Por Diego G. Kravetz (*) El golpe del 76 fue el peor de la historia porque los 30.000 desaparecidos no son una cifra más: son su consecuencia más dramática y el símbolo más fuerte de la instauración de una política social y económica de desnacionalización, que requirió de la desaparición de una generación de compañeros que luchaban por un país más justo y solidario.
Estos compañeros concebían la política como una herramienta de cambio, y esa convicción les costó la vida. Debemos recordar esta época oscura de nuestro país para no repetirla, poniendo todos nuestros esfuerzos en que este 24 de marzo nos encuentre a todos, no sólo juntos en un acto por la memoria y la justicia, sino realmente juntos en la lucha por un país nacional y popular, demostrando que la sociedad está unida para continuar la lucha que aquellos compañeros iniciaron.
Debemos consolidar y ayudar a profundizar la tarea iniciada por el Presidente Kirchner, que mostró con hechos concretos, como la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y apertura de la ESMA como Museo de la Memoria, que es posible seguir no sólo revisando la historia para no olvidar, así como para seguir buscando la verdad y justicia, sino para transformar las secuelas políticas de aquellos años y lograr que el pueblo sea el único beneficiario de esa transformación. Será la mayor y mejor justicia que podamos conseguir.
Desde el punto de vista económico podemos asegurar que a 30 años aún bregamos contra las políticas neoliberales implementadas en la última dictadura militar, que se consolidaron en la era menemista, y cuyas consecuencias son la desestructuración del entramado social y del aparato industrial de nuestro país, con un crecimiento exponencial del desempleo y la pobreza.
Esta situación expuso a miles de mujeres y hombres a la pobreza estructural, y muchos de ellos simplemente se resignaron a perder sus trabajos y “sobrevivieron” con planes sociales. Otros, en cambio, se opusieron mediante la lucha por su derecho al trabajo.
En este marco de cierre masivo de empresas, algunos trabajadores se organizaron y, a través de una inteligente estrategia judicial, respondieron recuperando su fuente de trabajo ocupando y tomando las empresas en las que trabajaban para ponerlas a producir nuevamente, pero esta vez bajo su propia gestión. Se formaron cooperativas de trabajo y mediante esta forma jurídica las empresas comenzaron a funcionar.
El paso posterior fue reclamar una política pública que validara su situación. Luego de numerosos reclamos se logró que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionara leyes de declaración de utilidad pública y ocupación temporaria, así como también que se expropiaran bienes muebles y marcas a favor de las cooperativas, a condición de que continuaran con la actividad.
Esta la política que amparó la situación de 13 empresas recuperadas y de esta forma los trabajadores demostraron que sus empresas funcionaban bien y, a poco tiempo de su recuperación, alcanzaban buenos niveles de facturación, conseguían nuevos clientes, recuperaban relaciones con los proveedores e incorporaban nuevos compañeros a las cooperativas.
El Estado de esta forma se comprometía mediante la promulgación de las leyes de expropiación transitoria, y con algunos programas del área de Producción que brindaban asistencia financiera empezaba a ocuparse de esta nueva experiencia, que se vivió principalmente en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires.
Finalmente, se consiguió sancionar la denominada Ley de Expropiación Definitiva, mediante la cual se logró que las 13 empresas se expropiaran definitivamente a favor de los trabajadores, pero con un dato adicional: la expropiación era con cargo a los trabajadores. El Estado declara la utilidad pública e inicia los trámites de expropiación definitiva de las empresas y luego se las cede a las cooperativas de trabajo, las que en un plazo de no más de 20 años deben devolver al Estado los montos de las expropiaciones.
La Ley de Expropiación Definitiva (Ley Nº 1.529) que se logró sancionar en la Ciudad de Buenos Aires es la única herramienta legislativa de estas características y se convirtió en un reclamo de los compañeros de todo el país.
De esta forma se terminó la dependencia de las empresas con el Estado. Esta experiencia, como tantas otras de la Economía Social, han demostrado que no hay un modelo único, como nos quisieron hacer creer durante años, y que mediante la imaginación y la lucha se pueden encontrar otros modelos con mayor justicia social.
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(*) Legislador de la Ciudad. Presidente del Bloque Frente para la Victoria. Ex abogado del MNER – Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.
