Problemas de Caja

El gobierno de Maximiliano Pullaro y una parte significativa del sistema político santafesino se encaminan a discutir y finalmente aprobar una reforma de la Caja previsional de la provincia que, vista desde cualquier ángulo, está orientada hacia un ajuste en formato ortodoxo: suba de aportes, aumento en la edad jubilatoria, modificación a la baja de los regímenes especiales, entre otras líneas de acción.

Desde ya que este tipo de políticas no integró el pack de propuestas electorales del frente Unidos, la heterogénea coalición que comanda con mano firme el gobernador. Eso no implica que haya que lapidarlas per se.

Lo primero que sería conveniente dejar en claro es que existe, en efecto, una problemática global con los sistemas previsionales. No hay prácticamente estructura de seguridad social en el mundo que no exija un aporte “externo” del Estado. En criollo: jubilaciones subsidiadas de alguna forma.

Ahora bien, dicho esto, en el debate ya en marcha sobre la Caja de Jubilaciones de la provincia existe un primer aspecto, a todas luces decisivo, que aún no fue resuelto: ¿Cuánto es realmente el tamaño del déficit que debe ser cubierto? El interrogante surge a partir de una modalidad contable de la actual gestión que fue calificada por sus antecesores como “artificial”.

Según el ministro de Economía de Omar Perotti, el actual diputado provincial Walter Agosto, quien lo sucedió en el cargo, Pablo Olivares, contabilizó 12 meses de gasto en el organismo (pago de haberes) contra 11 meses de recursos (aportes y contribuciones). “De este modo, se aumenta artificialmente el déficit de la Caja de Jubilaciones en $41.000 millones y por ende el déficit de toda la Administración Pública Provincial en el mismo monto. Por eso digo que el déficit real de la provincia no es $131.000 millones sino $90.000 millones”, argumentó el ex funcionario.

La gestión de Pullaro dice que, en realidad, lo que se hizo fue corregir una operación del propio Agosto en sentido inverso en 2005, cuando era ministro de Jorge Obeid e incluyó en el conteo 13 meses de recursos contra 12 de gastos, aprovechando que la Ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado comenzaría a regir recién en 2006.

Se trata, indudablemente, de una discusión con extremos ajenos al entendimiento del común de los mortales, pero con efectos bien concretos. Para ponerlo en un ejemplo de bolsillo para el trabajador estatal: ¿Cuánto es el porcentaje real de aumento de aportes –es decir de mayor descuento jubilatorio- que se necesita para cubrir ese déficit? Se evaluará, seguramente, en la comisión de reforma que integran 6 senadores, 8 diputados, 4 funcionarios del Poder Ejecutivo y 4 representantes gremiales.

A partir de allí, surge otro aspecto sensible para el debate: el origen del déficit. Las estadísticas de la Caja a diciembre de 2023 muestran la existencia de 100.268 beneficiarios, de los cuales 76.403 son jubilados y 23.865 pensionados. Entre docentes (39.021 en total) y seguridad (15.998) explican más de la mitad de las personas que reciben haberes del organismo, que a su vez tienen regímenes especiales de retiro. Una mirada superficial podría suponer inevitable que la tijera pase por allí.

Sin embargo, al observar la tabla de posiciones en monto de haberes promedio de jubilaciones, el primer puesto se lo quedan, por lejos, los judiciales, con $ 2.257.396 contra $ 548.694 de docentes o $ 589.611 de seguridad. Ese top en el ranking se explica, parcialmente, por los siempre apuntados beneficios de los funcionarios de la Justicia: jueces, fiscales y demás autoridades de ese poder.

Si se cruzan la cantidad de jubilados y las erogaciones en el pago de haberes, siempre según estadísticas de la Caja a diciembre de 2023, el resultado es, en líneas muy gruesas, que judiciales insume un cuarto del gasto de docentes con un número de beneficiarios 15 veces menor. O el mismo sector que incluye a los jueces exige un monto similar a seguridad con un quinto de los receptores policiales y penitenciarios.

Con un repaso muy ligero, como el que se hizo en los párrafos anteriores, ya es un intríngulis. Para qué hablar cuando la lupa se posa hacia el interior de cada uno de los segmentos del universo de aportantes y beneficiarios, que además involucra no sólo a docentes, seguridad y judiciales sino también nada menos que a salud, administración central, EPE, Vialidad, legislativos y varios otros. Ni siquiera se intentará en esta nota. Tarea de la comisión.

Ante semejante complejidad sobre la mesa, comienza la tarea de pensar la cobertura del déficit, amén de su achicamiento vía suba de aportes, aumento de la edad jubilatoria y modificación de los regímenes especiales. Y aquí ingresa otro actor relevante, con características especialísimas en el presente: el Estado nacional.

Desde la década del 90, cuando se privatizó el sistema previsional argentino, las provincias que no transfirieron sus cajas a la Nación obtuvieron como contrapartida el financiamiento parcial de sus déficits. La magnitud de esos aportes fueron estructuralmente foco de conflicto. De hecho, a fines de 2023, la administración de Omar Perotti inició una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por diferencias de ese estilo, ratificada por la gestión de Pullaro con la inclusión del siempre ubicuo estudio jurídico Cassagne.

La gran novedad de la actualidad es que el gobierno nacional de Javier Milei resolvió cortar de cuajo esas transferencias, en aras del sagrado superávit fiscal que es pilar de su enfoque económico. Los mandatarios de la Región Central se juntaron días atrás e hicieron un reclamo público en la materia. Final incierto.

Hay, con todo, algunas preguntas que pocos se hacen en tiempos de ajuste furibundo. ¿Por qué está necesariamente mal que las jubilaciones de sectores críticos sean subsidiadas? ¿Por qué el conjunto de la sociedad no debería hacer un esfuerzo por evitar que una docente llegue a los 65 años dando clases y la calidad educativa se deteriore aún más? ¿Por qué los contribuyentes santafesinos no tendrían que garantizar con su aporte que un policía no se arrastre hasta una edad inviable para su delicada actividad? ¿Por qué un planteo de estas características es desestimado por irracional o típico de “degenerado fiscal” sin siquiera discutirse?

Que conste: quien escribe es un monotributista.