Medio millón de porteños padecen problemas en el acceso a la vivienda a pesar de que en la gestión PRO son cinco los organismos que operan sobre esta problemática en la ciudad. En los barrios dicen: “si para arreglar el gas estuvieron 3 años, para solucionar todo no sé cuánto pueden estar”. En la Legislatura aseguran que “la política habitacional de Mauricio Macri es la subejecución presupuestaria”. La clase media, también en problemas.
Alrededor de 500 mil porteños sufren problemas en el acceso a la vivienda o a la propiedad de la tierra. Además, miles de personas se trasladan todos los años a la ciudad de Buenos Aires en busca de nuevas oportunidades de crecimiento. Muchos de los recién llegados, sin otras posibilidades, se instalan en las villas o en asentamientos precarios y hacen crecer la deuda social que las autoridades tienen con los sin techo. Las ocupaciones de terrenos durante el último año, como el Parque Indoamericano o el Club Albariño, abrieron el debate sobre la crisis habitacional que se registra en la capital y echaron luz sobre una situación que hasta ese momento permanecía fuera de la agenda mediática.
Tras conocerse que la ejecución presupuestaria en materia de vivienda durante el primer semestre de 2011 fue del 19 por ciento, la legisladora porteña por la Coalición Cívica y presidenta de la Comisión de Vivienda, Rocío Sánchez Andía, aseguró que “la política habitacional de Mauricio Macri es la subejecución presupuestaria”. El porcentaje de ejecución del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) ha caído estrepitosamente de un 81,9 por ciento en el 2008, a un 56,7 en 2009. A su vez, desde 2005, el porcentaje de presupuesto asignado a este instituto ha ido disminuyendo: ese año le correspondía un 5,4 por ciento del presupuesto total. En 2008, se redujo a un 3,2; y en 2010 fue sólo del 2,4.
Durante la gestión del PRO, ciertas funciones del IVC fueron traspasadas hacia la Corporación Buenos Aires Sur, una sociedad del Estado que responde al Ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera. Con esta medida, el IVC ya no tiene responsabilidad sobre las villas de la zona sur. Actualmente son cinco los organismos que se ocupan de la cuestión de la vivienda: el IVC, la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), Corporación Buenos Aires Sur, Dirección Inmediata del Ministerio del Desarrollo Social y la Unidad Ejecutora de la Ex AU3. “Frente a la descentralización de la política de vivienda, tenemos una falta de transparencia y de datos con respecto a cómo va el avance de la urbanización de las distintas villas del sur de la ciudad”, señala Sánchez Andía. Es que la Corporación del Sur no presenta ante el poder legislativo informes detallados de la ejecución y el avance de cada obra que realiza en las villas que tiene a cargo – la 20, la 21-24, la de Barracas, la 1-11-14 y la 17–.
En el barrio Piedrabuena, en Villa Lugano, viven alrededor de 18 mil personas, un 50 por ciento más de las 11800 personas para las que tiene capacidad. Las condiciones edilicias y de servicios básicos de este complejo habitacional son críticas. Un camión cisterna abastece un tanque de agua que debería proveer a las 2100 viviendas del complejo, pero a pesar de que Aysa asegura que las mediciones son correctas, hay días en que la mitad del barrio se queda sin agua. El servicio del gas no es mejor: más de 400 personas están sin servicio desde hace más de 3 años. José Martínez es delegado del barrio desde hace 4 años y asegura que ya no se acerca tanto a los vecinos “porque como el IVC no cumple, quedo como un mentiroso”. Cuenta, además, que las reuniones con las autoridades del IVC se solían hacer cada mes y medio, pero últimamente se fueron espaciando y se realizan cada cuatro meses. “Yo anoto los reclamos de los vecinos y los ingreso por Mesa de Entradas del instituto. Pueden pasar 6 meses hasta que te dan una respuesta. No tenemos ningún mecanismo más rápido. Me atienden muy bien, pero nunca resuelven las cosas porque dicen que no hay plata”, explica.
En la Villa 31, la población se triplicó durante la última década. Actualmente viven alrededor de 45 mil personas en un espacio que sólo posee servicios para aproximadamente 20 mil. Aunque durante la gestión del PRO en la ciudad se construyeron una cancha con césped sintético, un polideportivo y una plaza para chicos, que nunca habían tenido, los planes definitivos de urbanización se hacen esperar. El primer proyecto creado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, encabezado por el arquitecto Javier Fernández Castro, fue elaborado en el 2002 cuando la población de la villa era sensiblemente menor. “Chacho” Mendoza vive en la 31 desde hace 26 años y es delegado hace 12. Explica: “Está muy bien planteado el tema de la urbanización pero con menos habitantes. Con esta cantidad se complica mucho más. Hoy están contemplados los 45 mil pero hay temas que ajustar porque hay cosas que no queda claro cómo se van a hacer”. En Piedrabuena la propuesta del Gobierno de la Ciudad para solucionar los problemas edilicios tampoco convence a los delegados. Martínez explica que las autoridades quieren que la gente se vaya de los edificios para poder arreglar todo. “Ellos dicen que van a alquilarnos departamentos en otro lado pero no informan cuándo ni dónde. Si para arreglar el gas estuvieron 3 años, para solucionar todo no sé cuánto pueden estar”, asegura.
En mayo, la Comisión de Vivienda de la Legislatura presentó el proyecto definitivo para determinar específicamente cómo se hará la urbanización y la zonificación, qué tipos de vivienda habrá y qué tipos de espacios públicos se construirán, entre otras cosas. Aún aguarda tratamiento en comisión. “Una vez sancionada la unidad ejecutora, que lleve a cabo la urbanización de la villa, se determinará si se pide un crédito internacional o si se financia en conjunto entre Ciudad y Nación. Cuando termine la obra, la idea es que exista un barrio Carlos Mugica integrado realmente, en todo sentido, con el ejido urbano de la Ciudad de Buenos Aires”, explica Sánchez Andía.
A esto se suma la ocupación del Playón de Chacarita, un asentamiento lindero a la estación Federico Lacroze de la línea Urquiza del ferrocarril en el que viven 1714 personas. El Dr. Norberto Oyarbide, que tiene a cargo la causa de 29 familias que viven allí, convocó en una mesa de trabajo a la Comisión Nacional de Tierras, al Ministerio de Desarrollo Social de la Nacion, al IVC, al Programa Buenos Aires Presente del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, y a la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, debido a que son terrenos nacionales dentro de la Capital.
Créditos para pocos
Para la clase media tampoco es fácil el acceso a la propiedad porque las exigencias para aplicar a un crédito hipotecario son muy complicadas de cumplir con un sueldo promedio, que en la Ciudad ronda los 4900 pesos. Si bien los requisitos se han flexibilizado, y se espera que lo sigan haciendo, las cuotas mensuales son altísimas. La cuota mensual de los créditos que ofrece el Banco de la Nación Argentina es de 1326 por cada 100 mil pesos a devolver en 20 años. Entonces para obtener 300 mil pesos, que es lo que mínimamente se necesita para adquirir un inmueble (2 o 3 ambientes en los barrios más baratos), se exige que el grupo familiar demuestre que percibe alrededor de 12 mil pesos mensuales, ya que la cuota no puede superar el 30 por ciento de los ingresos netos. Además de estos valores, se requiere una antigüedad laboral mínima en relación de dependencia de 6 meses en planta permanente o con contrato vigente de al menos un año en el caso de los trabajadores contratados.
El Banco Ciudad ocupa la segunda posición en el mercado hipotecario según el ranking que elabora el Banco Central, detrás del Nación. Durante 2010, la entidad porteña otorgó 3345 hipotecas por más de 532 millones de pesos. Ofrece un interés del 17,5 por ciento a devolver en un plazo máximo de 20 años. Además de las dificultades para acceder a este tipo de créditos, los bancos no prestan el monto total para la compra de la propiedad, sino que cubren hasta un 75 por ciento del valor de la vivienda. Así, se supone que los ciudadanos deben tener un ahorro previo importantísimo.
“La política habitacional macrista tiende a apelar a los sectores más vulnerables y a remarcar la diferencia entre quienes sí merecen la ciudad y quiénes no”, desarrolló la socióloga Florencia Rodríguez en la debate Actualidad y perspectivas de la Ciudad de Buenos Aires en el Centro Cultural de la Cooperación. Y agregó que en este sentido se observa “un desguazamiento en la política del hábitat, con una transferencia de recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad a la Corporación del Sur, a la UGIS y al Ministerio de Espacio Público. Esto provoca una fragmentación de las responsabilidades y genera que los sectores más vulnerables y por lo tanto más afectados no sepan dónde reclamar”.
