Por Causa Popular.- El Gobierno Nacional está en condiciones, y debería tener vocación para tomar una medida ejemplar: con la lección que significó haber dilapidado Yacimientos Petrolíferos Fiscales, puede convertir a ENARSA en una empresa integrada de hidrocarburos que produzca, transporte, refine y venda combustible. Actualmente y con un capital minúsculo, desarrolla una acción entre silenciosa e inexistente, involucrándose en pequeños contratos dentro de las cuencas venezolanas, en exploración off-shore (lo único que omitió malversar la privatización menemista), o en un futuro gasoducto panamericano.
Para que ENARSA pueda convertirse en una compañía integrada, el Gobierno deberá recuperar las áreas más importantes, empezando por las que están funcionando en condiciones ilegales, es decir, con concesiones vencidas, o con más de cinco yacimientos adjudicados a la misma empresa, dos factores que violan la Ley de Hidrocarburos vigente.
Lo puede hacer con un simple acto administrativo.
Las concesionarias, y el coro de medios de comunicación que les pertenecen, patalearán alegando que se quebranta la seguridad jurídica.
El gobierno podrá responder que la primera condición para construir un país es cumplir y hacer cumplir la ley.
Ese sería el comienzo de la NUEVA ENARSA PATRIÓTICA.
La tarea que sigue no es sencilla pero tampoco imposible:
Se deben derogar los decretos de desregulación petrolera de los 90 y de la dictadura militar.
Se realizará una exhaustiva auditoría de reservas y de costos de explotación de los pozos, calculando las inversiones reales de las empresas.
Deberán suspenderse de inmediato las exportaciones de petróleo, considerando que se está dilapidando un recurso escaso y con ello, comprometiendo seriamente nuestro futuro y el de las próximas generaciones.
Teniendo en cuenta los aumentos de los precios internacionales -o aun si se frenaran- la mejor política consiste en exportar sólo los excedentes que no interese convertir en reservas estratégicas.
Deberán anularse las desgravaciones y beneficios fiscales de que disponen las petroleras actualmente, y archivar el proyecto que las exime de pagar gravámenes para las inversiones en exploración de la plataforma submarina.
Así, el gobierno estará en condiciones de recuperar YPF haciendo uso de la acción de oro en manos del Estado.
Como las reservas más importantes están en manos de Repsol y en condiciones ilegales, su rescate recortará drásticamente el valor de mercado de la empresa española, y la obligará a negociar con menos soberbia.
Aun con la limitación que significa la Constitución vigente, reformada en 1994 por el Pacto de Olivos, en cuanto a la propiedad de un subsuelo que pasó de la Nación a las provincias, todo puede hacerse respetando la ley. Mal que le pese a Sobisch, la prórroga de Loma de la Lata firmada por De la Rúa es ilegal: se obtuvo transgrediendo las leyes de Hidrocarburos y de Reforma del Estado, modificadas por decretos y éstos, a su vez, por resoluciones.
El petróleo se ha convertido en un bien precioso alrededor del mundo, como lo fueron en el pasado el oro o los diamantes, y en el estado actual se quita a la sociedad argentina una renta millonaria mientras se exporta con suma imprudencia, atendiendo sólo a la rentabilidad de Repsol y el resto de las concesionarias (aunque la primera se reserva el grueso del negocio) y con un beneficio de corto plazo como son las retenciones.
Nuestro país es convidado de piedra en la fiesta de gigantescos beneficios que producen las petroleras multinacionales.
Brasil, entretanto, acaba de anunciar su autoabastecimiento, un término que resonará en los oídos de algunos historiadores argentinos. Al ritmo actual y si no cambia el panorama, nosotros deberemos importarlo dentro de 10 ó 15 años.
Los argentinos acompañaremos una medida así, lo que nos permitirá recuperar una parte de nuestro destino nacional.
Eso y no otra cosa es el patriotismo.
