¿Quién cumple la ley en la ciudad de Buenos Aires?

Nadie, o muy pocos, aunque a partir del incendio de República Cromañón muchos ciudadanos honestos nos comprometimos in pectore a no seguir practicando nunca más la ilegalidad. El titular de Gobierno de la ciudad, Diego Gorgal, ha descubierto que no se cobra el 75% de las multas labradas por distintas infracciones a las distintas normas. O en otras palabras, que quedan exentos de todo castigo tres cuartas partes de los actos ilegales que se producen diariamente en la ciudad.

De esta manera, los trasgresores se pasan la ley por esas partes del cuerpo que tienen buena prensa cuando marchan detrás de señoritas bien dotadas por la naturaleza o los cirujanos plásticos.

El grueso de las infracciones que no se castigan corresponde a la vía pública, y en especial y crónicamente, a las líneas de colectivos.

¿Por qué las empresas de transporte no pagan las multas, señor Jorge Telerman?

Como ciudadano moderadamente honesto domiciliado en la ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de los Buenos Aires, acepto todo tipo de respuesta, excepto aquellas que puedan clasificarse en el rubro testimonial, descriptivo y periodístico, como por ejemplo que usted acaba de descubrir, horrorizado, que no se cobra el 75% de las infracciones, y que la mayoría son de las líneas de colectivos.

Eso ya se sabe y usted no asumió hace unas horas.
Quince días atrás, usted descubrió que en el Barrio Los Piletones de Soldati vivían unos cientos de familias en condiciones infrahumanas.

No se comprende que se haya alborotado por una situación tan fuerte, porque en varios años anteriores, usted no limitó su acción de gobierno a realizar festivales musicales. ¿Acaso era usted el titular de Desarrollo Social?
Un mes atrás, usted descubrió que existían unos 200 talleres clandestinos del rubro textil que practicaban impunemente el trabajo servil.

No es su fuerte, es cierto. En todos estos años, usted dedicó sus mejores esfuerzos a organizar, y acaso producir, festivales musicales (varios de ellos de probada calidad, hay que reconocerlo) y al Desarrollo Social.

La situación de Los Piletones pareciera demostrar que el Desarrollo Social es algo más que repartir subsidios a los amigos y contratar hoteles espantosos para personas excluidas a un costo que permitiría a sus pasajeros contar con sauna y otros servicios de cinco estrellas.

Si el gobierno de la Ciudad conocía el funcionamiento de esos talleres, y su Constitución le otorgaba la atribución denominada “policía del trabajo”, ¿por qué no se hizo nada? ¿A qué dedicó todo el tiempo de su gestión el renunciante Florencio Varela? ¿A hablar sobre la policía del trabajo en seminarios y congresos internacionales?

Tampoco sabía el señor Telerman que a pocos metros de ese “polo” de exclusión que es Los Piletones, la Corporación del Sur, desnaturalizando la propia ley de su conformación (que, debemos recordarlo, se sancionó nocturnamente, unos minutos antes que vencieran los plazos, con su gallarda presencia en la Legislatura) se dedica al negocio de producir espectáculos deportivos, en este caso el tenis internacional, en lugar de desarrollar socialmente la zona sur donde está ubicado Los Piletones.

Ni que ese organismo -que, vale recordarlo, fue sucesivamente dirigido por Arnaldo Boco, Kelly Olmos y el actual titular de Producción, Enrique Rodríguez- nunca cumplió función alguna. Muy por el contrario, se limitó a cumplir el papel de atractivo como inservible superorganismo dedicado a pagar favores políticos mediante un abundante directorio.

Una feria de ropa en la avenida Patricios, publicitar un polo tecnológico que nunca existió, la construcción de un estadio para gente pudiente y el diseño de un gran negocio privado de construcción de viviendas y shoppings en las cercanías de la antigua cárcel de Caseros, han sido sus logros más notables y acaso los únicos.

Siendo así, es muy probable que la locuacidad del señor Gorgal por hacer público cómo se perdona la ilegalidad en la ciudad, no se deba a la recta conducta de un funcionario público, sino apenas un síntoma de que el señor Gorgal quiere poner gente propia en el área administrativa de infracciones.

Quien esto escribe, no entiende la ansiedad que se apropia de funcionarios y aspirantes a funcionarios cuando hay que fundamentar un cambio de denominación en las áreas de gobierno, con el objetivo, al parecer, de “jerarquizarlas”.
Para empezar, un intendente se convierte en Jefe de Gobierno pero sus efectividades conducentes se reducen a actuar como intendente.

En la jerga burocrática usual en el país, lejanamente emparentada con la que heredamos del Reino de España, todo organismo público tiene niveles determinados: división, departamento, dirección, dirección general, subsecretaría, secretaría.

Ahora agregamos ministerios.

Probablemente, cuando los actuales Ministerios eran desjerarquizadas Direcciones o Departamentos, o incluso Divisiones, las funciones se cumplían. No se lo simulaba.
El descubrimiento del señor Gorgal, que estrenó sus conocimientos sobre “seguridad urbana” como colaborador de Juanjo Álvarez después del incendio de Plaza Once, permite hacer un ejercicio de ficción:

El sistema de controles funciona medianamente bien, y las bengalas fatales de República Cromañón, en lugar de chamuscar la mediasombra, hieren levemente a un asistente.
El pibe lastimado es llevado al hospital Ramos Mejía y curado gracias a la tarjeta que muestra el señor Emir Chabán para su atención inmediata.

Una inspección determina que República Cromañón tiene certificado de bomberos vencido, habilitación falsificada, falta de salidas de emergencia, número de concurrente superior al autorizado, ventilación forzada insuficiente, decoración combustible, medios de egreso tapiados con alambre, etc.

Todo ello causal de su inmediata clausura, en la que se labra un acta de infracción similar a las mencionadas por el señor Gorgal.

Las fajas de clausura impiden el ingreso al local. Como lo hizo más de una vez en Cemento, el señor Emir Chabán rompe esas fajas y Callejeros se presenta nuevamente, y después de ellos, otros conjuntos del mismo rubro.
En los próximos seis meses, el manager es citado a la Justicia Contravencional. Por sus influencias políticas, o porque interpreta un sainete frente al señor Juez, Chabán es eximido del pago de la multa, prometiendo que en poco tiempo va a solucionar todas las infracciones.

Una inspección posterior determina que se contraviene la clausura. Nuevas actas. Transcurren otros seis meses. Chabán interpreta un nuevo sainete o llama por teléfono a algún conocido del gremio, por ejemplo al señor Jorge Telerman.

Al año de la clausura, la infracción prescribe y Chabán está nuevamente en libertad de continuar con un local con certificado de bomberos vencido, habilitación falsificada, falta de salidas de emergencia, número de concurrente superior al autorizado, ventilación forzada insuficiente, decoración combustible, medios de egreso tapiados con alambre, etc.

La diferencia entre la ficción y la realidad son 194 muertos. Puro azar.

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