Rafael Correa declara que dimitirá de no ser aprobado el referéndum constitucional

De la Redacción de ZOOM. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró que tiene plena confianza en la victoria en la consulta del próximo domingo 28 de septiembre, pero que si la sociedad rechaza el proyecto de reforma constitucional, dimitirá a su cargo como primer mandatario. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Ecuador anunció a su vez que tiene todo listo para el proceso de votación. Más de nueve millones de electores decidirán si aprueban o rechazan el proyecto de nueva Constitución.

Aunque el Presidente Correa se mostró confiado en obtener la victoria, aseguró que el rechazo del nuevo marco legal, al que calificó de «avanzado«, crearía un clima de inestabilidad en el país. También señaló que esta situación de crisis política impediría la continuidad de su gestión y representaría el regreso al viejo sistema político, así como el fin de las reformas que impulsa su gobierno para conseguir la igualdad social en la nación.

En este proyecto constitucional, Correa defiende los derechos del Estado de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, como las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte, el refino de hidrocarburos, la biodiversidad, el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico y el agua.

Así, considera que el proyecto de Carta Magna es «un antídoto para la inestabilidad política» pues obliga a convocar elecciones, tanto presidenciales como legislativas, si el Parlamento destituye al Gobierno o si este disuelve a la Asamblea Nacional.

Más de 9 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el próximo domingo para el referendo sobre la Carta Magna que, de ser aprobada, se convertirá en el vigésimo texto constitucional en la historia de este país andino.

Todo preparado para el referéndum del domingo

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta, dijo que el calendario regresivo para el referendo tiene los materiales electorales con un adelanto de un día «estamos cumpliendo con todo el calendario regresivo, incluso en el reparto de materiales estamos con un día de anticipo, debido a que los militares, que colaboran en la distribución del material, advirtieron de que iba a haber días de mal tiempo y adelantaron el calendario por 24 horas», señaló Acosta.

Recordó que se encuentran empadronados 9.754.883 electores, de los cuales 165 mil corresponden a emigrantes inscritos en 47 países en el exterior. El domingo, añadió Acosta, se instalarán 38.901 Juntas de Recepción de Votos (JRV), que se prevé empiecen a recibir a los electores a partir de las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde.

Acosta descartó absolutamente la posibilidad de un fraude en el referendo constitucional del próximo domingo, como temen algunos sectores de la oposición. Aseguró que, «en esta época de avance tecnológico es muy difícil, es casi imposible que se dé un fraude» y destacó los dispositivos de seguridad aplicados en las papeletas, así como la cantidad de observadores que vigilarán el proceso.

Abogado litigante de profesión y maestro masónico, Acosta dijo que «el hablar de fraude y desprestigiar a las autoridades electorales parece un deporte en el país» durante las épocas electorales.

El jefe del TSE insistió en que la garantía de transparencia la ofrecerán la docena de organismos internacionales, incluidas misiones de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter, así como universidades, grupos sociales y entidades especializadas del país, que vigilarán el proceso. «Con tantos ojos, el asunto es transparente y es casi imposible» que se pueda dar un fraude electoral, insistió el jurista de 53 años, que saltó a la palestra pública cuando fue abogado defensor del ex presidente Lucio Gutiérrez, luego que fuera destituido del poder por el Congreso en abril de 2005.

Más información del referéndum constitucional, aquí

Gobierno de Ecuador ordenó la confiscación de los bienes de la constructora brasileña Norberto Odebrecht

A cuatro días del referendo, el Gobierno de Ecuador ordenó el martes la confiscación de los bienes de la constructora brasileña Norberto Odebrecht, y prohibió la salida del país de cuatro accionistas de la empresa tras negarse a pagar una indemnización por la paralización de la hidroeléctrica de San Francisco, luego de los daños causados en una turbina.

El presidente Rafael Correa, consideró que la intervención de la empresa brasileña Odebrecht no tiene por qué traer repercusiones negativas en las relaciones entre Ecuador y Brasil.

Correa señaló en la televisión local que ya conversó del tema con su colega, Luiz Inácio Lula Da Silva, la semana pasada en Chile en el marco de la Cumbre Extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para analizar la crisis de Bolivia. «Le dije que lo que ha hecho esta empresa en Ecuador es terrible y no creo que haya repercusiones internacionales», relató.

Correa ordenó ayer la militarización de las obras que construye Odebrecht y prohibió la salida del país de sus directivos. El mandatario ecuatoriano explicó que la decisión de intervenir en la hidroeléctrica San Francisco y en otros proyectos a cargo de la firma brasileña era absolutamente necesaria.

Según el decreto firmado el martes por el Ejecutivo Nacional, señala que la empresa Odebrecht «no ha cumplido eficientemente con sus labores y se ha negado irresponsablemente a indemnizar por los perjuicios«, lo cual ha generado una crisis energética en la nación. «Ya basta de abusos, nosotros no vamos a aceptar que ninguna de estas empresas internacionales venga a burlarse del país», dijo el presidente de la nación, Rafael Correa.

Correa también declaró «la emergencia nacional, con el propósito de superar la emergencia provocada por el progresivo proceso de disminución de eficiencia en la prestación del servicio de energía eléctrica originado en la central hidroeléctrica«.

El decreto sostiene que esta medida intenta «evitar un estado de conmoción interna, ante la posibilidad de apagones de luz generalizados en el territorio nacional». Correa calificó los contratos con la constructora brasileña de «tremendamente lesivos» para el Estado.

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