Suele pensarse que los avances en una sociedad respecto de las libertades individuales y los derechos económicos y sociales difícilmente retrocedan. ¿Quién podría imponer, por ejemplo, que dejen de existir las vacaciones pagas? Es un razonamiento que parte de la base de que los países van construyendo pisos civilizatorios que funcionan como un escalón. Y que los nuevos debates se dan a partir de esa base. Es una visión optimista. Tiene una relativa lógica. Sin embargo, hay períodos en la historia que demuestran que nada puede darse por sentado, que hasta lo que podía parecer intocable puede ser destruido.
El Senado de la Nación demostró este miércoles 11 de febrero que los pisos civilizatorios pueden ser partidos en pedazos de la misma manera que un martillo demoledor remueve el asfalto de la calle. Quizás el presidente Javier Milei podría incorporar esa herramienta a su ya famosa motosierra.
Con 42 votos a favor y 30 en contra, la Cámara Alta le dio media sanción al proyecto de reforma laboral que la Casa Rosada venía impulsando desde diciembre de 2025. El bloque de La Libertad Avanza cuenta con 20 senadores, así que casi duplicó su caudal de base. Esos votos los aportaron los bloques de la UCR, el PRO y distintos senadores que responden directamente a los gobernadores de sus provincias, como Edith Terenzi (Chubut), Carlos Arce y Sonia Decut (Misiones), Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), Alejandra Vigo (Córdoba), Beatriz Ávila (Tucumán), Julieta Carroza (Neuquén) y Flavia Royón (Salta).
El debate duró 14 horas. La síntesis de los argumentos que recorrieron la sesión estuvo en los encargados de cerrarla. Patricia Bullrich, presidenta del bloque de LLA, parecía tener la alegría de quien está concretando una revancha. Quizás haya recordado a la una de la mañana, mientras exponía desde su banca vestida con saco rosa, la época en que fue ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa. Asumió el cargo luego de la renuncia de Alberto Flamarique, que había dejado el gobierno de la Alianza por el escándalo de la “Ley Banelco”, otra reforma laboral con varias coincidencias con la que ayer recibió media sanción.
Bullrich defendió la iniciativa sosteniendo que el peronismo gobernó “la mayor cantidad de años” desde la restauración democrática de 1983 y que tiene “mucha responsabilidad en la cantidad de empleo informal” que hay en Argentina. Con el mantra mileísta a flor de piel, culpó al “Estado y los impuestos” por las dificultades para la creación de empleo. Sostuvo que las leyes laborales vigentes son “obsoletas”. Sumó argumentos políticos y culturales. Dijo que en el país hay una cultura “antiempresa” y que la oposición no apoyaba la iniciativa porque quiere que “al país le vaya mal para volver al poder”.
Del lado peronista, la postura de síntesis la dio el formoseño José Mayans. Habló con su estilo campechano, que combina dardos certeros con chistes de ocasión. El jefe del interbloque sostuvo que el proyecto violaba la “Constitución Nacional”, en referencia al artículo 14 bis. Citó los distintos cuestionamientos que sindicalistas y empresarios habían hecho durante el tratamiento en las comisiones. El núcleo de su argumento fue que los problemas de creación de empleo no se explican por las normas laborales sino por la política económica del gobierno nacional. “No culpen a los trabajadores. El problema es el modelo económico de Milei”, remató.
Hubo otras intervenciones que se destacaron. El peronista Mariano Recalde, por su actividad de abogado laboralista, que es parte de su linaje familiar, hizo uno de los discursos que más resaltó. Desplegó una crítica encendida de toda la iniciativa. Pero puso el acento en el famoso Fondo de Adecuación Laboral (FAL, como el fusil), que creará un fondo para financiar parte de las indemnizaciones por despido. Los recursos saldrán de la Anses y serán administrados por el sistema financiero, que de este modo recupera algo similar al suculento negocio que perdió cuando se estatizaron las jubilaciones en el primer gobierno de Cristina Fernández. Recalde remarcó que cuando el peronismo “vuelva al gobierno” va a “meter presos a los que participen de este negociado escandaloso”.
Otro discurso que sobresalió, en este caso por lo bizarro, fue el del senador de LLA por Chaco, Juan Cruz Godoy. El joven de cara redonda y sonrisa de hiena sostuvo que un empleador “no tenía por qué hacerse cargo de una licencia por enfermedad” si el trabajador se accidentaba, por ejemplo, “jugando al handball”. Era su modo de defender uno de los artículos que muestra el rasgo medieval del proyecto de Milei. El ítem 44 modifica las licencias por enfermedad y accidentes. Sostiene que el empleado cobrará el 50% de su salario si el problema de salud es producto de una decisión “voluntaria” ajena al trabajo y el 75% en el resto de las ocasiones. Actualmente cobra el 100% en cualquier caso.
Un interrogante sobre cosas que pueden ocurrir: ¿qué pasa si un trabajador decide ir a su laburo en bicicleta porque el gasto en transporte público —que aumenta todos los meses— le quita demasiado de su sueldo? ¿Qué pasa si de repente se cae y tiene un esguince de tobillo? ¿Tendrá que ir a trabajar con la bota y el pie hinchado para no perder la mitad de su salario porque fue una decisión “voluntaria”?
El resto del proyecto aprobado tiene un sentido similar. Hay aumento de los períodos de prueba a 12 meses, reducción de los ítems que se pueden sumar para calcular la indemnización, creación del banco de horas para reemplazar el pago de horas extras y varios etcéteras que destruyen derechos que costaron décadas conquistar.
La pulseada
Hubo algunos puntos en los que el gobierno tuvo que ceder. Para lograr el respaldo de algunos gobernadores, quitó la reducción del impuesto a las ganancias para las grandes empresas, un tributo que se coparticipa de manera automática y que, si se reduce, golpeará todavía más las castigadas arcas provinciales. Estaba incluido en el proyecto siguiendo la estrategia que suele impulsar Federico Sturzenegger: meter todo lo posible por la ventana.
En el caso de los gremios, el proyecto final dejó la cuota solidaria del 2% para financiar a los sindicatos. Además, las obras sociales, que brindan servicio de salud a la mitad de la población, no tendrán recortes en sus recursos, como sí ocurría en el escrito inicial.
En el contexto, estos “logros” pueden parecer poco. Alguien podría pensar que los gremios defendieron “la propia”. Sin embargo, si se aplica una mirada de más largo plazo, el hecho de que los sindicatos no sean desguazados abre la posibilidad de revertir el retroceso que está imponiendo ahora Milei, cuando los vientos cambien. Y siempre cambian. El sindicalismo argentino, el más potente de Hispanoamérica, tendrá muchas cosas para corregir, pero su demolición solo haría peor la situación de los trabajadores.
Como se dijo al inicio de esta nota, hay períodos de la historia en los que las sociedades involucionan. Milei es el encargado de hacer retroceder a la Argentina, que tendrá que encontrar el camino para reconstruir los pisos civilizatorios que el gobierno libertario está destruyendo.