Por Causa Popular.- El 28 de enero en el marco del Foro Social Mundial se realizó un encuentro denominado “Las canillas abiertas de América Latina”. Allí, especialistas de varios países contaron sus experiencias relacionadas con la privatización del agua potable. La discusión sobre quién controla un recurso para la vida tan esencial, resurgió en nuestro país luego de la escasez del servicio domiciliario otorgado por la empresa Aguas Argentinas durante el verano, cuyo capital mayoritario está en manos de la empresa francesa Suez.
La experiencia uruguaya que se negó a la privatización del agua y los estragos de Suez en otros lugares de América Latina fueron los temas que atravesaron este encuentro en el Foro realizado en Porto Alegre los últimos días de enero.
Según la crónica publicada en prestigioso sitio de Internet lavaca.org, en Porto Alegre se pudo conocer que no sólo en Argentina, también en Alemania, Chile, Paraguay, Nicaragua y Bolivia, el acceso al agua potable se ha transformado en una batalla económica y política de alcance incierto. En una nota publicada por Causa Popular titulada “El ojo del imperio en el agua de América Latina” describíamos que “cada veinte años se multiplica por dos la demanda de agua de la población del planeta.
Pero si en 1950 la disponibilidad per- capita de este recurso natural era de 17.000 metros cúbicos, a finales de la década del 90 era tan sólo de 7.000. Incluso, en la actualidad, más de treinta estados padecen problemas de escasez de agua, un bien de acceso difícil para más de mil millones de personas.”
En el encuentro realizado en Brasil, especialistas de distintos países contaron sus experiencias en torno a la privatización del servicio de agua. Las similitudes impactaron a los presentes, principalmente la reiteración del nombre de Suez, la empresa trasnacional más grande del mundo en el suministro de agua potable, la accionista mayoritaria de Aguas Argentinas.
El modelo Chileno
Según se describió en el encuentro “Las canillas abiertas de América Latina”, el chileno fue considerado como el sistema más radical de privatización de los recursos naturales. Su modelo se implantó durante la dictadura de Pinochet y luego se aplicó en los demás países de la región, aún en períodos democráticos. “No fue posible parar en Chile pero todavía es posible hacerlo en otros países”, advirtió Sara Surraín de la organización “Chile sustentable”.
Según la expositora chilena con la privatización del agua, el gobierno le aseguró a las empresas privatizadas una rentabilidad anual del 10 por ciento y también se comprometió a hacerse cargo de las facturas de los sectores de menores recursos. Por si fuera poco la firma tiene los derechos concedidos a perpetuidad. En síntesis, comentó Surraín: un excelente negocio para las empresas y uno pésimo para el país.
El agua de Nicaragua camino a la privatización
Magda Lanuza, integrante del Centro de Estudios Internacionales, comentó a su turno que este país transita un camino aún no concluido hacia la privatización. En Nicaragua solo el 62 por ciento de la población tiene acceso al agua potable. El porcentaje viene en disminución, al ritmo de los paquetes de ajuste estructural que promueve el FMI y aplica el gobierno.
Pero los nicaragüenses no se han quedad quietos. En 2001 el agua empezó a ser un tema de lucha: se conformó una red de consumidores, se hicieron manifestaciones, se recolectaron 50 mil firmas para un petitorio y se redactó uno de los dos proyectos de ley que están en danza; el otro es el oficial.
”Los gobiernos, las empresas y los bancos dicen que es una cuestión de lenguaje, que no entendemos que es una modernización y la llamamos privatización. Pero nosotros sabemos que no se trata de una cuestión técnica sino de una cuestión social”, aclaró Lanuza.
En el primer mundo también: el caso aleman
Según transmitío en el encuentro realizado durante el Foro Social Mundial el diputado socialista Klaus Lederer, en Alemania están en el momento justo de una encrucijada. El diputado puso como ejemplo a Berlín, donde las autoridades saben el costo que deberán pagar ante la opinión pública si aumentan las tarifas pero, si no lo hacen, no pueden responder con las ganancias prometidas a las empresas.
Desde hace décadas, en Alemania, la administración del agua es pública.
Pero, hace algunos años, las autoridades comenzaron a abrir los servicios al capital privado, fundamentalmente la electricidad y el gas. ”La política nacional quiere crear condiciones para la entrada de capital extranjero y gran parte de la población está de acuerdo. Es una discusión que interesa a poca parte de la población y en tanto, los cambios -aunque lentamente- avanzan. Se prefiere la renovación tecnológica a la economía integrada del agua. La cultura del agua está cada vez más débil”
La resistencia boliviana
Este caso fue dado a conocer por medio de un folletín repartido por los participantes bolivianos. Según el texto entregado en manos de los asistentes, la Suez se fue de Bolivia luego de un paro cívico de tres días. Tras la negativa de la empresa de ampliar el servicio de agua potable a 200 mil personas pobres de la ciudad de El Alto, el gobierno decretó la terminación del contrato.
Transitoriamente se hará cargo la antigua empresa municipal hasta que se constituya una nueva empresa social con participación de los vecinos y bajo control social de las Federación de Juntas Vecinales (FEJUVEE), la misma que había convocado a la huelga.
La Suez no admitió la media y entabló una demanda multimillonaria contra Bolivia en el Ciadi, (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en donde el Banco Mundial es juez y parte. El folleto propone organizar una campaña mundial contra la trasnacional, una de las que más demandas ha instaurado contra países en desarrollo.
El agua es de todos
A través del mecanismo de democracia directa el 63 por ciento de la población uruguaya votó el 31 de octubre de 2004 la iniciativa de reforma constitucional presentada por la Comisión Nacional en defensa del agua y la vida. En la Constitución se incluyó entonces que el acceso al agua potable y al saneamiento son derechos humanos fundamentales.
Los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua potable para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos.
