Por Causa Popular.- En varias oportunidades, desde Causa Popular advertimos que agotada la etapa electoral, y descartado un nuevo golpe militar, Estados Unidos pasaba a una nueva fase para recuperar el manejo del petróleo venezolano. Como queda demostrado con las renovadas amenazas a Irán, Washington no descansará hasta lograr mantener bajo su órbita este recurso estratégico, perecerá en el intento si es necesario, pero no tirará la toalla. Así lo entiende el mismo presidente de Venezuela Hugo Chávez, y por eso ligó la aparición de un grupo que plantea la autonomía del estado petrolero más importante del país, uno de los dos estados gobernados por un opositor, con la embajada norteamericana. El no hace poco desconocido grupo civil “Rumbo Propio para el Zulia”, que se presenta como de extrema derecha, propuso un plebiscito para alcanzar la autonomía de esa región e instalar un gobierno “capitalista liberal” que haga frente al socialismo de Chávez.
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En la foto El presidente Chávez denuncia:»El imperialismo está intentando dar fuerza…tratando de dar forma a un movimiento secesionista, por supuesto, para adueñarse de la gran riqueza allí».
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Apenas supo de los intentos cesionistas de este pequeño grupo, Chávez apuntó al gobernador del estado de Zulia, uno de los dos estados que siguen en manos de la oposición. En el programa Aló presidente emitido el domingo 5 de marzo, Chávez advirtió al gobernador de Zulia, Manuel Rosales, que “no se vuelva loco”, que el mismo se encargará de ponerlo “en su sitio”, en caso de estar involucrado en la iniciativa separatista.
Luego acusó al Gobierno de Estados Unidos de alentar el plebiscito para declarar la autonomía de Zulia, donde se encuentra buena parte de los principales yacimientos petroleros de Venezuela, de los cuales, señaló Chávez, Washington pretende “apoderarse”.
El pasado 2 de marzo, la Fiscalía venezolana comenzó una investigación, por la presunta comisión de delitos contra la seguridad nacional al grupo opositor “Rumbo Propio para el Zulia”. Respecto al señalamiento de Chávez, el fiscal general, Isaías Rodríguez, negó que hasta el momento existan datos que vinculen al gobernador Rosales y el grupo secesionista, liderado por un economista llamado Néstor Suárez, el profesor universitario Alberto Mansueti y un militar retirado y empresario Hildemaro Ferrer.
Rodríguez, consultado por la prensa, tipificó como hechos delictivos de traición a la Patria y conspiración contra las estructuras fundamentales del Estado, un proyecto que pretende escindir de Venezuela el estado Zulia. “Hemos recabado una buena cantidad de información, nombres, declaraciones, hemos ordenado la fotografía de vallas alusivas a este intento y es posible que además de la investigación penal adelantemos otra acción”, afirmó el ministerio público.
Además, Rodríguez agregó que sectores opositores al ejecutivo bolivariano han coincidido con la fiscalía en que esa tentativa puede catalogarse como un posible delito. Si bien el fiscal general aclaró que tampoco existen indicios de que este involucrado el embajador norteamericano en Venezuela, William Brownfield, apuntó que el diplomático estadounidense tiene “una excelente relación” con el gobernador de Zulia, y visita con mucha frecuencia esa zona, donde se ubica el Lago de Maracaibo.
Amplios sectores de la sociedad venezolana comenzaron el pasado martes 7 movilizaciones de rechazo al plan separatista. De lograrse este intento secesionista, Venezuela no solo perdería una importante reserva de combustible fósil y sino que además permitiría a Washington establecer una base militar en la zona. Contradiciendo las declaraciones del fiscal, el coordinador nacional del Movimiento V República (MVR) William Lara apuntó (como también lo hiciera Chávez) al embajador de Estados Unidos en Venezuela, William Brownfield, a quien acusó de haber participado de las reuniones realizadas en Zulia para gestar la separación.
Por su parte, Giancarlo di Martino, alcalde de Maracaibo, segunda ciudad del país y capital de Zulia, aseguró que se trata de un proyecto de Estados Unidos, y agregó que no descarta que este sea apoyado por paramilitares colombianos.
Las posibilidades de Washington de derrocar al presidente de Venezuela Hugo Chávez por medio de las elecciones quedaron agotadas luego del plebiscito revocatorio, que el presidente Chávez ganó con más del 60 por ciento de los votos. Así quedó demostrado en las últimas elecciones legislativas en las que la oposición no se presentó, en común acuerdo con la Casa Blanca, intentando deslegitimar el carácter democrático de la nueva Asamblea Nacional.
Las denuncias a nivel internacional por parte de los Estados Unidos se redoblaron desde entonces, intentando deslegitimar al gobierno venezolano, acusándolo de violaciones a los derechos humanos y la libertad de expresión, además de cuestionar las compras de armamentos al exterior. En este mismo sentido el pasado jueves, el gobierno venezolano rechazó el informe elaborado por los Estados Unidos sobre derechos humanos supuestamente conculcados en el 2005 en este país y acusó a Washington de tener “una viga en un ojo y mirar la paja en los ojos de más de cien países”.
El informe sobre Venezuela del Departamento de Estado norteamericano denunció al Gobierno por utilizar el sistema judicial contra la oposición política y limitar la libertad de prensa. “La politización de la justicia, las restricciones a los medios de comunicación y el acoso a la posición política persistieron”, insistió el informe estadounidense.
Desde la republica bolivariana, tienen en claro que si bien no cuentan con las grandes cadenas informativas norteamericanas, sí tienen un enorme capital simbólico acumulado en el mundo gracias a la solidaridad desarrollada a través de su política exterior. Más, en el último tiempo, en que la política agresiva de Washington hacia otros países ensució su imagen en el mundo.
“Venezuela reconoce la autoridad moral de la comunidad internacional cuando está representada por países con una impecable tradición en la materia, y Estados Unidos no es uno de ellos”, sostuvo el gobierno venezolano a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Comunicación. Luego, agregó en forma contundente que “vale la pena, sin embargo, comentar la parte que le toca a Venezuela (…), donde sale muy bien parada”, toda vez que “no se nos acusa, por ejemplo, de bombardear, invadir u ocupar a otras naciones, ni de bloquearlas económicamente, ni de organizar y financiar centros de tortura y escuadrones de la muerte”.
“Tampoco se nos acusa de organizar golpes de Estado (…), secuestrar presidentes o apoyar dictaduras sangrientas”, manifestó el Ministerio en su nota, y agregó que en Venezuela tampoco existen “cárceles secretas” similares a “la infame prisión y centro de tortura de Guantánamo”. Estados Unidos “se limita a repetir las falsas acusaciones de la oposición venezolana y sus empresas de comunicación” y, aunque “fueran ciertas estas mentiras, serían insignificantes comparadas con la violación masiva y permanente de derechos humanos” en esa nación, sostuvo.
Según el comunicado, Estados Unidos “nunca en su historia había caído tan bajo” y “nunca había tenido tan poca autoridad para opinar en la materia”.
Esta impecable respuesta elaborada por el gobierno venezolano, pone sobre la mesa las debilidades políticas de la Casa Blanca para pensar en una invasión con sus tropas en el corto plazo. Si prospera la carta de la secesión, dejaría al borde de la guerra civil a los venezolanos, y la posibilidad de una intervención militar estaría más cercana. Al menos esto es lo que deben estar especulando desde Washington. De todas maneras, no dejan de ser especulaciones, hoy la revolución bolivariana está fortalecida, y se espera que su pueblo apoye masivamente a Chávez en las elecciones presidenciales de diciembre próximo.
