Se nos ataca de querer acotar el margen de acción de la Corte Suprema y solo buscamos defender los derechos de los trabajadores judiciales. La cuestión del manejo de la Obra Social, el quite de los descuentos de la cuota sindical y de otras prestaciones, no es un tema menor, como lo quieren presentar. Los trabajadores no tenemos participación en temas fundamentales para nuestra dignidad y no tiene que ver restringir el ámbito de independencia judicial.
Estas iniciativas parlamentarias son para que los beneficios lleguen a todos los empleados judiciales y las más importantes son tres: la que establece las negociaciones colectivas de trabajo en el ámbito judicial, otra que extiende a todos los trabajadores los beneficios previsionales que actualmente sólo goza el sector de magistrados y funcionarios, y la que promueve la participación de los trabajadores en la Obra Social del Poder Judicial.
Estos proyectos de ley son de vieja data, pero recién ahora la propuesta que fija paritarias logró media sanción en Diputados, mientras que también avanza favorablemente la iniciativa que establece el 82 por ciento móvil para los tres escalafones que componen la planta de personal judicial: el de magistrados y funcionarios, el de los empleados administrativos, y el de Obrero y Maestranza.
La UEJN no duda en afirmar que detrás de las presiones y de la supuesta violación de la independencia judicial, de las que habla el diario La Nación, se encuentra, en realidad, la preocupación de una Corte que ve amenazados sus privilegios exclusivos.
Como dijo el líder de nuestro gremio, Julio Piumato: “La nota de Ventura es claramente extorsiva porque pone la lucha de los judiciales por sus derechos como una maniobra del Gobierno nacional para desestabilizar a la Corte. Es decir, los que son victimarios de nuestros derechos, se colocan en víctimas de una maniobra política. Es un secreto a voces que la estrategia la arman Lorenzetti, Maqueda y un ex funcionario de la Corte, que no sé de dónde cobrará su sueldo, que es Nicolás Reyes”.
Las denuncias de Piumato no se quedaron ahí y también se extendieron a la obra social donde los beneficiarios no tienen ni voz ni voto y sufren un abandono permanente, ya que “hay problemas todos los días, hay discrecionalidad en el manejo de los fondos, hay un sinnúmero de causas judiciales por desfalcos a la obra social, que obviamente al estar manejada por jueces federales, esas causas no avanzan. También hay problemas en los servicios y, por ende, recursos de amparo en todo el país.”
Como lo manifestó nuestro Secretario General en el acto multitudinario en Plaza Lavalle, desde el gremio vamos a defender nuestros derechos por la jubilación del 82% móvil, las convenciones colectivas y la participación en la obra social para todos los trabajadores judiciales.
