Por Ana T. Lorenzo, especial para Causa Popular.- El jueves 28 de abril pasado, la Prof. Nélida Baigorria publicó una nota en Clarín titulada «La Ley Federal de Educación debe ser derogada». El concepto del título registra una notoria unanimidad, sólo alterada por los técnicos que implementaron tal ley y los actuales funcionarios que actúan amparados en ella. Hace varios años que no se escucha una opinión educativa en su defensa, ni siquiera la de los legisladores que la impulsaron. También es notable que los tecnócratas político educativos describen como dramática la situación del sistema educativo pero sin mencionar como una de sus causas la aplicación de la ley. Desde el momento mismo de su tratamiento parlamentario, fuimos muchos los que intentamos advertir sobre sus riesgos, hoy claramente visibles. Justo es reconocer nuestro error de magnitud: los males político educativos provocados superaron ampliamente nuestras peores previsiones.
Aunque no compartimos las posiciones políticas y sí sólo algunas de las ideas educativas de la Prof. Baigorria, respetamos su coherencia y su ética personal. En estos tiempos de travestismo político y de liviandad ideológica, su trayectoria resulta ejemplar. Pero ello no debe ser obstáculo para señalar algunas de las imprecisiones que contiene su artículo.
La primera es el grueso error (¿consciente o inconsciente?) del párrafo donde afirma que la susodicha ley fue… «sancionada por la mayoría peronista de ambas Cámaras Legislativas y con el rechazo categórico de la oposición…». Esto no es verdad.
En su primera sanción por el Senado de la Nación, mayo de 1992, el dictamen de la comisión de educación fue aprobado por unanimidad de todos los bloques: el justicialista, el radical y el de los partidos provinciales. Unanimidad de la que sus autores se enorgullecían públicamente al principio, antes de que llovieran las críticas.
Se le introdujeron brevísimas correcciones en el debate en el recinto, no propuestas precisamente por los correligionarios radicales de la Prof. Baigorria; una de ellas, planteada por la entonces senadora Alicia Saadi (PJ) que, obviamente, no mejoró el resultado sino todo lo contrario.
En varios paneles de la época, la entonces diputada radical Gabriela González Gass tuvo la gran valentía de decir que «la votación de los senadores de la UCR no respetó la posición histórica del radicalismo en materia educativa». Tampoco era la posición histórica del peronismo en educación, viraje equivalente al que se estaba produciendo en todos los campos. Se sabe que el menemismo prefirió inspirarse en Ivanisevich –con las diferencias propias de la época– y no en Taiana, precisamente; de la misma manera que, en economía, se inspiraba en Alsogaray y no en Miranda ni en Gelbard.
Asimismo, durante el tratamiento de la ley en Diputados, setiembre de 1992, los radicales votaron a favor en general y sólo hicieron objeciones y votaron en contra algunos artículos. Concertaron casi todo su contenido con el PJ y, donde no pudieron por conflictos internos –como en lo referente a universidad–, lo derivaron a una ley posterior, como dice el texto.
Sólo se opusieron frontalmente los entonces diputados Alfredo Bravo, Carlos Chacho Álvarez, con sus respectivos bloques, y Luis Zamora. Los dos primeros se retiraron del recinto después de cuestionar el proyecto en general pero Zamora se quedó y pidió la palabra oponiéndose a cada uno de los artículos.
Por otra parte, el radicalismo publicó un folleto con su dictamen en el cual proponía un cambio de estructura del sistema educativo muy similar al decidido en la Ley Federal, entre otras similitudes.
Podríamos seguir añadiendo datos, particularmente analizando los doce proyectos presentados previamente, incluidos cuatro radicales, con sustanciales diferencias entre ellos, y varios con cambios inexplicados en la estructura del sistema.
Se formulan estos señalamientos no para defender o atacar por especulación política a unos o a otros, sino para contribuir a clarificar las conductas de cada uno, al margen del acuerdo o desacuerdo que otros posicionamientos de los mismos protagonistas nos merezcan.
Otra aclaración imprescindible se refiere a la calificación «de inspiración falangista» que hace la Prof. Baigorria de la Ley Federal de Educación.
En realidad, utilizado en un discurso de barricada, tal calificativo puede ser impactante. Pero incluido en un artículo de opinión, resulta francamente temerario porque es indemostrable. Caracterizar correctamente la ideología de lo que se pretende denunciar, constituye no sólo un elemental requisito de rigor intelectual sino de efectividad política.
Probablemente, la confusión de la Prof. Baigorria se origina en el hecho cierto de que la estructura del sistema educativo establecida en el Título III de la Ley Federal de Educación (Educación General Básica de nueve años, Educación Polimodal de tres, etc.) es una copia casi exacta de la que impuso la Ley General de Educación de España (Educación General Básica de ocho años, Bachillerato Unificado Polivalente de tres, etc.), aprobada en 1970, un lustro antes de la muerte de Franco.
A esa altura de la dictadura franquista, el autotitulado Caudillo «por la gracia de Dios» ya hacía mucho tiempo que había eliminado prolijamente a los falangistas de su gobierno, aunque se había apropiado del culto a su «héroe», José Antonio Primo de Rivera.
Una pléyade de funcionarios del Opus Dei y de tecnócratas adictos eran quienes conducían ministerios y gobernaciones desde principios de los años sesenta. Ningún poder hegemónico deja de tener contradicciones internas y, en el caso de España, los enfrentamientos y luchas por el poder entre falangistas, monárquicos, carlistas, franquistas netos, derechistas históricos y otros datan desde la misma Guerra Civil, aunque no fueran visibles por la férrea censura.
Por lo tanto, muy lejos estaba ya La Falange de poder influir en una ley educativa. Y, si bien no tenemos datos, sospechamos que se opuso a ella. Porque no es la «España de la Cruz y la Espada», tan cara al corporativismo falangista, la que está expresada en su articulado.
Dicha ley de educación española está inspirada tardíamente en las teorías del capital humano o del recursismo humano, tan en boga al comienzo de la década del sesenta. Con un afán aparentemente modernizante, predicaba valores desarrollistas y cientificistas. Por otra parte, es justicia señalar que esa norma fue quizá lo mejor de esa dictadura –lo que no quiere decir que haya sido bueno–, dado el atraso brutal de la educación en la península; esto ha sido reconocido por toda la oposición.
Veinte años después, la LOGSE, Ley de Ordenación General del Sistema Educativo Español, de 1990, sancionada con amplio consenso durante el gobierno del PSOE, vuelve a la estructura tradicional del sistema educativo de primaria y secundaria, ambas obligatorias.
Una última observación se refiere al Plan Nacional de Alfabetización, que la Prof. Baigorria menciona y que ella organizó durante el gobierno de Alfonsín.
Recibió innumerables y merecidísimas críticas en su momento –varias nuestras, por cierto– y no modificó en absoluto las cifras de analfabetismo existente, a pesar de sus buenas intenciones. Autoelogiándose por el mismo, la Prof. Baigorria comete el mismo error que Susana Decibe, a quien critica –con total razón, esto sí–, por jactarse de su gestión.
La UNESCO que efectivamente premió tal programa ya no era la de los ’70, tercermundista y nacional-popular, sino la de fines de los ’80, cuando ya empezaba a pedagogizar, muy seductoramente sin duda, las «recomendaciones» del Banco Mundial.
Es la misma UNESCO que, en setiembre de 2003, eligió a Laura Bush –la esposa de quien todavía no había sido reelecto presidente de EEUU– como Embajadora de la Década de la Alfabetización.
La misma UNESCO que acaba de premiar a Lucio Gutiérrez por su «esfuerzo por la educación» (?), en el mismo momento en que el pueblo ecuatoriano lo echaba como se merecía.
Bienvenido sea todo aporte que contribuya a derogar el engendro legislativo que es el origen de la mayoría de nuestros males político educativos.
Pero dudamos que sea desde el espacio de «la defensa irrestricta de la escuela pública sarmientina» –al que la Prof. Baigorria dice pertenecer y en lo cual se le debe reconocer su coherencia y persistencia– desde el cual se derroten y superen las políticas neoliberales.
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Clarín. Jueves 28 de abril de 2005
La Ley Federal de Educación debe ser derogada
Quienes entienden realmente de educación no necesitaron dotes adivinatorias para saber que la ley de 1993 sería un rotundo fracaso.
Por Nélida Baigorria. Ex diputada nacional, ex presidenta del Plan Nacional de Alfabetización
La lógica señala que la evidencia es el único criterio de verdad que no requiere demostración. Por eso, el Diccionario de la Lengua la define como «certeza clara, manifiesta y tan perceptible que nadie puede, racionalmente, dudar de ella».
La Ley Federal de Educación, sancionada en 1993 por la mayoría peronista de ambas Cámaras Legislativas y con el rechazo categórico de la oposición, ha fracasado rotundamente, tanto por sus fundamentos político-filosóficos como por los devastadores efectos de su aplicación, que se explicitan en esa juventud intelectualmente desvalida que la padeció con irreparables consecuencias para el desarrollo exitoso de su vida dentro del mundo del conocimiento, tan dinámico cuanto selectivo.
Sin embargo, no obstante esta evidencia, quienes tuvieron, por acción u omisión, la responsabilidad de la crisis terminal de nuestro sistema educativo han montado en el país, a través de los medios de difusión, una secuencia de imputaciones recíprocas, digna de una comedia de enredos a lo Lope o a lo Tirso, si no involucrase la tragedia de una generación perdida.
La Ley Federal, de inspiración falangista y por lo tanto anacrónica y retardataria (remedo de la reforma propuesta en 1967 por el dictador Onganía) debe ser derogada lisa y llanamente, aunque los grupos de presión que la impusieron, trabajen ya, a través de sus «equipos técnicos vitalicios» para introducir en ella nuevos afeites que dejen indemnes sus esencias.
La provincia de Buenos Aires fue el centro experimental del engendro educativo que significó la ley. Desfilaron por esa gestión conocidos personajes políticos hoy encumbrados funcionarios del Gobierno tanto nacional como provincial, entre ellos el actual director de Escuelas Bonaerenses, quien ahora descubre -en referencia al polimodal- que «la etapa más compleja de la vida escolar necesita cambios». Simultáneamente, una de sus asesoras habla de reparar «las secuelas» de la ley como si la etiología de la enfermedad ya hubiera sido curada.
Entre los artilugios dialécticos empleados para eludir responsabilidades y derivar en causas no pedagógicas el estrepitoso derrumbe de la ley, en un artículo publicado en esta misma sección en febrero, la ex ministra de Educación Susana Decibe, luego de explayarse en un vehemente panegírico de su gestión aduce que «es nuestra cultura política la que entorpece los intentos de mejora de nuestra educación.
Es posible y deseable que cada gobierno supere por su producción y no por su discurso a los que lo precedieron». Parece no recordar Decibe que fue la piqueta peronista la que demolió «una producción anterior», el Plan Nacional de Alfabetización, premiado por la UNESCO.
Quienes tenemos documentada tanto en la acción gremial como política la defensa irrestricta de la escuela pública sarmientina y del «derecho a la educación para todos», quienes no somos «prestigiosos pedagogos» ni «expertos» rentados por organismos internacionales y sólo somos modestos maestros de pizarra y tiza -siempre en el aula, de pie, trabajando en la ardua forja de seres libres en el manejo de su pensamiento lúcido, reflexivo y crítico, y adscriptos a los valores de la democracia- no hemos necesitado los dones adivinatorios de la troyana Casandra para vaticinar, cuando la ley era sólo un proyecto, este desquicio final.
En un manifiesto al «Pueblo de la República» escrito en 1905, el presidente Yrigoyen decía que esperar la regeneración del país de aquéllos que lo degradaron era hacer del delito un factor de reparación.
