La injerencia de tropas estadounidenses y la supuesta presencia de una “guerrilla” en suelo paraguayo condicionan al gobierno con la intención de debilitarlo. El Partido Colorado, los grupos económicos concentrados, los medios de comunicación hegemónicos y la Asociación Rural de Paraguay se aprestan a dar un golpe “blando” o “institucional”.
La decisión del pasado 23 de abril de la Cámara de Senadores de Paraguay de aprobar un proyecto de ley que declaraba el “estado de excepción” en cinco departamentos del norte del país y que faculta a las fuerzas armadas a buscar a un supuesto grupo guerrillero, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), coloca a ese país en una situación de extremo peligro. En realidad, ordenar la movilización de las fuerzas armadas, ejército, marina y aeronáutica, a lo que se añade la policía, mientras existen serias denuncias de golpismo con visos de “institucionalidad”, que desde hace tiempo intenta la poderosa oposición contra el presidente Fernando Lugo, puede parecerse al juego de la ruleta rusa.
Al EPP se le atribuyen varios secuestros, aunque no existen pruebas concretas ni de la existencia de este tipo de organización, ni de su responsabilidad en algunos graves hechos sucedido en ese país.
El Ministro del Interior de Paraguay, Rafael Filizzola, fue quien anunció la promulgación de la Ley del 24 de abril por la cual el presidente Lugo declaró el Estado de Excepción en los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay, Presidente Hayes y Alto Paraguay. En las noticias de esos días se anunciaba que el EPP, estaría en zonas boscosas de difícil acceso donde -según los informes de inteligencia- “existen extensas haciendas ganaderas y cultivos ilícitos de marihuana”. Esto, en rigor, indicaría que lo que existen en el lugar son grupos ligados con la mafia o el narcotráfico.
Lo que también llama a tomar reservas es que se vincula al EPP con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que es el latiguillo usado por Washington para acusar a gobernantes y países en su guerra antiterrorista.
La decisión se habría tomado después de la muerte de un policía y tres civiles, en un enfrentamiento también supuesto porque la mayoría de las noticias hablaron de un tema de robo de ganado. Detrás de toda esta situación está una larga y dura campaña del Partido Colorado -que maneja la mayoría del Congreso, la justicia, la policía, junto con otros sectores de la derecha del país, que desde hace tiempo han vinculado a Lugo con el EPP en informaciones insólitas. Y la mayoría de los medios de comunicación masiva que han alentado estas hipótesis.
Asimismo el vicepresidente Federico Franco del Partido Liberal Radical (PLRA), que formó parte de la coalición de movimientos sociales y sectores de izquierda que llevó al triunfo de Lugo en abril de 2008 -terminando con la hegemonía del coloradismo durante más de 60 años y que incluyó la larga dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989)- ha intentado en diversos momentos llevar a Lugo a un juicio político y quedarse en el poder.
Es imposible desvincular esta situación de la larga presencia de tropas estadounidenses en el país. Aunque nunca se han ido desde los tiempos de Stroessner, donde la CIA constituyó en el lugar una verdadera central regional, en mayo de 2005 el Congreso de la Nación -sin conocimiento de la población- les concedió inmunidad diplomática para realizar una serie de maniobras de contrainsurgencia en la misma zona que es hoy el epicentro de la movilización militar.
Las tropas de Estados Unidos en esos ejercicio militares como Medrete y otros realizaron Acción Cívica en esa región, y bajo el disfraz de ayuda humanitaria y de salud, esto les permitió no sólo hacer relevamiento de territorios en la frontera de Paraguay con otros países, sino también acumular datos sobre la población local, las dirigencias campesinas y otros de inteligencia para establecer el control hacia futuros planes. Y plantar infraestructura para futuras acciones.
En el año 2007 organismos humanitarios y Centros de estudios sobre la militarización en Paraguay denunciaban la desaparición y asesinatos de unos 200 campesinos, coincidiendo con la presencia de las tropas extranjeras en esas regiones.
De la misma manera es imposible desconocer la presencia de asesores colombianos en una relación de “cooperación” que comenzó a funcionar desde los años 2001-2002 donde se tejieron acuerdos en seguridad y otros con Colombia.
A pocos días de la llegada al gobierno en 2008 el presidente Lugo viajó a Colombia para firmar un acuerdo ya pactado anteriormente con su par Álvaro Uribe para la “lucha antisecuestro” y “antiterrorista” y el envío de asesores colombianos a Paraguay.
Todo esto y más conforman una complejidad especial en esta decisión en que se moviliza tal cantidad de tropas (unos tres mil hombres) en busca de unos supuestos 50 guerrilleros.
El proyecto que se aprobó preveía que el “estado de excepción” se prolongara por 30 días, pero ahora hay funcionarios que estiman que debe mantenerse por más tiempo.
De acuerdo a la Constitución paraguaya sólo puede declararse “estado de excepción” en caso “de conflicto armado internacional o de grave conmoción interior que ponga en peligro el imperio de la Carta Magna o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella”.
Los organismos de Derechos Humanos en Paraguay y distintas organizaciones sociales y sindicales sostuvieron que no existe ninguna de estas dos situaciones. Desde noviembre del año pasado, Lugo había ya ordenado tres operativos conjuntos militares-policiales -Triángulo, Sombra y Jaguarete- para buscar a los integrantes del EPP en la zona norte del país y ninguno de ellos dio resultado.
Pero también diversos analistas ponían en duda la existencia de tal “ejército”, mientras se denunciaba la continuidad de actos de represión contra comunidades campesinas, amparadas por algunos jueces, que desde los años ’90 dejaron muchas víctimas en el país.
La ley habilita al Ejecutivo a disponer de los efectivos de las Fuerzas Armadas en las citadas zonas, donde en los dos primeros departamentos (Concepción y San Pedro) existen importantes organizaciones campesinas que demandan justicia y han debido enfrentarse a la violencia de desalojos de sus tierras por productores sojeros locales y extranjeros.
Lugo se reunió con activistas de derechos humanos a los que les explicó los alcances de la excepción y el compromiso de un control oficial, y al terminar el encuentro el dirigente Juan Martens, advirtió que “no era necesaria esta ley de excepción; el presidente podía tranquilamente firmar un decreto enviando militares al norte para buscar al EPP. Tememos que las fuerzas policiales-militares cometan abusos. Estaremos atentos a sus acciones», advirtió.
También el Servicio de Paz y Justicia consideró un “retroceso” ésta medida.
“Esto sólo puede traer más represión” dijo a la BBC Mundo el analista y sociólogo Marcel Cantero Gaona “porque las fuerzas armadas tendrán facultades para allanar viviendas y locales de organizaciones sociales y políticas, realizar detenciones sin orden judicial, prohibir reuniones, manifestaciones públicas, además de profundizar la militarización de la zona”.
El 16 de mayo, la edición de Prensa de Frente titulaba “¿Hacia un Plan Colombia?”, en referencia a los que sucedía en Paraguay 20 días después de implantarse el “estado de excepción”.
“A imagen y semejanza del plan antiterrorista implementado por Uribe en Colombia, las fuerzas armadas paraguayas son capacitadas por oficiales colombianos formados en la Escuela de las Américas tras un tratado de cooperación antiguerrillero” señala el análisis.
Mencionando diversas acciones y secuestros con jugosos pagos de rescate en los departamentos de Concepción y San Pedro, al norte del país y otros que según señalan “se remontan al año 2006 cuando un policía fue baleado en el copamiento de una comisaría de un pueblo rural” y otras, el EPP comenzó a tener repercusión mediática. Pero resulta extraño que “haya nacido” esta organización en el mismo momento en que esa zona era peinada por las tropas de Estados Unidos en maniobras.
Leyendo los más antiguos manuales de contrainsurgencia podemos encontrar ejemplos de la creación por parte de la inteligencia estadounidense de supuestos grupos guerrilleros, para incrustarlos en poblaciones en fuerte conflicto social y tener argumentos para organizar la represión y el control.
La derecha con viejos lazos dictatoriales y los empresarios favorecidos siempre por la dictadura solicitaban medidas duras en extremo y hasta hubo llamados para “organizarse” y combatir el comunismo como si fuera una cruzada de la “guerra fría”, sólo para responder a campesinos en extrema pobreza, el sector más castigado durante el stronismo. “Necesitaban” una “justificación” para actuar con mayor dureza y sin control legal.
El 15 de octubre de 2009 en las cercanías de Hugua Ñandú, en el departamento de Concepción, se informó que un presunto comando del EPP conformado por 12 personas habría secuestrado a Fidel Zavala, uno de los empresarios ganaderos más poderosos del país quien fue liberado 94 días después, “cuando su familia debió repartir varias toneladas de carne vacuna a comunidades campesinas y en barrios pobres de la periferia de Asunción a modo de ‘cortesía del EPP’, y pagar un rescate de 550.000 dólares a esa organización”.
Este fue uno de los casos que sirvió a la oposición para lanzar las más severas acusaciones contra Lugo y la sombra del golpismo, que estuvo en Paraguay desde sólo tres meses después de la asunción del presidente, no se fue más. Esto se reavivó con el golpe del 28 de junio de 2009 en Honduras. Los sectores más conservadores y reaccionaros del país comenzaron a pedir mano dura vinculando fuertemente al EPP con las FARC e incluso con Lugo en varios casos.
El 22 de noviembre de 2009 ya se hablaba en ese país de que se habían incautado “documentos” a un detenido supuestamente perteneciente al EPP donde se proponían instalar su “retaguardia” nada menos que cerca de las fronteras con Bolivia y Brasil.
Según un informe del diario paraguayo ABC (22-11-09) estos documentos habrían sido encontrados por las fuerzas de seguridad paraguayas en la casa de Alejandro Ramos en Ybyrat y sostenían que el EPP pretende establecer su principal base de operaciones en el Alto Paraguay con “líneas logísticas de retaguardia” en Bolivia y Brasil.
Se le atribuía este “documento” al “extremista” Alcides Oviedo Brítez, redactado bajo el nombre de “Construcción de fuerzas” donde habla de la formación de los guerrilleros. De acuerdo a esto tenían como tarea “robar” armamento sofisticado y pesado a las fuerzas militares paraguayas (como si eso fuera tan fácil).
En el documento, se señala además “que el EPP debe dividirse en fuerzas profesionales de carácter permanente; semiprofesionales o milicias semipermanentes; fuerzas de apoyo logístico; y las de apoyo político y propagandístico (interno y externo).
Esto, por supuesto, permite ampliar la represión a todos los movimientos sociales, sindicales, campesinos, indígenas y políticos que sean considerados “amigos del EPP”.
Una serie de enfrentamientos en los últimos tiempos atribuidos a grupos de mafias y delincuentes que abundan en zonas fronterizas fueron atribuidos al EPP, como corresponde a cualquier viejo armado de la contrainsurgencia.
“El estado de excepción declarado posterior a la muerte de cuatro personas en un enfrentamiento, que no se sabe con certeza si fue el EPP o algún grupo mafioso de la zona, tuvo el rápido apoyo de los gremios que estarían ligados a ciertas mafias locales, como la Asociación Rural de Paraguay (ARP). El recientemente re-electo presidente de la ARP, Néstor ‘Tito’ Núñez, manifestó a la prensa el apoyo del sector al ingreso de los militares en los citados departamentos, para ‘exterminar’ al grupo de delincuentes del EPP”, señala Orlando Castillo, abogado, defensor de derechos humanos, y especializado en temas de militarización.
Castillo advierte que Núñez “haciendo propias las ideas del Ministro del Interior, que en enero pasado cuestionó la labor de organizaciones de derechos humanos en la denuncia de torturas y de búsqueda de chivos expiatorios dentro de las organizaciones campesinas, y manifestó que las mismas debían definirse con respecto a defender a criminales”.
Es decir, cualquier protesta por violaciones a los derechos humanos en estas operaciones será automáticamente considerada por los poderosos del país, como una “complicidad” con los “criminales” del EPP.
Considerando los tratados de contrainsurgencia y antiterrorismo al “estilo colombiano” que pueden estar recibiendo como asesoría los policías y militares paraguayos o las “enseñanzas” de las tropas estadounidenses que han “peinado” la región, se pueden advertir los peligros que significa un Paraguay bajo “estado de excepción” con semejantes factores externos en el lugar.
Una perfecta combinación para impedir el avance del proyecto de Reforma Agraria y otros avances imprescindibles para la mínima justicia social y poner a Lugo contra un paredón. Varios analistas coinciden en que una de las salidas que encontró Lugo es adelantarse a enviar el proyecto de ley del estado de Excepción, que ya estaba preparando la oposición que tiene absoluta mayoría en el Congreso. Si se lo imponían iban a sostener que Lugo era incapaz de manejar la situación.
Mientras para algunos analistas el EPP ha servido como “chivo expiatorio” del gobierno hostigado para movilizar una importante cantidad de efectivos policiales y militares en las zonas de San Pedro y Concepción, para otros es “el chivo expiatorio” de la derecha local y sus socios externos para justificar la militarización del país y la “necesidad” de refuerzos de tropas extranjeras. Pero fundamentalmente quebrar la relación de Lugo con el movimiento popular.
Sin este apoyo y en desencanto, será difícil para el presidente sostenerse sólo con el apoyo internacional.
El problema más serio que enfrentará Lugo será con las bases político-sociales y el apoyo crítico que mantienen de sectores de izquierda, que lo acompañaron en ese triunfo histórico de abril de 2008.
Estados Unidos, el factor externo
No es desconocido que Washington mantiene en Paraguay una infraestructura de base aérea en el cuartel de Mariscal Estigarribia, a 250 kilómetros de la frontera con Bolivia donde, desde la época del dictador Alfredo Stroessner, se construyó una pista de aterrizaje de unos tres mil metros, para sus gigantescos B-52 y otros que transportan equipos pesados, incluyendo tanques. Esa pista que fue remozada en los años ’90, es similar a la de la base militar de Estados Unidos en Palmerola, Honduras. Hay otra serie de infraestructuras a lo largo de toda la zona fronteriza de Paraguay con otros países, que pueden albergar rápidamente a unos 16 mil soldados estadounidenses.
Funcionarios del pentágono y del Comando Sur han planteado abiertamente la necesidad de instalar una base en la Triple Frontera que une Paraguay con Argentina y Brasil, un lugar doblemente estratégico para, supuestamente, “combatir el terrorismo y el crimen organizado”.
Lo que se está creando en Paraguay es la justificación para poner todos estos planes en marcha. Esto significaría uno de los mayores golpes al MERCOSUR, a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la extensión más avanzada del Plan Colombia hacia el sur.
Si a nivel nacional se intenta destruir el sostén político de Lugo, a nivel internacional las represiones contra campesinos, en nombre de un combate a una guerrilla, también desacreditarían al gobernante paraguayo.
Se recuerda que cada operativo de tropas en los últimos años ha significado desalojo de campesinos y que existen más de 500 procesos a líderes campesinos. En estos últimos dos años son siete los muertos y ha habido severas represiones y desalojos violentos. Por eso hay preocupación ante el peligro de ruptura del delgado hilo que une a Lugo con sus bases y otros sectores.
De hecho, se han producido más de 148 detenciones en los últimos días en zonas rurales bajo el “estado de excepción” y no son “guerrilleros” precisamente. Asimismo, en las últimas horas se produjo un enfrentamiento entre policías y militares, por lo cuál varios jefes de ambos bandos deberán dar cuenta.
“Sin haber firmado ningún convenio de cooperación militar y de seguridad con Estados Unidos -de manera estricta- Paraguay ha sido el país en la región -luego de Colombia- que más ha desarrollado la receta de seguridad de este ese país (…) La ambigüedad en términos de restricción de derechos, deja en manos del jefe operativo y del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, las decisiones sobre hechos que se registren dentro del campo de acción” señala Orlando Castillo.
Asimismo analiza que precisamente Concepción y San Pedro son los departamentos donde más ejercicios militares de Estados Unidos se han realizado en los últimos años, que en conjunto llegan a más de 16, “además de contar con zonas muy accesibles de explotación del Acuífero Guaraní.”
Otra advertencia del analista es que estas zonas “ya fueron identificadas como de suma importancia por los efectivos militares norteamericanos, quienes han desarrollado teatros operacionales de grupos armados, y donde entre diciembre y febrero pasado, se encontraban asesores colombianos instalados.”
Existe además una “decisiva intervención norteamericana por medio del Programa de Asistencia Antiterrorista (ATA) del Departamento de Estado”. Se citan también los cursos avanzados de “Seguridad en Instalaciones Críticas”, para funcionarios de seguridad y de otras reparticiones oficiales. Las últimas hipótesis increíbles que agitan los medios de la derecha post dictadura es que están en Paraguay carteles colombianos y mexicanos. Justo y necesario para justificar una mayor intervención externa.
Se cita que el 20 de abril pasado, dentro del llamado “Operativo Ñepytyvo II” asesores de Estados Unidos se sumaron a los colombianos en la zona norte, en las localidades de Belén y Paso Barreto, mientras la embajada estadounidense informó que sus efectivos trabajaron durante 8 días en la región, en lo que denominaron un “entrenamiento de pre-despliegue” que, como señala Castillo, se trata de la intervención directa de las Fuerzas Armadas de Paraguay en las zonas de excepción, “buscando al fantasma de la justificación represiva del movimiento campesino, el EPP.”
Esto indica la necesidad de reforzar la solidaridad con el pueblo paraguayo y mantener una información continuada de los sucesos en ese país, que afectan a toda la región.
