Piratas contra la piratería

Propiedad intelectual de contenidos artísticos, software y patentes de medicamentos forman parte de la agenda diplomática de los Estados Unidos en la región, parte de una estrategia global, que presiona aquí a través de la Cámara Americana (AmCham). Muchos jueces argentinos fueron invitados a las ciudades del imperio en viajes de estudio, negocios y placer, todo en uno, invitados por la International Judicial Academy.

La crisis boliviana expuso como noticia una vieja costumbre de Estados Unidos en América Latina: los cursos y seminarios de «capacitación», en cualquier especialidad, para dirigencias políticas locales seducidas por invitaciones desde Washington, que incluyen viajes de “estudio”, negocios y placeres a las ciudades del imperio.

Los políticos bolivianos opositores a Evo no han sido los únicos que viajaron y se capacitaron en Estados Unidos a través del patrocinio de alguna agencia norteamericana. Decenas de jueces argentinos han sido “capacitados” en Washington por la International Judicial Academy, asociación patrocinada por el Departamento de Estado que intenta instalar una cabecera de playa en la justicia de los países de la región. Y por lo menos en Argentina, Perú, Ecuador y Chile, lo han conseguido.

¿Juez argentino o lobbista de EEUU?

La International Judicial Academy tiene como representante argentino al juez civil Ricardo Li Rosi, miembro del consejo académico de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura y panelista habitual de los seminarios organizados por la Cámara Americana en Argentina (AmCham).

A través de la AmCham, una delegación de quince jueces argentinos viajó en agosto a un seminario organizado por la International Judicial Academy sobre propiedad intelectual y ahora prepara la edición de un libro con las conclusiones, financiado por la cámara empresaria. “Las embajadas en América Latina recibieron hace un tiempo la orden desde Washington de organizar seminarios sobre propiedad intelectual para los jueces y funcionarios judiciales para instruirlos sobre un tema en el que, supuestamente, estaban poco preparados”, explicaron abogados especializados en patentes y marcas.

Según la visión desde el norte, las embajadas y los jueces eventualmente “entrenados” deben defender la propiedad intelectual de las empresas estadounidenses en los juzgados latinoamericanos, donde presumen que hay corrupción, tráfico de influencias o simplemente un retraso en la absorción de la legislación internacional sobre el tema.

El Departamento de Estado presionó para que las embajadas se dedicaran a “patrullar” los juzgados donde las empresas estadounidenses habían entablado demandas por presunta piratería de programas de computación, películas, música y medicamentos. Es decir, un universo que abarca desde Microsoft a Walt Disney, pasando por las multinacionales farmacéuticas cuyas patentes han sido quebradas por el gobierno brasileño, en un acto de soberanía contra el abuso y el monopolio.

Brasil, ejemplo a seguir

El gobierno brasileño quebró recientemente el monopolio de Merck (MSD) de Estados Unidos sobre el medicamento Efavirenz, utilizado en el Programa Nacional contra el SIDA, y en su firme pulseada con las multinacionales también rechazó la protección del anti-retroviral Tenofovir solicitada por el laboratorio canadiense Gilead, para iniciar la fabricación local a través del estatal Instituto de Tecnología en Fármacos (Farmanguinhos). El Tenofovir es uno de los medicamentos más caros en los tratamientos contra el SIDA y Brasil destina 43,3 millones de dólares anuales para proveerlo a 31.300 pacientes.

Ese patrullaje por los juzgados de Buenos Aires, Quito o Santiago de Chile, apunta esencialmente a evitar que otros países caigan en la tentación de Brasil o por lo menos a bloquear, mediante demandas judiciales que suelen durar años, a los competidores locales de medicamentos, una de las áreas más sensibles para la oficina de comercio exterior de Washington (USTR) desde la década del ‘90.

La Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR) expresó recientemente su “preocupación ante algunas actividades patrocinadas por el gobierno de Estados Unidos, destinadas a entrenar a jueces de la región en materia de propiedad intelectual con el objeto de influir sobre los magistrados con una visión unilateral e interesada”.

La organización alertó que, desde Washington y mediante esos seminarios para los jueces latinoamericanos, se alienta una “confusión conceptual entre la falsificación de medicamentos y los delitos de piratería y falsificación de derechos de propiedad intelectual (marcas comerciales y derechos de autor) tal como pretenden imponer las compañías farmacéuticas para conservar el monopolio de sus productos en el mercado, desprestigiando a los productos de industria nacional”.

En definitiva, se intenta que esos jueces entrenados en el Norte califiquen de “piratería” a los fabricantes de medicamentos que en India, Brasil, Argentina o Malasia, ofrecen versiones más baratas del original patentado por las multinacionales. Simplificando, sería reducir a la categoría de puestero de La Salada a todo fabricante, grande, pequeño o individual que intente desarrollar una droga o un programa de computación desde su propia investigación y que podría ser sacado del mercado porque existe un registro precedente en la oficina de Patentes de Estados Unidos.

Propiedad privada ante todo

Los seminarios para los jueces latinoamericanos tienen como objetivo que “el propio poder judicial se refuerce el trabajo que diariamente se realiza en pos de la protección de los derechos de propiedad intelectual”, explicó Juan Bruchou, presidente de AmCham, cuando se anunció el auspicio de la entidad a los cursos de entrenamiento dictados por la Internacional Judicial Academy.

La Cámara Americana en Argentina ya había organizado en noviembre de 2007 un seminario en Mar del Plata, para 234 jueces, sobre “justicia y seguridad”, en el que participó James Apple, presidente de la International Judicial Academy. Otros nueve jueces argentinos viajaron en febrero pasado invitados por la organización a Ginebra, Suiza, para participar de un seminario sobre propiedad intelectual, mientras que en mayo se organizó la “Sexta Conferencia sobre Justicia y Evidencia Científica”, en Mendoza, para jueces de Argentina y Chile.

El temario gira siempre sobre el mismo eje: proteger la propiedad intelectual de las multinacionales, o como dijo la joven abogada inglesa Jo Oliver durante la última edición de la Feria Internacional de la Música de Buenos Aires (BAFIM): “hay un derecho fundamental que debe ser garantizado, que es el derecho a la propiedad”. Oliver es la directora jurídica de la Federación Internacional de Productores de Fonogramas (IFPI) y responsable de la campaña global contra usuarios que bajan música en Internet, a quienes amenazó con una persecución judicial.

La abogada estuvo en la BAFIM integrando un panel de la industria discográfica local (Capif). Obvio. No tan obvio, sin embargo, que también fuera invitada por la Dirección General de Comercio Exterior del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para criminalizar desde la tribuna a los “piratas” y amenazarlos con penas de seis meses a seis años de cárcel por “infractores” a la propiedad intelectual.

“Si sabían que todo esto iba a pasar desde hace más de 10 años, ¿por qué en vez de trabajar en criminalizar a todos y conservar su viejo modelo de negocios no invierten en un modelo de negocios que no sea tan dañino socialmente?”, respondió Elena Casañas, de 40 años, abogada y miembro del sitio Hacktivistas, que defiende el derecho a bajar libremente contenidos de la red.

El mismo concepto, un modelo que no sea tan “dañino socialmente” es un reclamo de los países subdesarrollados de África y América Latina, que tienen epidemias medievales como el sida y medicinas a precios del Primer Mundo.

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