Pobreza, desarrollo y consistencia económica

En el último mes, desde diversos sectores económicos, políticos, sociales y religiosos han surgido voces que manifiestan preocupación por los altos niveles de pobreza que permanecen en la Argentina y la insistencia de los medios en el tema lo ha colocado en el centro de la agenda política. Esta preocupación sería loable si estuviera acompañada de propuestas consistentes orientadas a superar este grave problema que aqueja a la estructura social de nuestro país y, para llegar a ellas, de los diagnósticos que permitan reconocer las políticas económicas que determinaron el crecimiento de la pobreza y la indigencia como así también aquellas que fueron útiles para disminuirla.

Un simple repaso histórico, de los últimos 50 años, nos permitiría observar que los períodos en los cuales se ha acentuado la extensión de la pobreza a bastos sectores de la población han sido aquellos en los que se ha constatado una acumulación de riqueza en pocas manos. Estos han sido coincidentes con la aplicación de políticas neoliberales y se han notado con gravedad en los países subdesarrollados. Parafraseando al Papa Juan Pablo II, han sido procesos en los cuales “los pobres son más y más pobres y los ricos son menos y más ricos”. Fenómeno que se verifica no solo hacia la distribución interna de bienes dentro de estos países sino que se expresa en un orden internacional en el que los países pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos. Situación ya denunciada por el Papa Pablo VI en la encíclica Populorum Progreessio en 1967 y cuyas raíces coloca en la aplicación de políticas liberales en el comercio internacional. (1)

La vinculación entre pobreza y desocupación

Otra constatación imprescindible a la hora de analizar las causas de la pobreza es la vinculación directa que tiene con la desocupación. Si comparamos el comportamiento de ambos conceptos, en nuestro país entre los años 1993 y 2007, podremos verificar que cuando la desocupación crece aumenta la pobreza. A partir de 1993 y hasta el 2003, el crecimiento de la desocupación lleva aparejado el aumento de la pobreza, mientras que a partir del año 2004 la disminución progresiva del desempleo se refleja en un comportamiento análogo de la pobreza. Entre los años 1988 y 1990 existe un período en el que esta relación no se verifica; esto se debió a que la hiperinflación redujo el salario real a niveles en los que no era suficiente para adquirir la canasta de bienes y servicios; de manera que un porcentaje importante de ocupados aparece por debajo de la línea de pobreza. Esto nos indica que además del nivel de empleo hay una incidencia directa del salario real en los niveles de pobreza. Es más, cuando el salario real cae al punto de que los trabajadores no pueden cubrir con el sus necesidades de bienes, se produce una caída en el consumo que deriva en una insuficiencia en la demanda y, consecuentemente, en un incremento de la desocupación y así se ingresa en un ciclo perverso que va profundizando la situación.

Esto explicará el importante crecimiento de la desocupación a partir de 1993 y hasta 2002. Período en el cual la regresión derivó en los mayores niveles de injusticia distributiva de los últimos 60 años; al punto de terminar, en el año 2002, con una distribución funcional del ingreso en la que el trabajo participó en menos del 20% y el capital se quedó con más del 80%. Año que, además, muestra los niveles mas elevados de pobreza de las últimas seis décadas, consecuencias de la crisis final del programa de convertibilidad producido a finales del 2001, programa que significó la más radical aplicación de políticas neoliberales en el país.

A partir del año 2003, el cambio de política económica y la asunción de medidas anticíclicas, orientadas a impulsar la reactivación de la economía, determinaron el fin de la recesión y el inicio de un período de crecimiento que se sostuvo a altas tasas (por encima del 8%) durante cinco años consecutivos. Este programa, posteriormente sustentado en un tipo de cambio competitivo y superávits fiscal y comercial, se inició con un shock de demanda orientado a lograr la ocupación de la capacidad ociosa industrial, que en algunas ramas de actividad superaba el 70%, y de la mano de obra que alcanzaba casi el 20% del desempleo abierto; la pobreza se ubicaba por entonces por encima del 50%. Fue importante para este esquema la reducción de la Deuda por efecto de la quita del 70% producida con el canje de deuda, que generó un alivio fiscal que permitió orientar los ingresos fiscales hacia la inversión pública y las políticas de empleo, y el pago al FMI, que permitió obtener grados de libertad en la política económica. Estos cambios se tradujeron en una disminución sustantiva del desempleo y la pobreza que llegaron en el 2007 a los niveles más bajos desde 1993.

La crisis financiera y económica iniciada en el 2008 tuvo desbastadores efectos a nivel en la economía mundial que se hicieron sentir durante el 2009. En el orden local se detuvo el crecimiento y esto detuviese el ciclo virtuoso iniciado en el 2003.

Por lo dicho, estamos convencidos que no se puede abordar el debate sobre la pobreza sin discutir las políticas económicas y sus efectos sobre el empleo y la pobreza. Si se quiere avanzar en la búsqueda de soluciones no se puede ceder a las presiones de la ortodoxia que pretende, nuevamente, imponer políticas de ajuste. Estas nos llevarían, como en el pasado, a nuevos ciclos recesivos, con desempleo y pobreza creciente. La solución pasa por retomar la senda del crecimiento a partir de políticas de pleno empleo de todos los factores productivos, con distribución progresiva del ingreso.

Políticas destinadas a superar el flagelo de la pobreza

Como hemos dicho en el punto anterior, las políticas destinadas a superar el flagelo de la pobreza deben estar vinculadas al crecimiento. En la actual coyuntura, será necesaria la aplicación de políticas de reactivación, pero el objetivo principal será la implementación de programas de desarrollo. Esto será posible a partir de un modelo que promueva la integración de una matriz insumo producto compleja, sustentada en tres aspectos:

1) Profundizar la producción manufacturera destinada a los mercados interno y externo.

2) Impulsar un desarrollo pleno de las potencialidades de la producción agro industrial, priorizando la exportación de valor agregado, que implica trabajo nacional, por encima de la exportación de commodities.

3) Promover producción de tecnología de punta en la que el país cuenta ya con un nivel importante de avance (nuclear, biogenética, fármacos, software, etc).

Todo el desarrollo industrializador a que de lugar este proceso será generador de trabajo si va acompañado por una adecuada distribución del ingreso, a partir de un salario que permita la conformación de un mercado interno que se transforme en sostén de la demanda de los bienes producidos e impulse un crecimiento sostenido de la producción.

La cuestión del mercado interno no es aleatoria, es fundamental para afrontar el problema de la pobreza. Es sabido que los empresarios producen para vender, por lo tanto, la producción es inducida por la demanda. Esa demanda puede ser externa (exportaciones) y/o interna (consumo interno). Si el peso de la demanda se coloca en el mercado externo la producción no depende del nivel de salarios, y si esa demanda internacional es suficiente puede haber niveles altos de empleo pero con salarios reales bajos (en general con la excusa de la competitividad) que no permitan satisfacer las necesidades de los trabajadores. En esa situación podría darse la paradoja de altos niveles de ocupación conviviendo con altos niveles de pobreza.

El precio de los alimentos y la pobreza

Ahora bien, en la actual coyuntura internacional en la que ciertos commodities alimentarios han alcanzado altos precios en el comercio mundial, por una demanda creciente, la comercialización librada al juego del mercado sin ninguna regulación elevaría los precios internos de los alimentos agravando el problema de la pobreza. Esto es así, porque “la pobreza” es un concepto al que se arriba por la negativa, es decir, “es la imposibilidad de acceder a los bienes necesarios para la vida”. En estos tiempos habría que agregar “para la vida digna”. De allí que para nuestro país, en las actuales circunstancias, el dilema de la aplicación o no de derechos de exportación (mal llamados retenciones) esta ligado íntimamente al crecimiento o disminución de la pobreza, de varias maneras. Veamos algunas:

1.- Si se bajaran los derechos de exportación (retenciones) al trigo y al maíz (y con más razón si se eliminaran) el precio interno de estos granos se elevaría. En consecuencia, los molinos harineros deberían pagar más altos los valores del grano y se elevarían los precios de la harina. De esta manera la pobreza aumentaría por un triple efecto:
1) Primero porque con los mismos salarios los trabajadores podrían adquirir menos productos alimentarios derivados de la harina,
2) Segundo porque se incrementaría el valor de los alimentos de aves y porcinos, cuya alimentación se basa en el maíz, por lo que también sería menor la cantidad de estos alimentos de origen animal que los asalariados podrían consumir.
3) Tercero (tan devastador como los anteriores o más) porque al incrementarse el valor del grano, caerían las exportaciones de harinas, pollos y porcinos, lo que sumado a la caída del consumo interno ya comentada, determinaría el cierre de infinidad de molinos harineros y productoras de pollos y porcinos. Esto traería aparejado un rápido incremento de la desocupación y la pobreza y en muchos pueblos del interior en los que los molinos son la fuente principal de empleo la migración a los cinturones de pobreza de las grandes ciudades.

2.- Si se bajaran los derechos de exportación a la soja. En este caso el problema sería muy grave. Con los actuales niveles de retenciones la soja es el commoditite de mayor rentabilidad, por tal razón ha desplazado en bastos territorios a cultivos tradicionales y a la ganadería. Por el sistema de siembra que utiliza ocupa escasa mano de obra, salvo la que pueden emplear las empresas que se ocupan de la fumigación con agroquímicos (glifosato y otros) y la siembra. Si se bajaran las retenciones a la soja las áreas sembradas con trigo, maíz, girasol y otros cereales o dedicadas a la ganadería caerían, con la consecuente menor producción, y generaría incrementos de precios que profundizarían los problemas descriptos en el punto anterior. Esto sin considerar el deterioro de las tierras que produce el uso de los agroquímicos y las consecuencias en la salud para las poblaciones vecinas a los lugares de fumigación con glifosato y otros agrotóxicos. Está claro que en la coyuntura bajar retenciones a la soja se traduciría en un incremento de la pobreza. Por supuesto que, nos referimos a los grandes productores que son el 90% de los sojeros. Para el resto se podría establecer un precio sostén que debería comercializar el estado.

Ventajas comparativas mas ventajas competitivas

El problema descrito nos lleva nuevamente a la cuestión del desarrollo que ya hemos enunciado. La solución a esta cuestión debe pasar por un modelo de desarrollo integrador en el que se sumen las ventajas comparativas, que otorga el extenso y fértil territorio, y sus potencialidades agricologanaderas con las ventajas competitivas de una industria en expansión. La opción modelo agroexportador versus modelo industrial mercadointernista parece un anacronismo ante la necesidad de desarrollarnos y crecer para superar la pobreza en todas sus formas. Un modelo integrado a partir de sus cadenas de valor nos colocaría en la ruta de crecimiento que debemos profundizar y extender en el tiempo para alcanzar el pleno empleo y el bienestar de todos los argentinos. Cuando decimos esto estamos pensando que debemos producir commodities pero estos se deben exportar con valor agregado. En lenguaje sencillo, mejor que exportar trigo es producir harinas para el mercado interno y para la exportación, mejor que exportar harinas es exportar fideos, galletitas y todos los derivados de la harina que podamos producir. Y esta misma política se debe aplicar a todas las cadenas de valor.

De lo contrario, la afirmación de que estamos en un país rico con un pueblo pobre es una falacia tan grane como la de sostener que el campo produce la riqueza que el estado se quiere apropiar. Las ventajas comparativas de nuestro territorio no se traducen en riqueza sino es a través de su orientación hacia el agregado de valor que produce la industria, que genera puestos de trabajo. Si exportamos commodities la riqueza es para unos pocos que han concentrado la propiedad de la tierra, la producción agraria y la exportación de cereales. Si agregamos valor a través de la industrialización agregamos trabajo argentino, producimos más y mejores bienes para todos y distribuimos la riqueza a través del trabajo. De allí la necesidad de integración de los dos sectores en un modelo de desarrollo con distribución del ingreso que genere un mercado interno que sostenga la producción y el empleo. Es obvio que en estas condiciones se generarán saldos exportables suficientes para mantener un saldo comercial favorable y un superávit fiscal que permita atender el bienestar de los argentinos, además de inducir los avances tecnológicos que nos coloquen en un futuro en el desarrollo de industrias tecnológicas y de bienes de capital. Para esto es también fundamental avanzar con la integración sudamericana y la consolidación del MERCOSUR como un espacio de cooperación e integración y no de mero comercio.

A esta altura, parece absurdo plantearse la opción asistencialismo versus creación de trabajo como estrategias para superar la pobreza. Ni una ni otra son posibles sin crecimiento sostenido. Sin él no hay trabajo pero tampoco hay recursos suficientes para asistir todas las necesidades básicas y fundamentales de nuestro pueblo. Esto no implica que el Estado no deba llevar adelante todas las políticas posibles para paliar las consecuencias graves de la pobreza, pero significa que no se podrán resolver sin retomar la senda del crecimiento.

Los recientes debates sobre la pobreza en el país

Nos hemos detenido en todas estas cuestiones porque nos parece que hay que centrar la discusión en la forma de superar la pobreza y no en si están bien o mal elaborados los índices de pobreza o si los pobres o indigentes son más o menos. Los pobres no son un índice, ni un número. Son personas perjudicadas por un sistema injusto e insolidario, son nuestros hermanos y, por lo tanto, debería ser la prioridad nacional terminar con la pobreza. Pero no solo del gobierno o del estado, sino de todos y eso incluye a la oposición y a todas las instituciones, a todas las organizaciones sociales, a todos los argentinos.

Obviamente, las políticas deben partir del gobierno y pueden afectar los intereses particulares de algunos sectores que pretenden sostener rentas extraordinarias. Tal el caso de los grandes productores de soja que pretenden una rebaja en los derechos de exportación, y si pudieran la eliminación lisa y llana de los mismos. Por eso resulta difícil creer que la preocupación de la Sociedad Rural por la pobreza sea genuina si tenemos en cuenta lo expuesto en el punto “el precio de los alimentos y la pobreza”, sobre todo cuando es conocida su propuesta de compensar el incremento de precios de los alimentos que esto provocaría a través del reparto de bonos alimentarios. (Antigua propuesta de las recetas neoliberales: “concentrar ingreso y distribuir dádivas”)

La preocupación por la pobreza de algunos sectores de la Jerarquía de la Iglesia Católica no es nueva, dado que históricamente se han preocupado por los pobres y se han ocupado de atender sus necesidades. No obstante, es contradictoria en sus planteos para resolver el problema de la pobreza, dado que se basan en orientaciones que provienen de sus asesores neoliberales del Departamento de Economía de la Universidad Católica Argentina y van más por el camino del asistencialismo de Cáritas (sin desconocer el carácter solidario y la respuesta de emergencia que este camino indica) que por el de una transformación de la estructura de distribución del ingreso. No es fácil comprender que la jerarquía eclesiástica aparezca acompañando los planteos de la Mesa de Enlace y el loock out patronal de los empresarios agrarios, cuya resolución, si se diera en la línea que promueven las entidades agrarias, no haría más que afectar el bien común extendiendo la pobreza y profundizándola. Como dice el Padre Eduardo de la Serna “me escandaliza ver a sectores de la Iglesia de Jesús, el Mesías de los pobres, e Iglesia de los pobres, cercana de los responsables de la pobreza» (2). Parece más coherente la postura de los Curas en la Opción Preferencial por los pobres, que viven día a día sus problemas y padecimientos, y que no han acompañado los planteos de los patrones agrarios.

Es urgente e imperioso retomar la senda del crecimiento

En los últimos meses, por efecto de la caída de la demanda internacional derivada de la crisis económica mundial, en nuestro país se ha detenido la senda de crecimiento que se había iniciado en el año 2003. El exitoso modelo económico que indujo cinco años consecutivos de crecimiento a tasas superiores al 8% anual y, a partir de el, el descenso de la exclusión, la desocupación y la pobreza, permitió hacer frente a la crisis con daños menores en los índices de desocupación, aunque con efectos notables sobre el crecimiento de la pobreza. Es el momento de retomar el crecimiento económico. Para ello es necesario que el Estado tome políticas activas que fortalezcan la demanda interna, dinamizando la producción y la inversión. Compensando la caída de demanda externa con crecimiento de consumo interno.

Esto requiere de medidas de corto plazo con incidencia directa en los sectores de menores recursos. Algunas de esas medidas están en debate en la sociedad tales como universalizar el salario familiar, extendiéndolo a los trabajadores no registrados y a los trabajadores desocupados. También se podrían incrementar las jubilaciones y pensiones mínimas, las pensiones por discapacidad, los planes jefas y jefes de hogar desocupados, los planes alimentarios, etc. Un programa de 10.000 millones de dólares que por acción del multiplicador determinaría un crecimiento del PBI de alrededor del 7%.. Este shock operaría como inductor de una dinámica económica similar a lo ocurrido a comienzos del programa en el 2003 que, como dijimos, nos puso en la senda de un crecimiento con tasas promedio del 8% durante 5 años. Crecimiento que nos permitió disminuir el desempleo abierto del 25% al 8% y la pobreza de mas de 50% a menos del 30%.

¿De dónde obtener estos recursos sin recurrir al endeudamiento externo y al déficit fiscal? De las reservas del Banco Central. Si pudimos utilizar 10.000 millones de dólares para liquidar la deuda con el FMI, podemos utilizar el mismo recurso, en su equivalente en pesos, para satisfacer la deuda interna con los argentinos empobrecidos por los modelos económicos neoliberales. Esto implica mantener los fundamentos del programa exitoso que conocimos: superávits gemelos (externo y fiscal) con tipo de cambo competitivo. Si pudimos recurrir a las reservas para lograr independencia económica, suena lógico que podamos usarlas como garantía para combatir la pobreza a través del crecimiento que nos coloque en el camino del desarrollo.

* Director Dto. Ciencias Sociales, Centro de Estudios Socioeconómicos y Sindicales (CESS)

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