Para estas horas, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley estará declarando a los medios, por enésima vez, que las pensiones por invalidez o discapacidad que otorgó el Estado nacional continúan vigentes, que no hubo ni habrá recortes masivos y que lo único que ella quiere –en sus propias palabras– es “llevar tranquilidad a las familias que hoy reciben una pensión, que la merecen y la necesitan”.
Una vez más, los ministros y funcionarios del gobierno PRO corren a apagar incendios que sus mismos decretos y disposiciones provocan, sembrando en la población la incertidumbre sobre sus verdaderos propósitos y fundando el temor de que está en marcha un nuevo plan sistemático, semejante a aquellos que se ejecutaron contra el pueblo argentino durante la última dictadura.
De Auschwitz a Cambiemos (II)
Recientemente, una nota firmada por el colega Ricardo Ragendorfer señalaba la paradoja de que en un tiempo en que la Alemania unificada muestra al mundo la decisión irrevocable de juzgar a los verdugos nazis (el último fue el llamado Contador de Auschwitz, en 2015) y la voluntad de mantener viva la memoria del genocidio, cierta dirigencia de la Argentina –país que dio un ejemplo al mundo, al juzgar los crímenes contra la humanidad– haga gala de supina ignorancia de la Historia y niegue o banalice ésa que fue nuestra propia versión del genocidio.
Pues bien, como si los hechos se empeñaran en establecer nuevos paralelos y semejanzas, a pocas semanas de que Alemania conmemorara los 72 años de la liberación de Auschwitz y homenajeara a los 300.000 (trescientos mil) enfermos y discapacitados que fueron asesinados cumpliendo con un plan de pureza racial y eugenesia, un ministerio argentino borró de un plumazo más de 70 mil pensiones por invalidez, sin estudio ni previo aviso e incumpliendo con la Convención Internacional de los Derechos a las Personas con Discapacidad suscripta en 2014.
«Una vez más, los ministros y funcionarios del gobierno PRO corren a apagar incendios que sus mismos decretos y disposiciones provocan»
Los ingenieros PRO (de algún modo hay que llamarlos), en su afanosa búsqueda de reducir el déficit fiscal (un déficit que no sería tal si no se hubieran eliminado impuestos y retenciones a los rubros más rentables de la economía) decidieron aplicar un decreto de 1997 que eliminaba el subsidio a discapacitados que tuvieran automóvil (!) o cuyos cónyuges percibieran una jubilación (!). La aberración jurídica y social, de consumarse, no sólo hubiera producido un aluvión de juicios al Estado, sino que habría condenado a la pobreza extrema y el abandono, en pocos meses, a decenas de miles de argentinos.
Para completar, y utilizando un cinismo semejante a aquel de los carteles de Auschwitz (“El trabajo libera”), el gobierno nacional publicó solicitadas en los diarios explicando, con moderna teoría, que el síndrome de Down no hace a los seres humanos diferentes y que por lo tanto quienes padecen el mal no ameritan ayudas ni subsidios.
Al Estado de Bienestar y las conquistas obtenidas por la civilización en el seno mismo de la economía capitalista, el neoliberalismo contrapone un darwinismo feroz, donde los “aptos” sobreviven y los “no-aptos” son arrojados a la intemperie, sin siquiera el colchón o la frazada que en cualquier caso debería proveer el Estado democrático.
Discapacitados en el Olimpo
El próximo 27 de junio, en una de las audiencias del juicio oral por la causa ABO III (Atlético-Banco-Olimpo Nro. 3), en el que son juzgados nueve represores de la dictadura que actuaron en los citados centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, dará nuevamente una declaración testimonial Jorge Robasto, ex integrante de la agrupación política Cristianos para la Liberación (CPL), que logró sobrevivir al cautiverio y las torturas en el CCD “El Olimpo”, un garaje policial rebautizado a la manera nazi por los grupos de tareas dependientes del primer cuerpo de Ejército.
Robasto es uno de los testigos de la causa ABO que pudo describir al detalle las penurias y el trato inhumano y bestial que elementos como el Turco Julián le dieron a José “Pepe” Poblete, militante de CPL y fundador del Frente de Lisiados Peronistas (había perdido ambas piernas a los 16 años, y se desplazaba en silla de ruedas), lo mismo que a su compañera Gertrudis Hlaczik (“Trudy”) y que a la no vidente Mónica Brull, compañera y amiga de ambos.
No es necesario detallar las torturas y maltratos adicionales que recibían Poblete (por ser lisiado y chileno) y Mónica (por ser ciega y judía). Aunque tal vez la doble condición que resultaba insoportable a los verdugos era la de ser discapacitados y militantes.
De la casa de Gertrudis –declaró en el juicio Hugo Merola, otro de los sobrevivientes de El Olimpo– los secuestradores se habían llevado un wincofón y varios discos de vinilo, con marchas y canciones alemanas que escuchaba la familia. El Turco Julián le pedía a la prisionera que tradujera las letras y después les decía a los otros carceleros: “Vení, escuchá, el padre de ésta es un facho como nosotros”.
Antes de la Navidad de 1978, algunos de los cautivos en El Olimpo fueron liberados (aunque la tortura psicológica sobre ellos y sus familias continuó incluso hasta después de la dictadura). Pero José “Pepe” Poblete, fundador del Frente de Lisiados Peronistas y organizador del movimiento de lisiados, fue “trasladado” una noche y está desaparecido, lo mismo que su compañera “Trudy”.
La hija de ambos, Claudia, nacida en cautiverio y bautizada con el nombre de otra militante, fue entregada por el Turco Julián al mayor del Ejército Ceferino Landa y a su esposa, Mercedes Beatriz Moreira de Landa.
«Tal vez la doble condición que resultaba insoportable a los verdugos era la de ser discapacitados y militantes»
Recién pudo recuperar Claudia su verdadera identidad en el año 2000, al cabo de un Juicio por la Verdad que sentó jurisprudencia, y por el cual la Corte Suprema de Justicia declaró en 2005, mediante una acordada, la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
Una gran conquista de aquel primer movimiento argentino de lisiados fue la ley 20.923, que obligaba a toda empresa privada, estatal o mixta, a contratar entre los discapacitados al menos a un 4 por ciento de su personal. La dictadura derogó aquella ley. Y la democracia aún no ha logrado reponerla.
En estos días, un darwinismo cruel que recorta presupuestos y que se desentiende de las víctimas del sistema, nos invita a pensar que cada vez queda más lejos el modelo de un Estado social e inclusivo, un Estado que sea amigo del medio ambiente y de las personas.
Pero frente al desánimo y a la tristeza, vuelve el ejemplo luminoso de “Pepe” Poblete, aquel adolescente que acababa de perder sus piernas en un accidente ferroviario y que para levantar el alma de su madre le dijo, apenas ella se acercó a la cama de hospital: “Mamá, no se ponga triste ni llore. ¡Yo voy a ser el primero que corra con piernas ortopédicas!”
