La política de despojo que se inició en el golpe de Estado de 1976 y que terminó de consumarse en los ‘90 dejó secuelas profundas no sólo en los niveles de destrucción del trabajo y la industria sino también en los cambios culturales producidos por el empobrecimiento, las formas de desigualdad que se han ido profundizando, la quiebra de solidaridades y el desmembramiento del tejido social que, antes de ello, permitía la movilidad ascendente.
La consecuencia más grave fue que nuestro Pueblo perdió a la política como su instrumento de cambio social. La política pasó a ser conducida por la economía y la clase política socia de sus negocios. A su vez, el Estado resultó un ausente, útil a intereses antinacionales.
Aún no estamos repuestos de esta situación. En estos cinco años, nuestro Pueblo volvió a tener la esperanza de un futuro mejor, hubo importantes avances en la recuperación del control político sobre la economía, incluyendo el apoyo popular reciente dispuesto a resistir cualquier chantaje, pero se sigue desconfiando de la política o de los políticos y el Estado tiene aún muchas asignaturas pendientes.
Es necesario recuperar la autoestima, confiar en nuestras posibilidades como Nación, cambiar la mentalidad. Sólo así se podrán enfrentar los cambios estructurales sin prejuicios ni condicionamientos.
Con el conflicto del campo se avanzó. De discutir modelo de medidas macroeconómicas se pasó a discutir los mecanismos de aplicación de la distribución del ingreso. La importancia de esto reside no sólo en la superación del conflicto con el campo sino en el reconocimiento de que las medidas macroeconómicas, por sí solas, son insuficientes para corregir el rumbo de la economía hacia una mejor distribución del ingreso.
La herencia nefasta de la dictadura y de las políticas liberales es la concentración y extranjerización económica. Si la dictadura no hubiera violado los derechos humanos también sería condenable. En realidad, los violó porqué sólo por la fuerza pudo destruir nuestras capacidades nacionales. Terminar con la impunidad y recuperar la justicia es restablecer esas capacidades perdidas ya que al persistir estos elementos estructurales construidos desde la dictadura son justamente los sectores concentrados los que captan todos los beneficios o trasladan hacia sectores más postergados las cargas que se le imponen.
Así funciona hoy con las retenciones y también con los otros aspectos de la economía. Hay leyes que no marginan a las pymes industriales o agropecuarias pero todos los beneficios fiscales son capturados por los grandes grupos económicos con bajísima creación de empleo y prácticamente ninguna participación de la pequeña y mediana empresa.
Se necesita un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma, romper con la lógica de las políticas dictadas por el mercado. Hace falta que la política intervenga más, para que el Estado cumpla con el mandato popular transferido al gobierno que lo ocupa, restableciendo la justicia de los derechos sociales y económicos perdidos, para recuperar Soberanía.
Hacen falta políticas activas directas por parte del Estado para promover el proceso de reindustrialización y la industrialización de vastas zonas que jamás en nuestra historia vieron una fábrica. El sur despoblado y el norte empobrecido tienen que ser los destinatarios directos de esta acción del Estado creando desarrollo económico con equilibrio regional. La combinación inteligente de los sujetos sociales, la aplicación de conocimiento, la generación de empleo, la capacitación y la inversión, donde no la hay ni nunca la hubo privada, sólo puede hacerla el Estado.
Mejorar la distribución del ingreso significa cambiar las estructuras que siguen generando concentración económica. Esto debe hacerse con consensos mayoritarios que permitan crear un nuevo Estado. Una Argentina de producción y trabajo, un país territorialmente integrado y socialmente justo se realiza con la reconstrucción del Proyecto Nacional entre todos los sectores y actores sociales y productivos.
La sociedad, en nuestro país, no se ha repuesto de la crisis de los partidos políticos, que es crisis de representatividad y que no se resuelve con ajustar estructuras burocráticas de partido. Salvo las excepciones de legitimidad construidas en estos años, en los más altos niveles de gobierno, nuestro pueblo concibe a la política, a los políticos y, por tanto, a la mayoría de los gobernantes, como algo ajeno. No sólo se siente no ser parte sino, muchas veces, se percibe que cada parte está de un lado distinto del mostrador.
A su vez, es evidente que el Estado está intocado en sus diversos estratos geológicos, construidos durante décadas de dictadura y liberalismo. Ambas cuestiones, renovación y transformación de política y del Estado son imprescindibles para generar las condiciones de viabilidad. Los altos objetivos planteados lo exigen y, a su vez, lo facilitan.
Esta no es una tarea exclusivamente gubernamental, es una tarea política de los líderes sociales y productivos de todos los niveles, de los hombres y mujeres del conocimiento y de todos los que tiene un compromiso con la Patria. La política tiene que seguir estando en el centro de la escena movilizando al conjunto de las fuerzas políticas y sociales y es la que tiene que canalizar la esperanza colectiva de un futuro mejor.
El autor es Coordinador Nacional del Movimiento Jauretche de Profesionales y Empresarios (MOJAPE).
