Quién es quién en el juicio por la Masacre de Avellaneda y quiénes no serán juzgados

Por Prensa de Frente, especial para Causa Popular.- Se espera que el juicio que comenzó el 17 de mayo dure alrededor de 6 meses. A tan sólo dos semanas de su comienzo, el caso ya comenzó a dar sus primeros cimbronazos y el Gobierno Nacional anunció la apertura de los archivos de la SIDE. Más allá de los pronósticos y que realmente los archivos sean abiertos, es vital comprender la trama de uno de los casos más importantes de la historia reciente. En esta radiografía del juicio, las víctimas, los familiares, las organizaciones donde militaban, los imputados, los abogados de la querella, los abogados de los policías, el Tribunal, los jueces, la fiscalía y por supuesto el nombre y el rol de quienes no serán estarán sentados en el banquillo.

Las víctimas

Se juzgarán en esta instancia los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y las agresiones con postas de plomo sufridas por los manifestantes Aurora Cividino, Marcial Bareiro, Sebastián Conti, Walter Medina, Miguel Ángel Paniagua, Héctor Pantoja, Marcial Bareiro.

Los familiares

De la familia de Darío Santillán, su padre Alberto y su hermano Leonardo son quienes vienen sosteniendo públicamente el reclamo de justicia. Vanina, Mara y Julieta Kosteki, son las hermanas de Maxi que asumieron el reclamo público tras el fallecimiento de su madre, Mabel Ruiz, en septiembre de 2003.

Las organizaciones donde militaban

Darío Santillán integraba el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) “Aníbal Verón” de Lanús, hoy Frente Popular Darío Santillán. Maximiliano Kosteki integraba el MTD de la localidad de Guernica, que ahora lleva su nombre. De los heridos por los cuales se imputa a los policías en esta causa, Cividino integraba una Asamblea barrial de la Capital Federal. Conti, Barreiro y Medina continúan integrando los Movimientos de Desocupados que conforman el Frente Darío Santillán. Junto a sus compañeros acamparán frente a los Tribunales de Lomas de Zamora.

Los imputados

Los principales imputados son el comisario inspector Alfredo Fanchioti y el cabo Alejandro Acosta por 2 homicidios y 7 tentativas de homicidio. Además, los por entonces policías bonaerenses Félix Vega, Gastón Sierra, Lorenzo Colman, Carlos Quevedo y Mario de la Fuente serán imputados por el delito de encubrimiento agravado y el ex policía Francisco Robledo será juzgado por el delito de usurpación de “títulos y honores”, al actuar como policía durante la represión.

Los abogados de la querella

El Dr. Pandolfi patrocina a los manifestantes heridos de bala, y es quien más de cerca siguió la causa desde sus inicios. Para el juicio lo acompañarán Rodrigo Borda y Gerardo Fernández. (del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS) y la Dra. Sofía Caravelos. Alberto Santillán es patrocinado por el Dr. Thompson, e incorporó recientemente al ex -juez Mariano Verges. Las hermanas de Maximiliano, por su parte, serán representadas por la Dra. Claudia Bracamonte, de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel).

Los abogados de los policías

El ex- comisario Inspector Alfredo Fanchiotti será defendido por el Dr. Amilcar Chiodo; los ex -policías De la Fuente, Sierra y Robledo, por el Dr. Javier Raidan; el ex cabo Acosta, contará con un defensor oficial, el Dr. Vaca Paunero.

El Tribunal, los jueces

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Nº 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sito en Camino Negro y Av. Larroque. El tribunal está integrado por los jueces Roberto Lugones, Elisa Moyano y Jorge Roldán.

La Fiscalía

El fiscal encargado de la acusación durante el juicio será el Dr. Bernardo Schell. La etapa de instrucción estuvo a cargo del fiscal Juan José González, cuestionado por haber sido miembro de la misma policía bonaerense que debía investigar.

Quiénes no serán juzgados en esta instancia

Al menos otras dos causas complementan la investigación sobre los responsables materiales de la Masacre de Avellaneda: la que se sigue por el ataque al local de Izquierda Unida en Avellaneda , y la que juzgará al policía Carlos Leiva, que se mantuvo prófugo hasta después de que esta causa fuera elevada, por lo cual tendrá su propio juicio. Sin embargo, ni en esta causa central ni en las dos accesorias se investigó la autoría intelectual ni las responsabilidades políticas detrás de la acción puntual de quienes apretaron el gatillo.

Los políticos sospechados de haber tenido responsabilidad en los asesinatos, como autores intelectuales o responsables políticos, son quienes entonces eran:

Luis Genoud, Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires

Por su cargo, responsable político directo del accionar de la policía bonaerense, fuerza a la que pertenecían quienes dispararon con munición de guerra sobre los manifestantes.

Juan José Álvarez, Secretario de Seguridad de la Nación

Bajo su mando se encontraba el operativo conjunto de tres fuerzas federales que acompañaron a la policía provincial en la represión. La policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Nacional, junto a la Policía Bonaerense, actuaron bajo el mismo mando en una acción coordinada. Además de ser el responsable del operativo conjunto, después de los asesinatos repitió en una conferencia desde la Casa de Gobierno los mismos argumentos que esgrimía el comisario Fanchiotti para justificar los crímenes y achacar la responsabilidad por las muertes a los mismos manifestantes.

Alfredo Atanasof, Jefe de Gabinete

Dos días antes de la Masacre había hablado, en nombre del gobierno, de “una guerra de unos contra otros”. En la misma sintonía que este alto funcionario del Gobierno Nacional, los policías que cometieron los asesinatos dijeron que “los piqueteros se mataron entre ellos”.

Jorge Matzkin, Ministro del Interior

Dio la conferencia de prensa posterior a los crímenes donde el gobierno instaba a los gobernadores provinciales a “tomar medidas” ante la “espiral de acciones concertadas” que configurarían un plan insurreccional por parte de los piqueteros, en un claro mensaje de reivindicación de la represión y llamado a que se extendiera al interior del país.

Carlos Soria, Secretario de Inteligencia del Estado (SIDE)

Elaboró los informes que hablaban de la infiltración de la guerrilla colombiana entre asambleístas y piqueteros, y los difundió en distintos ámbitos políticos y periodísticos buscando convencer de que lo que enfrentaba el gobierno era una escalada de violencia guerrillera, y sobre esa hipótesis justificar la represión.

Oscar Rodríguez, vice-jefe de la SIDE

Desde una sede operativa de la Secretaría de Inteligencia a su cargo, partieron tres llamadas al celular del comisario Fanchiotti que comandaba la represión y tuvo responsabilidad directa en los asesinatos. Su condición de hombre de extrema confianza del entonces presidente Duhalde, así como los antecedentes de proceder mafioso en su desempeño como intendente de un distrito bonaerense, refuerzan los indicios que lo vinculan con el comisario Fanchiotti en otros hechos ilegales previos a esta Masacre.

Jorge Vanossi, Ministro de Justicia

En base a los falsos reportes de inteligencia, presentó una denuncia contra los manifestantes apelando a la ley de “defensa de la democracia”, acusando a la movilización de incurrir en 17 violaciones al código penal, reforzando la estrategia que desde el gobierno nacional encubría a los policías y criminalizaba a las organizaciones populares.

Felipe Solá, Gobernador de la provincia de Buenos Aires

Avaló y felicitó públicamente al comisario Fanchiotti, autor de los crímenes, quien era, en última instancia, funcionario del gobierno provincial que él conducía.

Eduardo Duhalde, ex Presidente de la Nación

“No lo vamos a permitir más, hay que ir poniendo orden”, dijo, días antes de la represión, en referencia a la decisión gubernamental de evitar los bloqueos a los puentes de acceso a la Capital. Por boca suya hablaron, en los días posteriores, los ministros antes citados que ratificaron el carácter de “decisión de Estado” de la represión criminal.

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