 1836 sospechosos albergados en dependencias policiales. En 2016 se notificaron 2960 casos. Y el año pasado, 3100.
El crecimiento es exponencial y la situación de los detenidos empeora de la misma manera. El propio gobierno de la Provincia de Buenos Aires reconoce que la cantidad de personas detenidas en comisarías triplica las plazas existentes, es decir, la cantidad de camastros. En 1.054 camastros, que ni siquiera podrían contarse como “plazas” o “cupos” según estándares internacionalmente reconocidos, se alojan a escribirse estas líneas 3.321 personas.
De las 458 comisarías, solo 177 están habilitadas para alojar detenidos. Las restantes 281 fueron clausuradas por orden judicial o resolución de la propia administración. La Comisión Provincial por la Memoria denunció que, sin embargo, 112 de estas comisarías inhabilitadas alojan detenidos: el propio estado incumple las resoluciones judiciales o las propias. Esto implica que 1.357 personas (1.236 varones y 121 mujeres) se encuentran detenidas en espacios no habilitados, que no reúnen las mínimas condiciones para alojar personas. Para decirlo sin eufemismos, son cárceles ilegales. A todo esto debe agregarse que los policías no reciben la capacitación mínima para cumplir la función de guardiacárceles.
Según la denuncia, “no se trata solo de sobrepoblación y hacinamiento, sino de condiciones generales de detención infrahumanas: no hay espacios de esparcimiento, no tienen servicio de comida ni lugares para dormir, no tienen servicio de salud, de educación, lugar adecuado para la visita familiar ni higiene básica. No cuentan con luz natural y la luz artificial es insuficiente. No poseen ventilación adecuada. La infraestructura es deplorable y el trato es inhumano; estas condiciones promueven la violencia; se registran innumerables casos de torturas”.
Pergamino, un ejemplo trágico
Los resultados de esta situación se miden en muertos. La Masacre de Pergamino, ocurrida el 2 de marzo de 2017 –se cumplió un año la semana pasada – en la Comisaría Primera de esa ciudad, es una prueba fehaciente. Siete presos murieron asfixiados y sus cuerpos fueron devorados luego por las llamas, mientras que otros doce detenidos salvaron milagrosamente la vida en lo que es, hasta ahora, el hecho más cruento ocurrido en una comisaría en toda la historia de la Policía bonaerense a excepción de los crímenes y desapariciones perpetrados durante la última dictadura.
La tragedia se desató a partir de un castigo injustificado –por la pelea entre dos presos que la policía sabía que no debían estar juntos porque tenían cuentas pendientes – que recibieron los 19 detenidos que albergaba la comisaría. Se les impidió salir al patio común y se los dejó hacinados en sus celdas. En la celda 1 había siete detenidos, hacinados en un espacio que apenas les permitía moverse. Los presos reclamaron que los dejaran salir, sin recibir respuesta.
La investigación judicial de lo que sucedió después estableció que a pesar de que la discusión inicial había finalizado, el pedido pacífico de apertura de las celdas para poder acceder al patio común fue ignorado por los agentes. Luego de insistir y frente a la indiferencia policial, algunos detenidos encendieron unos pedazos de colchones de goma espuma para llamar la atención y lograr una respuesta.
Un informe elaborado por la CPM a partir de los testimonios de los sobrevivientes describe cómo se desarrollaron los hechos: “El fuego comenzó a acrecentarse, tomó las cortinas que tenía en sus puertas/rejas la celda 1 y generó la explosión de algunos aerosoles y el televisor. Luego, el fuego alcanzó los colchones que estaban dentro de la celda. Los siete jóvenes allí encerrados pedían a gritos ser socorridos, igual que el resto de los detenidos que gritaban a los policías para que apagaran el fuego. No consiguieron reacción alguna de los funcionarios policiales. Fueron entonces los mismos internos quienes intentaron ahogar el fuego sin poder lograrlo, ya que no contaban con agua en sus celdas. La llave de paso de agua de la celda se abría desde afuera, pero los agentes no lo hicieron”. Poco después, los siete detenidos en la celda 1 morían asfixiados, mientras los policías sacaban a los golpes a los presos del resto de las celdas. La causa tiene 6 imputados, uno de ellos prófugo: el propio comisario de la Primera, Alberto Sebastián Donza.
Se trató de un desastre anunciado. En marzo de 2016 –es decir, un año antes – los presos habían provocado un incendio similar, utilizando los colchones de goma espuma. Esa vez el fuego fue sofocado y la cosa no pasó a mayores. Un mes después se produjo otro incendio, con la misma fuente, en el que tampoco hubo víctimas. A pesar de estos antecedentes, nadie hizo nada para modificar la situación: las celdas de la Comisaría Primera de Pergamino seguían superpobladas a las seis de la tarde del 2 de marzo de 2017, cuando un nuevo incendio se cobró siete vidas.
Un año después, la situación en las comisarías bonaerenses no es la misma, sino peor. Lo mismo sucede en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense. Que ocurra una nueva tragedia sólo parece cuestión de tiempo.
Galería del horror
