A un mes del triunfo de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) en las elecciones presidenciales que tumbaron la hegemonía colorada de más de 60 años, el 23 de mayo, el ex obispo Fernando Lugo será oficialmente reconocido ganador de la contienda electoral del 20 de abril por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Será el Presidente número 48 del Paraguay desde Don Carlos Antonio López, primer presidente constitucional, en 1844. A tres meses de la asunción del nuevo mandatario, el escenario presenta tensiones debido a la incertidumbre del futuro gabinete, su estrategia exterior y una nueva oleada de protestas campesinas.
El futuro gabinete de Fernando Lugo se mantiene en sigilo acerca de algunos nombramientos. Las mayores presiones políticas provienen principalmente del conservador Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) —principal fuerza del frente que postuló a Lugo a la presidencia— que busca colocar en puestos clave a sus dirigentes.
En el ámbito rural, se profundizan conflictos de intereses. La semana se cerró con movilizaciones campesinas en el departamento de San Pedro —provincia donde Lugo fue obispo por diez años— que amenazan con ocupaciones masivas, acampando frente a varios latifundios.
Esto ha generado, en algunos casos, enfrentamientos con grupos de seguridad privada de las propiedades, presencia policial y de las Fuerzas Armadas; quienes justifican su figura en el lugar mediante el decreto 167 de noviembre de 2004. En éste, el presidente Nicanor Duarte Frutos autoriza a las fuerzas militares a actuar en tareas de seguridad internas en colaboración con la policía nacional para contener protestas sociales como la ola de ocupaciones campesinas. Con estas acciones, desde la caída del dictador Alfredo Stroessner, cientos de activistas rurales han sido asesinados y han sido heridos por policías, militares y parapolicías; y también han sido judicializados por la protesta social: más de dos mil están procesados por participar en manifestaciones, cortes de rutas y ocupaciones de latifundios.
A su vez, en el mismo Departamento, durante un acto de recordación de la Independencia Nacional, los labriegos afirmaron que desean una “nueva independencia paraguaya” y declararon la “guerra” a los sojeros brasileños, mientras quemaban una bandera del Brasil. También pidieron al gobierno firmeza para detener lo que consideran una “invasión” y que las tierras sean distribuidas a los paraguayos. Grupos de “sin tierra” amenazan con invadir unas 70 fincas de agricultores de descendencia brasileña dedicadas al cultivo de soja.
En una reserva forestal, en el distrito de Capiibary, San Pedro, campesinos nucleados en la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) tomaron de rehenes a operadores brasileños de maquinarias de desmonte (topadoras), que luego fueron liberados y expulsados del lugar. Los focos de ocupaciones se concentran en los departamentos de Itapúa y Misiones, además de San Pedro.
Por su parte, los ganaderos y agroexportadores -agrupados en la Asociación Rural del Paraguay (ARP)- solicitaron “invasión cero” y seguridad jurídica al nuevo Presidente.
La soja, también en Paraguay
La inminente extranjerización de la tierra y el cultivo extensivo de soja que demanda el uso de agrotóxicos, es una de las problemáticas que le espera al nuevo gobierno. Esta nueva crisis rural desarrollada en pleno proceso de traspaso de mando, determinó que Lugo viajara hasta el departamento norteño para contactarse con los campesinos, apenas llegó de Lima, Perú, donde participó de la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE) junto al presidente saliente Nicanor Duarte Frutos.
Lugo dio su apoyo a los labriegos que reclaman tierras para trabajar, pero señaló que las ocupaciones deberían ser la última instancia y pidió a las organizaciones campesinas apaciguar los ánimos, parar las invasiones y esperar al 15 de agosto para diseñar juntos una solución al problema de la tierra. Desde una lógica delegativa, Duarte Frutos dirigió el problema campesino a las nuevas autoridades y propuso la creación de una mesa de diálogo, algo que no funcionó durante su gobierno.
El fenómeno Lugo que irrumpió en la política paraguaya obedece, en gran parte, al protagonismo de los combativos movimientos campesinos de San Pedro, una de las regiones más empobrecidas y latifundistas donde el ex obispo se destacó como negociador entre el Estado y las organizaciones rurales.
Paraguay es uno de los países con peor distribución de tierra del continente americano, donde el 1% de los propietarios concentra el 77% de la tierra. El 40% de los agricultores, con menos de cinco hectáreas, tiene apenas el 1% de la tierra. Existen alrededor de 350 mil familias sin tierra mientras 351 propietarios concentran 9,7 millones de hectáreas.
Según estimaciones de las organizaciones campesinas, existen más de 12 millones de hectáreas que son herencias mal habidas de la época de la dictadura de Stroessner (1954-89), que se repartían entre los leales al régimen. “Mi idea es investigar hasta 25 años atrás. Ver, por ejemplo, cuánto terreno fue entregado en forma irregular a los jefes militares que colaboraron con el dictador Alfredo Stroessner”, ha señalado Lugo al ser consultado al respecto.
Teniendo en cuenta esta realidad, Fernando Lugo incluyó en su programa de gobierno la realización de una reforma agraria integral, por lo cual tuvo que firmar compromisos con las principales centrales campesinas.
Escenario político
Si bien, el triunfo del ex obispo genera esperanza e ilusión al pueblo paraguayo, también revela una serie de dificultades internas para gobernar, teniendo en cuenta que tendrá que lidiar con un Parlamento en el que no tiene la mayoría absoluta, con un Poder Judicial amañado, con un sobrecargado funcionariado público (se estima que el Estado emplea alrededor de 250 mil personas, en su mayoría afiliados al omnipresente Partido Colorado) y con una cuestionada Justicia Electoral. Asimismo, hay que recordar que cuando se anunció su candidatura presidencial, su relación con la jerarquía de la iglesia católica se tensó a tal punto que el Papa, Benedicto XVI lo suspendió ad divinis.
Mientras se declara independiente y sin una experiencia política real, llega a la presidencia aliado a un variopinto de partidos-agrupaciones y movimientos sociales que tienen intereses contrapuestos (PLRA, movimientos y partidos de izquierda y organizaciones campesinas).
En un momento político antes impensable, se constituyó en un candidato out sider ante el fracaso de los partidos tradicionales de constituir un polo de poder alternativo a la Asociación Nacional Republicana (ANR) o al mismo Partido Colorado.
Visto desde la izquierda, el terreno que se brindó al ex obispo es por la repetida frustración de construir un frente popular con peso electoral y con capacidad de conducir las masas; lo que permitió la conformación de un movimiento amplio y de contenido en sí contradictorio, pero que ayudó a derrotar a un aparato de dominación política con más de 60 años en el poder. La presencia de Fernando Lugo es consecuencia de los fenómenos anteriormente descritos y sería difícil imaginar la constitución de esta alternativa sin su presencia como expresión política, mediática y hasta cultural por su diversidad.
La izquierda paraguaya registró en los últimos años pobres resultados electorales, producto de su dispersión, y se ve en la necesidad de superar esta fragmentación y fomentar un amplio movimiento que impulse los programas más auténticos. Éstos son actualmente encarnados por Lugo: Reforma Agraria, soberanía energética, democratización, entre otros. Esta unión de agrupaciones de izquierda es fundamental para poder darle base política, contra un Parlamento que no representa este programa.
Es preciso reconocer que la Constitución promulgada en 1992 ha sido siempre un elemento a favor del poder oficial puesto que consagra a Paraguay como una República presidencialista, para la realización de las tareas democráticas, nacionales, antiimperialistas y progresistas, necesarias para salir del atraso y la pobreza en el país. De esta manera el juego político entre el presidente y los congresales suele estar determinado por la corrupción. El hecho de que el ex obispo haya surgido desde un lugar externo a la política pone en jaque este viejo sistema de llevar a cabo el gobierno oficial.
El electo mandatario al ser consultado acerca de cómo haría para gobernar si no contara con la mayoría en el Parlamento, se mostró dispuesto a conversar y a llegar a acuerdos con los colorados y para ello, argumentó que “se buscarán las estrategias suficientes para poder tener un grupo parlamentario que apoye las grandes decisiones del gobierno”.
El primer debate de disenso estructural, será el diseño del Presupuesto General de Gastos de la Nación, que se debatirá entre agosto y diciembre del corriente año. Un excelente escenario para plantear la prioridad del gasto social, la eliminación de los privilegios ilegítimos para ciertos sectores, y su debate amplio y participativo para todos los ciudadanos. Además, la renegociación de los tratados de Itaipú y Yacyretá, y la reivindicación de los recursos naturales como estandartes, son ejes fundamentales para la viabilidad de políticas sociales redistributivas que se avecina.
Gabinete en espera
En su visita a los pobladores del departamento de San Pedro, a partir de la nueva oleada de protesta campesina, Lugo anunció a su tercer miembro del gabinete: confirmó al empresario farmacéutico Martín Heisecke como ministro de Industria y Comercio, quien fuera uno de los principales financistas de la campaña electoral del ex obispo. El industrial Heisecke, junto con el economista Dionisio Borda en el Ministerio de Hacienda -quien ocupó esa cartera al inicio del gobierno de Duarte Frutos- y el ex jefe del Ejército, general retirado Luis Bareiro como ministro de Defensa, son los primeros nombres elegidos para formar parte del gobierno de Fernando Lugo.
Sobre la designación del resto de las carteras ministeriales, Lugo dijo que “faltan semanas” para definir la composición del gabinete, aunque anunció que “será integrado por personas idóneas y honestas”.
Todavía falta concretar en ese grupo al ministro de Agricultura y Ganadería, de Relaciones Exteriores, Interior, Justicia y Trabajo, de Educación, así como a viceministros y directores de entes recaudadores y binacionales. Para viabilizar la Reforma Agraria, reestructurar el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) conviertiéndolo en ministerio, recomienda a los movimientos rurales. Sobre otros candidatos aún se reserva los nombres, pero aseguró que armará una verdadera selección de valores en su Gabinete y de inmediato comenzarán a trabajar por mejorar la imagen del país iniciando una verdadera y profunda depuración de la administración pública para obtener datos reales sobre la cantidad de contratados y detectar quiénes son planilleros (ñoquis).
