Miguel W. Abbate, general. Orlando R. Agosti, brigadier. Juan Alemann, funcionario de la dictadura. Roberto Teodoro Alemann, director de Motor Columbus, , accionista y director de Cía General de Combustibles (CGC), representante de la Unión de Bancos Suizos. Firmó el cambio de contrato con la CIAE en 1961 junto con Frondizi y Jorge Wehbe, ministro de todas las dictaduras. Miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Oscar Alvarado Uriburu, amigo de Martínez de Hoz e integrante de la comisión negociadora. Rodolfo Argañaraz Alcorta, miembro de la comisión asesora. Humberto Barbuzzi, vicealmirante. Juan M. Bayón, general. Horacio Beccar Varela, director de Comercial del Plata, vicepresidente y luego presidente de CIAE; dirigente de Acción Católica y Tradición, Familia y Propiedad. Bernardo Bronstein, subsecretario de Energía. Valuó la CIAE en 100 millones de U$S menos que lo que se terminó pagando. César A. Bunge, director de CIAE. Alejandro Roberto Caride, mayor auditor del ejército, juez especializado en minoridad, juez de la Suprema Corte y negociador único con la CIAE. Reconoció a la comisión investigadora en 1985 que no era versado en el tema. Juan Carlos Casariego del Bel, director del Registro de Inversiones Extranjeras, deaparecido el 15 de junio de 1977. Francisco Norberto Castro, contralmirante y director de CIAE. Rafael Castro Videla, familiar de Horacio Beccar Varela y subprocurador del Tesoro. Emitió un dictámen favorable. Jorge Cerqueiro, capitán de navío, miembro de la comisión negociadora. Aurelio Cid, superior de Casariego del Bel en el Registro de Inversiones Extranjeras, secuestrado en el curso de la negociación. Nicanor Costa Méndez, presidente de CGC y otras empresas extranjeras, pasado y futuro ministro de RREE. Miembro del CARI. Adalberto Cozzi, procurador del Tesoro. Eduardo Crespi, general. Adolfo Diz, presidente del Banco Central. Federico Dumas, subsecretario de Inversiones Externas del min. de Economía. Evadió la ley determinando que no podía calcularse el capital de la CIAE, y que a lo sumo se tomara como válido lo declarado por la empresa: 144 millones de dólares, un año después de que se firmara el contrato. Raúl Fitte, almirante. Enrique Eugenio Folcini, director del BCRA, futuro presidente de esa entidad durante la presidencia de Menem. Eduardo Fracassi, vicealmirante. Julio A. Gómez, brigadier y ministro de Justicia. Luis María Gotelli, director de La Buenos Aires Seguros con Martínez de Hoz, ex vicepresidente de Segba, ex secretario de Energía, ex ministro de Obras Públicas, vicepresidente del Banco de Italia y dirigente de la Acción Católica. Cobró honorarios por asesorar al estado en el caso CIAE. Barry Melbourne Hussey, contralmirante. Guillermo Walter Klein. Dirigió el primer estudio para pasar la CIAE a Segba, por encargo del ya citado Gotelli, director permanente del FMI. Guillermo W. Klein (h), sobsecretario de Programación Económica. Dirige el estudio Klein-Mairal-Grodona que defendió a Martínez de Hoz. José María Klix, brigadier. Basilio Lami Dozo, brigadier. Miguel Mallea Gil, general. Jorge Maffia, miembro de la comisión negociadora. José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía. Director de CIAE, a la que ingresó en 1969, y otras empresas. Emilio Eduardo Massera, almirante. Jorge Olivera Rovere, general. Luis María de Pablo Pardo, embajador en Suiza, y ex ministro de Relaciones Exteriores de Levingston y Lanusse. Reportaba a Martínez de Hoz y se reunió con Motor Columbus y Unión de Bancos Suizos en Suiza. Armando Ressia, ex presidente de CGC, director de Siemens y vicepresidente del Banco Ambrosiano. Alberto Rodríguez Varela, ministro de Justicia. Francisco A. Soldati. Presidente de CIAE y director de Motor Columbus. Francisco Soldati (h), director del Banco Central, Comercial del Plata y CGC. Fernando Terrera, miembro de la comisión negociadora. Jorge Rafael Videla, general. José Villarreal, general. Jorge Suárez, capitán de navío y director de CIAE. César del Toral, coronel. Carlos Rodríguez Noguera, comodoro, miembro de la comisión negociadora. Sadi Conrado Massüe, fiscal de investigaciones administrativas nombrado por la dictadura, emitió dictámen favorable.