Radiografía del conflicto educativo: aunque las reformas menemistas cumplen la década, no está todo dicho

Por Causa Popular.- La marcha nacional de docentes y estudiantes de todos los niveles educativos, realizada el 20 de mayo tuvo la virtud de poner en la agenda pública la grave crisis en la que se encuentra la educación pública en la Argentina. Claro que la efectividad de la medida no hubiera alcanzado estos resultados sin la gran cobertura mediática de las tomas pacíficas de 40 escuelas secundarias en la Capital Federal, en la que los jóvenes estudiantes denunciaron las condiciones edilicias en las que se encuentran estos establecimientos. La movilización, además, no sólo se destacó por ser la primera de este tipo que se produce desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia, sino también por unificar una serie de reclamos que vienen creciendo con fuerza en todo el país a la par de una caída del 40 por ciento en el presupuesto educativo nacional por efectos de la devaluación.

Financiamiento educativo, salarios, condiciones laborales, y las leyes de educación implementadas por el menemismo, son algunos de los reclamos que están unificando a la comunidad educativa de todo el país. Mientras que el gobierno nacional intenta deslegitimar los reclamos, la provincia de Neuquén se convirtió en un laboratorio de la derecha que anuncia como serán tratadas estas protestas si crece su poder en el país.

El modelo estructural y financiero del sistema educativo argentino se encuentra en una crisis terminal. Las Leyes Educativas implementadas durante el gobierno de Carlos Menem, a pedido del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuando Susana Decibe era ministra de Educación, muestran su cara más cruel luego de más de 10 años de haberse aplicado.

La Ley Federal de Educación (LFE) y la Ley de Educación Superior (LES), fueron íconos de las luchas por una mejor educación durante el primer mandato de Menem. Esta lucha, es la que retoman hoy estos sectores luego de las sendas derrotas sufridas en los conflictos de 1993 y 1995 respectivamente.

Directivos, docentes, padres y estudiantes enfrentan en la actualidad una enseñanza fragmentada: la imposibilidad de las provincias de sostener las escuelas que les transfirió la Nación, la ausencia de salarios docentes dignos, y una sostenida caída del presupuesto educativo son los tres ingredientes fundamentales de un crecimiento exponencial de las protestas educativas.

Como consecuencia de la Ley Federal de Educación se provincializaron las escuelas produciendo un desfinanciamiento progresivo del sistema. A partir de ese momento el funcionamiento de los establecimientos educativos -comedores incluidos-, los salarios docentes, y las imprescindibles becas estudiantiles comenzaron a depender de los magros presupuestos provinciales, ajustados cada año un poco más por las presiones del FMI para reducir la coparticipación federal.

Para las arcas provinciales, en promedio, entre el 85 y el 95% del presupuesto educativo se destina a pagar salarios docentes que no alcanzan el valor de la canasta familiar básica.

Cuando asumió Néstor Kirchner, la designación de Daniel Filmus al frente de la cartera de educación vaticinaba cambios en el modelo educativo de los ’90. Como secretario de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Filmus se había opuesto a la LFE y no la había implementado en la capital. Pero más de dos años de gestión han marcado profundas continuidades con las políticas educativas que Filmus había criticado.

Mientras que la LFE no se derogó, tampoco sufrió reforma alguna, pero el ingrediente económico supone un callejón sin salida a las aspiraciones de las comunidades educativas. El ministro de Economía Roberto Lavagna, a pedido del FMI, puso en marcha el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal que busca imponerle estrictas metas fiscales a las provincias.

Con esta medida, las escuelas estarán muy lejos de mejorar su situación mientras las cajas provinciales continúen ajustando sus cuentas al compas de las imposiciones del Fondo.

En los últimos días se anunció la conformación de una comisión conformada por los gremios y el Ministerio de Educación para estudiar y elevar un proyecto al Congreso Nacional que permita elevar el presupuesto educativo del 4 al 6% del PBI, como lo indica la LFE. Este incremento debería haberse realizado inmediatamente después de que fuera promulgada esta ley, o sea hace 12 años.

El ministro Daniel Filmus y los representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Unión Docentes Argentinos (UDA), Asociación de Maestros de Escuelas Técnicas (AMET) y los sindicatos que reúnen a la educación privada, se comprometieron el primer día de este mes a elevar un proyecto en 30 días.

Este plan tiene la premisa de aumentar hasta los seis puntos del PBI la inversión en el sistema en forma gradual hasta el año 2010, lo que significa lograr un aporte de nueve mil millones de pesos al sistema. Sin embargo, este aumento, en caso de alcanzarse, no solucionará los problemas descriptos anteriormente por que sólo afectará a la Nación y no a las provincias.

Pero la LFE no es la única herencia menemista en educación. A nivel universitario, la LES significó la progresiva dependencia de las universidades públicas nacionales al financiamiento privado, a cambio de la ingerencia de estas en los planes de estudio.

Terminar con el ingreso irrestricto, un triunfo de la reforma del 18, y modificar los planes de estudios de las universidades nacionales de acuerdo a las necesidades de la empresas, fueron los principales objetivos que intentó alcanzar esta Ley.

En la actualidad prácticamente todas las universidades han ido adaptando sus estatutos a esta norma tan polémica, salvo en algunas donde la organización de los estudiantes y docentes permitió resistir en soledad durante todos estos años al embate del ingreso del modelo neoliberal en la educación superior.

En la mayoría de los casos, los estatutos universitarios fueron reformados desde 1995 en medio de durísimas pujas en las propias puertas de los recintos colegiados, donde estudiantes de las más diversas orientaciones políticas trataban de impedir que muchos docentes otorgaran con su presencia el quórum suficiente para que la Asamblea Universitaria de cada casa de estudios reformara sus estatutos autónomos a la nueva ley.

Esa postal decadente no fue vista en la Capital Federal, pero la mayoría de las universidades del interior del país fueron testigos silenciosos de una articulación política entre rectores y docentes, demasiado parecida al acarreo que hacen los aparatos tradicionales cuando necesitan sumar votos para imponer medidas polémicas y naturalmente antipopulares.

A fines del 2004 y durante los primeros meses de este año, la lucha de los estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue, volvió a poner en la agenda educativa la LES. A pesar de su impronta neoliberal, el ministerio de Educación a través de su secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Pugliese, no sólo no se opuso a la misma, sino que presionó a todas las universidades que todavía no habían aplicado la LES para que lo hagan.

Luego de 10 años de aprobada la Ley de Educación Superior parece haberse desempolvado la discusión pública respecto de las consecuencias que esta trae aparejadas. En poco menos de un año ya van dos congresos nacionales de estudiantes universitarios -uno en Buenos Aires y otro en Neuquén-, mientras crece la lucha salarial de los docentes universitarios que agregaron a sus reivindicaciones la anulación de la LES.

La movilización y la creciente organización de los estudiantes está logrando sacar de los claustros la discusión sobre la mercantilización del conocimiento que esta Ley había dado por superada.

El estado de la educación primaria, media y superior en la Argentina, ha vuelto a ser una asignatura pendiente que casi había quedado en el tintero.

Un escenario que hace 5 años atrás resultaba inimaginable.

COMPARTÍ ESTE ARTÍCULO

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Recibí nuestras novedades

Puede darse de baja en cualquier momento. Al registrarse, acepta nuestros Términos de servicio y Política de privacidad.

Últimos artículos

Las políticas encarecedoras y expulsivas en la Ciudad de Buenos Aires lo único que hacen es aumentar. En esta nota analizamos cual es la situación actual de la economía y vivienda de los ciudadanos y el rol que ocupa el Estado en su desempeño.
Gilda se hizo Santa porque así lo quiso el pueblo. A 25 años de su muerte, recorremos su vida y su impacto social, el cual sigue siendo vigente.
El intendente de Tapalqué habló con revista Zoom sobre los cambios en el gabinete nacional y provincial. Conversamos sobre la economía y creación de trabajo como ejes de campaña en la llegada de las elecciones generales.