Perdido el debate parlamentario por la nueva ley de medios, el frente de combate de opositores y empresarios será que las provincias traten de colisionar legalmente con la Nación. El primer paso es que dicten sus propias leyes de regulación y, cuando lo hayan logrado, limar la autoridad de la reforma que lleva adelante el Gobierno nacional. Macri hace punta en Capital y de paso trata de recaudar.
Gracias a la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Mauricio Macri tiene una caja nueva. Se trata de toda la recaudación que acumulará a partir del año próximo, cuando la ciudad empiece a cobrar un impuesto del 4% sobre la facturación total de todas las empresas de cable que operan en la ciudad. Hablamos del terreno más cotizado del mercado de cable, que según el propio jefe de gobierno porteño, es «el tercer sistema de Cable en el mundo, un sistema de información plural, abierto, diverso y extendido por todo el país que le da trabajo a 62.000 personas». Las lisonjas fueron pronunciadas por Macri hace menos de una semana en las Jornadas Internacionales de Cable, pero tuvo como destinatario al Grupo Clarín, operador de Cablevisión y Multicanal, las dos principales empresas cuya fusión fue suspendida por el COMFER, luego de que el multimedios desatara su ofensiva contra el proyecto de ley de SCA impulsado por el Ejecutivo. Las dos empresas son una de las principales fuentes de ingresos del multimedio y su principal flujo proviene de la ciudad, la jurisdicción que hasta ahora nunca reclamó su potestad legal para cobrar derechos a las empresas de cable por el tendido sobre su territorio.
Si el proyecto macrista presentado por el diputado Oscar Moscariello prospera en la Legislatura porteña, a partir del año próximo las dos empresas de Clarín y Telecentro, deberán reportar a la futura Agencia de Medios y Libertad de Prensa (ALIP), el organismo que les cobrará un gravamen del 4% sobre su facturación bruta. Si no cumplen con las nuevas regulaciones que fijará el ente, las cableras deberán afrontar multas que podrán llegar al 10% de la facturación total de la publicidad vendida durante el mes anterior al momento de la falta cometida, o el impedimento de transmitir comerciales o la caducidad de la autorización para transmitir. El rosario de penas incluye sanciones públicas en todo el sistema de transmisión y la creación de un comité colegiado que regulará las funciones de la ALIP, aunque su director será designado por el jefe de Gobierno.
El texto, es una de las dos leyes que presentó el macrismo. El primero, para el cable, busca establecer puntos de contacto con la industria para contrarrestar los alcances de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El segundo, ingresó a principios de octubre y define el marco regulatorio para que la ciudad pueda exigir su derecho a normar el espectro radioeléctrico, justo la actividad que regula la nueva ley de Radiodifusión. Es decir, que una de las dos normas está hecha para que el Estado porteño termine en un duro litigio legal con el Estado Nacional en la Suprema Corte, la instancia natural para disputas de este tipo.
De todos modos, mientras este conflicto madura, la ley del cable reglará una industria cercana al millón de abonados y los totales facturados por mes son los principales ingresos nacionales de Cablevisión, Multicanal y Telecentro, la tercera del sector, perteneciente a Alberto Pierri, dueño de Canal 26 y presidente de la Cámara de Diputados durante toda la década de los ’90.
Si los planes macristas prosperan, la nueva ley prevé la posibilidad de regular el negocio y deja abierta la puerta para admitir el triple play, el servicio de telefonía, cable e Internet por parte de un mismo operador, a contramano de la flamante Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nacional. El capítulo 2 del proyecto PRO determina la posibilidad de controlar “la incorporación de nuevas tecnologías”, “otorgar nuevas autorizaciones a nuevos operadores” e “intervenir en casos de posiciones dominantes”.
El matutino La Nación reveló que según la consultora Analogías, más del 50% de los hogares que reciben los tres servicios en forma separada están interesados por tenerlo todo a través de un solo prestador. Dentro de la industria, las estimaciones sostienen que en los próximos cinco años ese negocio podría llegar al millón de abonados, una cifra que explica los afanes porteños por regular esta industria.
Una semana después de presentar el proyecto en la Legislatura, Macri estrenó su discurso para las empresas de cable, un sector que espera que la batería de leyes porteñas les permita mantener su tasa de ganancia, un negocio varias veces millonario que es envidiado en toda América Latina. “A pesar de las crisis tenemos islas de altísima calidad. Debemos integrarlas a partir de los acuerdos para generar riqueza y trabajo para todos, para terminar con la pobreza. Una de esas islas es el Cable”, disparó el hijo de Franco y anticipó que a partir del 10 de diciembre hay más ambiciones. “En el nuevo Congreso nacional revertiremos los errores y la falta de visión estratégica del Gobierno. Una visión que atenta contra las fuentes de trabajo, contra el pluralismo y contra la vida ciudadana. Con el nuevo Congreso y con el sentido común de nuestros jueces, buscaremos una reforma que no debe ser traumática si no constructiva”. Más claro imposible: perdido el debate parlamentario durante la sanción de la nueva ley de medios, el segundo frente de combate será que las provincias traten de colisionar legalmente con la Nación. El primer paso es que dicten sus propias leyes de regulación y cuando lo hayan logrado, limar la autoridad de la reforma que lleva adelante el Gobierno nacional.
En esa línea, el Presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable, Walter Burzaco, arremetió contra la norma oficial y no ahorró dramatismo. “Esta Ley es una espada de Damocles para el Cable en la Argentina. Y no surgió como un hecho aislado. Es el resultado de una campaña sistemática contra nuestra industria emanada desde el poder. Los límites al desarrollo del Cable conforman una arquitectura pensada para ahogar, limitar, desguazar la expresión ciudadana. Nunca se ha visto semejante virulencia contra un sector cuyo único pecado es haber logrado ser independiente y exitoso”. Pero lo cierto es que toda esa literatura es para proteger a una de las columnas del oligopolio del cable controlado por Clarín. De hecho, la ley PRO también tiene previsiones para definir sobre “posiciones dominantes en el mercado”, un punto central dentro de un combate que recién empieza.
Pero sus tiempos serán cortos. Ahora Macri se olvidó de las críticas que lanzó durante la sanción de la nueva ley de medios. Existe una razón de mucho peso: la nueva ley de cable debe estar aprobada antes de que cambie la hoy favorable composición de la Legislatura a partir del 10 de diciembre. Los plazos macristas descartan que la ley para el cable esté aprobada a mediados de noviembre. Todo muy PRO para Clarín, el nuevo amigo de Macri.
