Cuando el martes la patronal agropecuaria anunció un nuevo lock out, como ciudadano de a pie me sentí fastidiado por la carga de amenaza y cinismo que conllevaba esa conferencia de prensa.
Hoy, con los mismos argumentos e impunidad del 11 de marzo, pretenden motorizar una nueva arremetida sin siquiera hacer una mínima evaluación: si las retenciones móviles estuvieran vigentes, estas acompañarían la caída de los precios de los commodities que mermaron sensiblemente al compás de la crisis financiera mundial provocada por los Estados Unidos y el gobierno de Bush. Por ende, estarían tributando mucho menos.
Un ejemplo: el Estado impuso un 28 por ciento de retención sobre el trigo exportado hace una semana, el 24 de setiembre. Con la Resolución 125, la retención habría sido del 23,3%.
La única novedad, evidente, es la sequía. Pero, ¿hacía falta semejante amenaza? Si la Mesa de Enlace hubiera reclamado que el Gobierno haga llover y reimponga la movilidad de las retenciones, hasta hubiera parecido más sensato que este nuevo lock out.
El secretario de agricultura es el funcionario más competente, honesto y con mayor nivel de decisión que han tenido como interlocutor. La ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) que preside Ricardo Echegaray, ha sido reconocida por la Mesa de Enlace por su expeditividad: como nunca están saliendo los embarques de carne de conserva, lácteos, etc.
El silencio de los culpables
En esta misma semana en que se anunció la nueva medida de fuerza, se produjo un hecho aberrante en Santiago del Estero. Una familia campesina, miembro del MOCASE (Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero), sufrió la irrupción de un juez con policías y parapoliciales en su pequeño rancho, bajo el pretexto de estar buscando al dueño de casa. Al no encontrarlo, cometieron todo tipo atropellos con los niños, que eran los únicos que estaban allí.
Qué distinto hubiera sido que esa conferencia de prensa extorsionadora hubiera denunciado este atropello. Pero está a la vista que esos pequeños campesinos no forman parte del discurso esquizofrénico del señor Buzzi, que arenga con la impronta de los Evo Morales pero funge de vocero de la Sociedad Rural. ¿La CTA y De Gennaro tienen algo para decir?
La Mesa de Enlace ni siquiera se ha detenido en los informes de sus socios mediáticos, que marcan que la población ya no los aprueba, molesta con la monserga de estos desfachatados, cansada de las mentiras mientras ven que hay compatriotas que deberían ser atendidos más urgentemente. Los “productores” no son mendigos, no son desposeídos, son parte de la trama sojera en estas latitudes, y ya nos hemos dado cuenta que vienen por mucho más que la resolución 125.
Miles de humildes trabajadores rurales son empujados a dejar sus pequeñas tierras para que Monsanto y los saqueadores de campera de carpincho acaben con la soberanía alimentaria y nos transformemos en un país de monocultivo, como está sucediendo en Uruguay y Paraguay.
El desamparo de los pequeños campesinos ante una Mesa de Enlace que más que protegerlos los quiere desterrar, no dista mucho de la situación de otros trabajadores de la Argentina. Muchos, demasiados, invisibilizados por la informalidad laboral. Es hora de articularse, de organizarse, de darse a conocer para que los gobiernos, provinciales y nacional, no puedan hacerse los distraídos.
Esta necesidad sigue ahí, con la misma o mayor urgencia que explotó el 11 de marzo y quedó patente durante (y después de) los cuatro meses de conflicto.
