Al comenzar la tarde del martes, un hombre de encarnadura ancha, camisa a cuadros y gafas negras esquivaba en la esquina de Figueroa Alcorta y Castex a un movilero de la señal C5N, espantando el micrófono con las manos como si fuera una mosca. Era el fiscal federal Carlos Stornelli, justo cuando debía estar en la ciudad de Dolores por su indagatoria ante el juez federal Alejo Ramos Padilla. Pero ese día también había faltado a su despacho en el quinto piso de Comodoro Py. ¿Acaso no dilapidaba su tiempo?
Porque –según consigna una nota publicada el 24 de marzo en el diario La Nación– el fiscal “trabaja de manera acelerada para formular lo más pronto posible el pedido de elevación a juicio de la causa de los cuadernos”; tal apuro lograría así evitar que esa epopeya se malogre por una nimiedad: ser parte de una red paraestatal de espionaje y extorsión. En dicha encrucijada patriótica, su decisión fue eludir la acción de la Justicia. “Mejor rebelde que procesado”, supo susurrar el defensor, Roberto Ribas, a la oreja de un cronista amigo.
Lo cierto es que la desobediencia de Stornelli trae involuntariamente al recuerdo la figura ya borrosa del mayor Ernesto “Nabo” Barreiro, un jerarca del campo de concentración La Perla, de Córdoba, durante la última dictadura, quien en 1987 se negó a comparecer ante la Cámara Federal de esa provincia, desatándose así el levantamiento carapintada de Semana Santa.
Desde luego que aquella semejanza es sólo simbólica, puesto que entre sus pares Stornelli es ahora la peste en estado puro. Un muerto que camina. Ni el fiscal general Germán Moldes (el Aldo Rico del Ministerio Público), atinó a salir en su defensa.
Dicen que en medio de su desazón, fue música para sus oídos la llamada de la diputada Graciela Ocaña. Esa mujer (una incondicional suya desde que él la benefició al maniobrar el apartamiento del juez Sebastián Casanello de la causa por los aportantes truchos) le había prometido ponerse al frente de una carta de respaldo firmada por todo el bloque de la alianza Cambiemos. Pero tal iniciativa derivó en otro indicador de su patética soledad: de los 108 diputados oficialistas, 79 se negaron a suscribirla. Y uno de ellos, Alejandro Echegaray, se enteró en una entrevista radial que figuraba como firmante, a pesar de que nunca había estampado su rúbrica.
Todas las cartas de Stornelli ya están a la vista. Ya nada queda de aquel sujeto displicente que, abriéndose el camino como una ballena en el océano, hablaba de una “operación berreta” en su contra.
Tal vez, mientras huía con pasitos cortos y presurosos del micrófono de C5N, se preguntara cuál habría sido la primera señal de inevitable desplome al basurero de la Historia.
Desde un plano totalizador, el régimen macrista –alineado a la doctrina norteamericana de las “Nuevas Amenazas– garantiza en Argentina la voluntad de la NSA (National Security Agency), la DEA y el FBI por extender su estrategia global contra el terrorismo y el narcotráfico. “Ningún país por sí mismo puede hacer frente a los peligros multifacéticos y solapados que ofrece el siglo XXI”, insisten los funcionarios del Departamento de Estado.
Dicho escenario supone una gesta con dos ejes: la acción militarizada de las agencias policiales y la judicialización de la política mediante una alianza entre los servicios de inteligencia, ciertos jueces y un sector de la prensa.
No obstante, el primer propósito suele estrellarse aquí con un obstáculo notable: el carácter mafioso de todas las fuerzas de seguridad. Un problemita que, a los fines señalados, las convierte en una herramienta envenenada. Una suerte de presente griego, agravado por el autogobierno de éstas a través de su propia financiación con cajas delictivas.
El segundo asunto es aún más complejo. Y Mauricio Macri bien lo sabe en carne propia. Ya en 2008 su gestión en la Ciudad había quedado en vilo por el affaire de las escuchas. Pero un error que se repite se convierte en un estilo.
Lo cierto es que la lawfare –tal como denomina al método en cuestión– fue concebida como un mecanismo de relojería. Pero basta apenas una falla en alguno de sus engranajes para transformar a sus hacedores en protagonistas de una embarazosa comedia de enredos. En este caso la falla se llama Marcelo Sebastián D’Alessio.
Hasta el estallido de su pintoresca figura en mil pedazos, la aplicación del sistema marchaba sobre rieles. Un sistema que aún en la era kirchnerista propició notables logros, como la maniobra mediática con la declaración de Martín Lanatta, uno de los condenados por el triple crimen de la efedrina, que malogró la candidatura de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Dicho sea de paso, ese hecho inauguró –ya durante la actual administración– un hábito recurrente: el reclutamiento de narcos prófugos y/o presos para involucrar en causas de todo tipo a ex funcionarios, a cambio de beneficios económicos o procesales. Una dinámica que se extendió a encausados de otro tipo. En tal plano, la llamada causa de las fotocopias (imperitables), sustentado con un festival de “arrepentidos” bajo presión de decir lo que los instructores (el juez Claudio Bonadío y el propio Stornelli) pretendían escuchar, perfilaba ser una biblia al respecto.
Pero “pasaron cosas”; específicamente, la codicia de sus actores. De no incurrir en el pecado de la gula económica, la práctica serial del asunto habría continuado curso sin inconvenientes. Únicamente bastó una simple denuncia por extorsión para que esa estructura operativa se derrumbara. De modo que el caso D’Alessio dejó al descubierto una red de espionaje y extorsión formada por dignatarios judiciales, dirigentes políticos de fuste, periodistas y agentes de inteligencia ligados al Poder Ejecutivo. Un camino sin vuelta. De modo que los cimientos de la Casa Rosada crujen; en Comodoro Py cunde el terror y la central de espías en la calle 25 de Mayo parece la cubierta del Titanic.
En ese marco, el fiscal Stornelli –ahora ya declarado en rebeldía– hasta es una pieza menor.
