El presidente Javier Milei va por todo. Su hoja de ruta es la misma que había trazado al inicio de su gobierno. La noche del 20 de diciembre de 2023 había presentado el DNU 70/23 con el que se proponía dar vuelta la legislación argentina como una media. A eso le sumó la Ley Bases, que tenía un objetivo similar. El autor intelectual de ambas normas fue Federico Sturzenegger. Había pasado varios meses recopilando los pedidos de los grupos económicos locales y extranjeros para redactar las normas. El proyecto era para Patricia Bullrich. Milei lo compró como venía porque nunca tuvo un plan de gobierno propio, excepto por la consigna de la dolarización.
Esos dos instrumentos —el DNU 70/23 y la Ley Bases— son los resortes fundamentales en los que se apoyaron los primeros 24 meses de ajuste del mileísmo. Ambos sufrieron una poda. El DNU en el Poder Judicial y las “bases para una nueva Argentina” en el Congreso, porque el gobierno tuvo que suavizarla para que pasara. Ahora, luego del resultado de las elecciones del 26 de octubre y con la nueva composición del Parlamento, el presidente retoma la senda y avanza para imponer los ejes centrales de la restauración conservadora que representa.
Viaje al preperonismo
El proyecto más importante de las Sesiones Extraordinarias convocadas por el gobierno es la Reforma Laboral enviada por el presidente al Senado. Tiene varios ejes centrales. Todos —sin excepción— debilitan los ingresos de los trabajadores y a sus organizaciones sindicales. Aquí se repasan algunos.
Se reducen los aportes patronales. Además, el empleador podrá acordar con el trabajador que se destine el 3% del salario a un fondo para futuras indemnizaciones. Es decir, que del propio salario saldrán los recursos para pagar por despido.
Para calcular las indemnizaciones no se tomará en cuenta el aguinaldo, ni las vacaciones, propinas o premios. Se podrán pagar en cuotas. Y aquí aparece un dato clave: ese 3% del salario que se destinará al fondo indemnizatorio será administrado por los bancos, que podrán cobrar un dos por ciento de comisión. Es lo que hacían las AFJP con las jubilaciones. La duda que surge es: ¿qué pasará cuando esos fondos pierdan valor si las inversiones financieras de los bancos no funcionan? La propia ley los excluye de toda responsabilidad por el pago de la indemnización.
Se autoriza a ampliar la jornada laboral de 8 a 12 horas diarias y se habilita la creación de “un banco de horas” para que las horas extras no se paguen, sino que se compensen con descanso. Con la pérdida del poder adquisitivo que sufrieron los salarios, son muchísimos los trabajadores que piden horas extras para aumentar su ingreso. ¿Qué harán ahora?
Se habilita que el salario se pague en pesos, dólares o en especies, es decir, productos. Es lo que en la década de 1990 se hacía con el ticket canasta.
El fin de la ultractividad. Esto quiere decir que los acuerdos por empresa prevalecerán por encima de los acuerdos por rama. Esto, lógicamente, debilita la capacidad de negociación de los trabajadores. Es cierto —también— que muchas veces los acuerdos por rama complican a las Pymes, que no pueden afrontar lo que cierran las grandes empresas con los gremios. Pero aquí no se hace diferencia entre las Pymes y las grandes.
Retomando el espíritu antihuelga del DNU 70/23, la reforma amplía las actividades consideradas esenciales y suma la categoría de “importancia trascendental”. En la bolsa terminan cayendo desde el transporte hasta el periodismo, pasando por la extracción de petróleo, la comercialización de alimentos, los servicios educativos. Quizás un vendedor de bombillas para mate tenga derecho a huelga; al resto se le va a complicar. La normativa va a facilitar los despidos de quienes ejerzan ese derecho porque será con causa.
En su artículo final, el proyecto del gobierno deroga la ley 12.908, el estatuto del periodista, sancionada durante el primer gobierno de Juan Perón. Es un viejo anhelo del Grupo Clarín.
En su campaña electoral, Milei decía que la Argentina llevaba 100 años de decadencia. Ubicaba el inicio de esa etapa, más o menos, en el yrigoyenismo. Mauricio Macri, cuando llegó a la presidencia en 2015, hacía un resumen histórico del mismo estilo, como si se tratara de un jugo concentrado para diluir en agua. Hablaba de 70 años de peronismo. Esta reforma es coherente con esa interpretación. Se trata de volver a la Argentina preperonista. Ese país sin derechos laborales, sin vacaciones pagas, sin aguinaldo, sin reconocimiento de horas extras.
La respuesta
Hasta aquí quedan claras las intenciones del gobierno de Milei. El otro punto a analizar es la respuesta del peronismo en su conjunto: los dirigentes políticos, los líderes gremiales, las organizaciones sociales. Una sensación de letargo recorre por estos días a la mayoría de la sociedad argentina, incluso a los sectores que se oponen de manera férrea a Milei. En parte se explica por el resultado electoral del 26 de octubre, que fue desmoralizante para la oposición. Pero la vida sigue y la derecha avanza.
La CGT tiene un debate interno propio. El sector más dialoguista, en el que están Gerardo Martínez (Uocra), Héctor Daer (Sanidad), entre otros, venía dialogando con el asesor presidencial Santiago Caputo. Como ya había ocurrido con la gestión de La Libertad Avanza, hay diferentes funcionarios negociando en simultáneo y no queda claro quién tiene el poder para pactar.
En esas conversaciones, los temas de los que más se había hablado eran preservar la cuota solidaria sindical —la que pagan todos los trabajadores, estén o no afiliados al gremio— y suavizar las medidas antihuelga. Ninguno de los puntos fue tomado en cuenta en la redacción del proyecto.
La cuota solidaria es fundamental para mantener el financiamiento de los sindicatos. La Argentina es el país de Hispanoamérica que tiene el gremialismo más potente. Décadas de campañas de desprestigio orquestadas desde los medios de comunicación del poder económico, más algunos líderes sindicales con un estilo de vida de millonario, lograron que algo de lo que la sociedad argentina debería sentir orgullo —la fuerza de sus sindicatos— sea percibido como un problema. Es uno de los puntos donde la derecha tuvo una victoria cultural que no será fácil de revertir.
Mientras negociaban con Caputo para suavizar la reforma del gobierno, los referentes de la CGT, en simultáneo, desplegaron una agenda de conversación con gobernadores de todos los partidos. Y este miércoles 10 de diciembre se reunieron con los senadores nacionales de Unión por la Patria. La lectura política de la central obrera es que en el Senado hay alguna posibilidad de frenar o modificar la ley del mileísmo. En Diputados dan la batalla por perdida por los números con los que ya cuenta el oficialismo: 95 escaños propios, más el interbloque PRO-UCR y los distintos aglutinamientos provinciales. En el Senado, el peronismo está en su momento de mayor debilidad desde 1983, pero aun así tiene más chances de dar batalla.
Hay un tercer actor en la disputa y es la calle. Milei planeó impulsar estas reformas en las extraordinarias para que el debate sea durante las vacaciones. ¿Le saldrá bien la estrategia o, al calor de la época del año, se le sumará el de las protestas?