La ley nacional de facto N° 22.278 (Régimen Penal de la Minoridad) promulgada por la última dictadura militar en 1980, es un pesado lastre de la democracia. Por razones electorales y meramente coyunturales, las fuerzas políticas con representación parlamentaria iniciaron estos días un debate para elaborar un nuevo régimen penal para niños y adolescentes de 18 años.
La pereza e indiferencia de los sucesivos gobiernos y mayorías parlamentarias para tratar una ley que reemplace a la 22.278 se intenta saldar en paralelo al fomento mediático sobre la inseguridad y el uso perverso que de este tópico hacen muchos dirigentes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición.
El debate empezó rápido, con la aspiración de terminar rápido y con algún producto que conforme a “la gente”. Para salir del paso. Si así se da el proceso, sabremos que nada bueno debe esperarse de lo que se apruebe, por lo menos para los niños y las niñas.
Todos los delincuentes son niños
Las noticias hicieron foco, se refieren, casi con exclusividad, a hechos ocurridos en el conurbano bonaerense. Pareciera ser el único territorio donde se delinque, y donde todos los delincuentes son niños. Los protagonistas mayormente son niños no punibles por la edad. Este escenario es muy conveniente para despertar la necesidad de debatir una nueva ley, pero por sobre todo, bajar la edad a partir de la cual un adolescente es punible.
En realidad se debaten temas más profundos, que los abogados sabrán tratar. Lo importante acá es la construcción mediática del asunto, que direcciona la opinión hacia lugares confusos, simplistas, vacíos.
La agenda de los medios ha instalado un solo aspecto del drama de la niñez, y a caballo de ella se suben varios, no habiendo espacio para las voces criticas a la propuesta de bajar la edad de imputabilidad, con las consecuentes y muchas veces probadas propuestas para prevenir la violencia. Eso o eso es la solución, es el tema central a debatir, no hay que dar mucha vuelta, quien esté en contra está a favor de la inseguridad.
En su momento, la propuesta del gobernador Scioli de bajar la edad de imputabilidad tuvo como consecuencia varias voces de rechazo, y una avanzada mediática para legitimar el tema en la opinión pública. A partir del bombardeo incesante de noticias, se intenta construir un sentido particular de la relación del delito con la juventud: los jóvenes cometen delitos más violentos, más irracionales y más desmedidos. Las noticias intentan mostrar un desacople entre lo que se quería robar y el resultado fatal o trágico del hecho, poniendo en primer plano la violencia. Hasta pareciera que ya no hay asaltos sin muertos, ¿no?
Jóvenes, pobres y peligrosos
La presentación del “pibe chorro” es llamativa. Un adolescente aislado, solo, acechando. Niños sin historia. El relato periodístico nos presenta seres irracionales, agresivos. Los jóvenes son más jugados, diría el inefable Ministro Arroyo. Esta definición es funcional al discurso mediático, mas allá de su relativa veracidad. Edifica un enemigo con signos visibles: joven, pobre y peligroso. Como las madres que se dedican a parir por un subsidio, serían aquellos que atentan contra la ciudadanía desprevenida, aprovechándose de la bondad del Estado y de la sociedad.
Ese es el flash televisivo. Pocas veces se habla de la presencia de redes mafiosas, dirigidas por adultos y asociadas al poder, que están vinculadas al delito.
En un momento donde se reclama la aceleración de los juicios a los genocidas, se intenta instalar la idea de un país sitiado por los niños. Se oscurece un país sitiado por la impunidad. Está claro que la seguridad, tanto como la impunidad, son construcciones sociales, más que sensaciones. El sentido de los términos está en disputa, según quién lo use se desgrana un concepto. Hoy la opinión se forma y se deforma, muta y se desliza por sentidos antagónicos según los intereses en pugna y una coyuntura electoral polarizada. El relato hegemónico es el de algunos medios.
Un enemigo estereotipado
El discurso y las imágenes propaladas por los medios obturan cualquier posibilidad de debatir el asunto. Crean realidades, las venden como productos terminados que mucha gente consume, cristalizando opiniones que se diseminan y son multiplicadas por los mismos que las fabrican.
La necesidad política de debatir un nuevo régimen penal para los niños parte de la instalación de una idea falsa sobre el tema. La incidencia del delito juvenil es baja, pero la estridencia con que se la presenta alienta un cambio legal que en nada resolverá el problema de la seguridad, salvo en amainar cierta sensación, algunas ansiedades y nada más. La nueva ley legitimará la edificación de un enemigo estereotipado, ya construido, fácil de identificar.
En este escenario, no es pertinente debatir una reforma. La campaña de punición alienta ideas extrañas, y si bien es necesario reformar el régimen penal, los niños ameritan un debate más reflexivo, alejado de la alarma creada por algunos interesados. Hoy el tema está centrado en la necesidad de bajar la edad para castigar, como si hasta la actualidad no se hubiera castigado.
Esa es la demanda construida en la opinión pública. Si la agenda mediática se montara sobre la necesidad de proteger los derechos constitucionales de los niños, otra hubiera sido la estrategia mediática sobre el tema. Pero no fue así.
La insuficiencia del castigo
Hoy pareciera que hace falta dotar a la sociedad y al Estado de instrumentos para combatir el delito juvenil. Pero un instrumento represivo, que legitime el reclamo de castigo, no uno democrático. Ni está siquiera en agenda revisar lo que ha hecho el Estado con los niños y las niñas como producto de sus omisiones y una práctica que siempre ha estado signada por la punición.
Durante años el Estado se desentendió del tema. No hay necesaria coincidencia entre un nuevo régimen penal para niños y bajar la edad de imputabilidad. Pero el tema se nos presenta así, en una articulación falsa. La diputada nacional Nora Ginzburg plantea que hay que bajar la edad a los 10 años, porque los niños ya tienen discernimiento; familiares de Capristo piden se rebane en tajadas al homicida, se propone control de la natalidad en la vía pública. Un pelado ridículo habla de la señora Bonafide.
Hoy cualquier pelandrún opina sobre el tema, como si se tratara de un partido de fútbol. Algunos medios dan lugar a una especie de circo romano de ciudadanos ávidos de sangre, venganza y ¿justicia?
Tal vez cierta gente no tenga hijos, o no los ame. Quizás algunos se sientan resguardados, iluminados por alguna luz que los haga inmunes a la comisión de homicidio. Otros son consabidos delincuentes, amigos de las dictaduras.
Bajar la edad de imputabilidad no solucionará el problema. Alentará soluciones mágicas. Si persiste la lógica actual, el problema es irresoluble, porque las soluciones que se presentan están centradas en castigar. Si el enemigo no se rinde, solo repasar la historia nos dará un pauta de hasta dónde se puede llegar.
El autor es Licenciado en Psicología y se dedica a trabajar con niñez y adolescencia en riesgo.
