Por Teodoro Boot, especial para Causa Popular.- En los últimos días, varios funcionarios se mostraron sorprendidos, molestos y suspicaces ante la escalada de reclamos gremiales. La suspicacia viene porque prácticamente todos los conflictos involucran a gremios enrolados en la CTA, que, viendo frustrada su pretensión de ser reconocida como central obrera, se encuentra en estado de movilización. La molestia se entiende: a ningún funcionario le gustan los paros, menos en un año electoral y menos que menos cuando la patronal que se niega a aumentar los salarios es el propio Estado. La sorpresa, en cambio, es fingida. De no ser así, habría que pensar que los funcionarios ignoran la propia estrategia gubernamental en materia económica.
Los resultados del sostenido aumento de la actividad económica no se distribuyeron equitativamente. No es una novedad, pero ocurre que la inequidad es tan acentuada que la creación de riqueza incrementa las desigualdades sociales y acaba produciendo pobreza. Según el sociólogo Artemio López, en los tres primeros meses de este año, sólo por la incidencia de la inflación, cerca de 700 mil personas pasaron a tener niveles de ingreso inferiores a la línea de pobreza.
Dicho sea de paso, eso de medir los ingresos según niveles de pobreza y de indigencia muestra la pobreza y la indigencia… de nuestras aspiraciones como sociedad. En tanto por pobreza se entiende a la capacidad de comer diariamente lo necesario para estar alimentado, el actual esquema distributivo no se corresponde al de una comunidad que crece y se desarrolla como conjunto social, sino que parte de la necesaria existencia de un número de personas que se alimentan de lo que a otros les sobra.
Por obra, además, de tal esquema distributivo, ese número tiende y tenderá cada vez más a ser creciente: si partimos de la desigualdad y repartimos en esa misma proporción los nuevos ingresos, la desigualdad será mayor. El resultado: 17 millones de auténticos “cartoneros sociales”, sobreviviendo en base a lo que “sobra”.
Seguramente estas categorías sociológicas -alguna vez impensables entre nosotros- se corresponden con la sociedad de las últimas décadas, pero cabe sospechar que inducen a la confusión al establecer como aparente propósito de las políticas de redistribución que “la gente pueda comer”. Es así que con mucha frecuencia vemos a trabajadores que reclaman aumentos de salarios enredándose en dar explicaciones sobre si lo que ganan les es suficiente o no, siendo que eso resulta secundario en relación al modo en que distribuimos los beneficios de un esfuerzo compartido.
La consecuencia de esta tergiversación de propósitos y puntos de partida es que hemos “privatizado” la sociedad, y no sólo en los hechos, sino conceptualmente: no se trata ya de una comunidad nacional, de un conjunto armónico y de alguna manera equilibrado, sino de una suerte de empresa privada en la que a lo sumo se puede discutir el destino de los “excedentes”.
Olvidémonos entonces de la pobreza y la indigencia -sin por eso creer que alguien pueda olvidarse de comer- y veamos cómo se distribuyen los beneficios en esta aparente “sociedad”: apenas el 27% del ingreso nacional va a parar a manos de los trabajadores, muy pero muy lejos de aquel 48% del año 1975 o del ya mítico 51% del año 1954, pero también separado por un abismo del porcentaje considerado mínimo para un país industrializado y con consumo interno, que rondaría el 40%.
Este es el punto central de discusión, el modo en que se distribuye el ingreso nacional, que explica no sólo las características actuales de nuestra sociedad, con su 50% de pobres, sino también el comportamiento de muchas variables económicas, como por ejemplo la inflación de los últimos meses. Es verdad que ha generado 700 mil nuevos indigentes, pero aunque no hubiera producido ninguno, el hecho central habría sido el mismo: existe por parte de los sectores beneficiados por el proceso de concentración económica una tenaz resistencia a ceder parte de los enormes beneficios acumulados y por acumular.
Y aquí es necesario abundar en lo que, por complicidad, comodidad, estupidez o cobardía, no se quiere ver: más allá de cualquier consideración de carácter moral, político o filosófico, semejante concentración del ingreso torna inviable la existencia del país. Podemos hablar, y en el mejor de los casos, de una factoría más o menos industrial que procese determinados productos con destino a la exportación, cuya principal ventaja comparativa radique en los bajos salarios, pero eso no es una sociedad, sino al menos tres: una pequeña, que recibe los beneficios, una más amplia, la de los explotados, que por su fuerza de trabajo obtienen apenas lo indispensable para alimentarse, y la mayoritaria, la de indigentes, cuya existencia es indispensable ya que permite y garantiza esa explotación y, por lo tanto, aquellos beneficios.
Las consecuencias… las que tenemos a la vista, todos los días. Las vamos a dejar de lado: ya hay demasiado lloriqueo al respecto, curiosamente, por parte de muchos que a la vez cuestionan indignados los reclamos de los trabajadores “privilegiados”. Y sí, en semejante “modelo”, ser explotado es un privilegio.
El aumento de precios del primer trimestre del año evaporó cualquier incremento relativo que pudieran haber tenido los ingresos populares a lo largo de todo el año pasado. Frente a esto, un sector sindical y una fracción empresaria propusieron una suerte de indexación salarial, frenada a tiempo por el ministro Lavagna, quien, a diferencia de Hugo Moyano, parece haber vivido en el planeta Tierra en los últimos treinta años y por lo tanto sabe que si los salarios pretenden jugar una carrera contra la inflación, los únicos perjudicados serán los trabajadores. Pero el ministro dijo algo más: para no provocar inflación, los aumentos de salarios deben corresponderse a un aumento de la productividad.
Se trata de la libre interpretación de un principio: provoca inflación cualquier aumento de la demanda que no sea acompañada de un simultáneo aumento de la cantidad de bienes disponibles.
En general y en abstracto, lo que dice Lavagna es cierto, pero puesto en situación particular y concreta, el ministro parece olvidarse de que la estructura productiva argentina está lejos de funcionar al máximo de su capacidad instalada. Vale decir, en la mayoría de los sectores todavía es posible aumentar la producción de bienes sin recurrir a inversiones extraordinarias. En otras palabras: un aumento de la demanda hoy por hoy no tendría por qué provocar un incremento en los precios. Tendría. El condicional vale, porque en efecto hubo incremento en los precios.
Pero el ministro “se olvida” de algo más: del fuerte aumento de la rentabilidad empresaria tras la devaluación, que en algunos casos se más que duplicó, y que en modo alguno fue compartida con los trabajadores. Por el contrario, la capacidad adquisitiva de los salarios es sensiblemente menor a la del año 2000.
Pero tiene razón en algo: la rentabilidad empresaria no es pareja y no todos los sectores ni empresas están en condiciones de soportar un similar aumento de salarios. El camino no es el del aumento general de sueldos, que podría tener efectos paradójicos. ¿Cuál es, entonces? La estrategia de Economía está clara: el aumento de la ocupación, en la certeza de que si todo el mundo tiene empleo, los salarios suben solos.
Sin embargo, estamos nuevamente en el plano de lo general abstracto que, como sabemos, no suele corresponderse con nuestro particular concreto. Y este consiste en que el desempleo no es una consecuencia de un modelo de acumulación y concentración económica, sino su condición necesaria.
Si en vez de cambiar ese modelo, la tentación es tornarlo “productivo”, internacionalmente competitivo en base a los bajos salarios, es más que evidente que la sola evolución de la actividad económica no redundará en una disminución significativa del desempleo: para sostener el esquema de los bajos salarios es imprescindible mantener altos niveles de desocupación.
No es posible alterar los porcentajes en que se distribuye el ingreso nacional mediante el aumento general de salarios, no sólo porque pondríamos en riesgo parte de la estructura productiva, también porque inmediatamente ese aumento se trasladará a los precios.
Tampoco es posible aumentar los salarios por la vía indirecta de la reducción significativa del desempleo, ya que eso eliminaría algunas de las ventajas comparativas de los productos nacionales y no existiendo un importante mercado interno, sin aquellas ventajas comparativas no sería posible sostener altos índices de producción. Con un agravante: con apenas 35 millones de personas, la condición de existencia de un mercado interno suficiente para desarrollar la industria es el pleno empleo y los altos salarios.
Tenemos así que el cacareado círculo virtuoso de la economía esconde un núcleo vicioso. Para romperlo, es imprescindible un papel mucho más activo del Estado, tanto en el fomento y orientación productiva como en la generación de empleo y la redistribución indirecta del ingreso, creando las condiciones para que los distintos sectores puedan tener alguna vez una discusión al respecto en condiciones parejas.
Es verdad que un aumento objetivo de los salarios, un reparto más equitativo del producto, está estrechamente relacionado con la disminución del desempleo -el valor de la mano de obra también se rige por la ley de la oferta y la demanda- y también es cierto que se trata de un proceso gradual: no es posible cambiar instantáneamente el mercado laboral puesto que tampoco se puede cambiar de un día para otro la estructura productiva, pero es ilusorio pensar que el crecimiento económico desembocará inevitablemente en altos niveles de ocupación y una mejor distribución del ingreso: el punto de partida es el de una disparidad demasiado acentuada como para que tal cosa suceda.
Para que la puja salarial no sea una carrera detrás de los precios sino una auténtica discusión distributiva, es imprescindible que emparejemos un poco las cosas. Y esto es función del Estado.
Hay instrumentos. Lo que parece faltar es una idea clara de hacia donde dirigirnos. La devaluación del peso y un muy tardío y por lo tanto insuficiente control de algunos precios internos mediante las retenciones a la exportación, alcanzaron para que la actividad económica pudiera dinamizarse. Sirve para empezar, pero no para seguir. La consecuencia del aniquilamiento industrial de los 90 es una asombrosa distorsión de la estructura productiva, en la que cada uno ha ido acomodándose como pudo, aprovechando su posición relativa en el mercado a expensas de quienes detentan menor poder de decisión o de maniobra.
Por otra parte, no puede exigirse a los particulares que se abstengan de aquellas actividades que son más rentables al más corto plazo posible aun a sabiendas de que incrementarán la distorsión de la estructura productiva o destruirán el medio ambiente o nos privarán en un futuro no lejano de algunos productos e insumos imprescindibles para prolongar el crecimiento económico.
No se le puede exigir a un productor rural que -tras varios años de pérdidas- se abstenga por ejemplo de sembrar únicamente granos, pero una de las consecuencias del boom cerealero, que trajo cierta prosperidad al campo y tranquilidad a la cuentas fiscales, es el aumento de precio de la carne vacuna. El alto rendimiento de los cereales unido a la hibridización y manipulación genética, que permitió la creación de variedades aptas para diversos tipos de climas y suelos, provocó que muchos productores cambiaran la ganadería por la siembra. Y es esa y no otra la razón de la suba de la carne.
La secretaría de defensa del consumidor podrá poner su mejor buena voluntad y su imaginación para mitigar el impacto que esta suba (que arrastra a las demás carnes) produce en los bolsillos populares, pero todo cuanto podrá hacer es inventar parches de corto aliento y dudosos resultados.
También ocurre que los buenos precios de ciertos bienes exportables provocan la escasez de otros que, por estar destinados al mercado interno, carecen de similar rentabilidad, pero que a la larga también aumentan de precios pues la oferta no alcanza para satisfacer la demanda. Evitar esto, corregir las distorsiones, no es responsabilidad de los productores sino del Estado, que no debería permitir que la superproducción de algunos productos provoque la desaparición de otros, para lo que bien puede valerse de gravámenes y exenciones impositivas.
Los impuestos no son sólo instrumentos de recaudación, sino también de fomento, pero difícil saber qué fomentar si uno no se detiene a analizar que clase de país es el que se quiere.
Un importante medio de distribución del ingreso son las obras de infraestructura y no sólo en cuanto a su cualidad dinamizadora y generadora de empleo: la rapidez, eficiencia y bajo precio de los transportes sirven para aumentar el poder adquisitivo de los salarios y disminuir el tiempo que un trabajador pierde en trasladarse a su empleo, el acceso a las redes de gas natural supone un importante ahorro en el consumo hogareño de energía, del mismo modo que el teléfono de línea sería más económico que un celular si elimináramos el “abono”, que no es abono de nada sino un auténtico impuesto que los usuarios pagan a las telefónicas; los créditos baratos para construir, refaccionar o adquirir viviendas también aumentan el poder del salario, así como lo hace la creación de nuevos hospitales y escuelas y el mejoramiento de los existentes, del mismo modo que lo hacen los hoteles y recreos sindicales y sociales financiados con fondos gremiales o estatales.
En el mismo sentido, la eliminación del trabajo en negro debería ser otro objetivo: bastaría con aumentar significativamente las asignaciones familiares (que no tienen por qué incrementar el costo laboral) para que ningún trabajador acepte que lo tengan en negro.
Por último, resulta absurdo y falto de la menor lógica que a la vez que el gobierno propugna un aumento de los salarios, mantenga los salarios estatales más que atrasados respecto del resto, siendo que no sólo tiene superávit sino que el “excedente” de ese superávit fue en el año 2004 de más de dos mil quinientos millones de pesos.
Más aún: siendo el del Estado un papel crucial en la construcción de una estructura productiva equilibrada y de una sociedad justa y sin excluidos, es inconcebible que sus empleados y funcionarios sean los trabajadores peor pagos del mercado laboral.
