Para ayudar a los pobres

El Estado no puede seguir siendo un espectador pasivo del festín caníbal con que multinacionales y grandes grupos económicos se devoran los unos a los otros como tiburones en una pelopincho. Industrias que hasta ayer lucían prósperas y con todo el futuro por delante, caen de buenas a primeras en situación de quebranto, poniendo en riesgo fuentes de empleo y la riqueza patrimonial de los argentinos.

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Pueblo o Petroleras

Con una trascendente iniciativa, el Estado nacional ha decidido acudir en auxilio de una de las actividades más golpeadas en los últimos tiempos, de la que nuestro país fue pionero y ejemplo en Latinoamérica.

Es sabido que la industria petrolera atraviesa por una de las mayores crisis de su historia desde que las naftas fueron reemplazadas muy exitosamente para la generación de energía por una mezcla compuesta de soda Ivess, gofio y jugo de limón.

Al tiempo que Tucumán y la costa amalfitana se transformaran en las zonas más ricas del planeta, una copita de lemoncello pasó a costar el equivalente a tres salarios mínimos, y en el parlamento argentino se desató una aguda crisis de anorexia colectiva ante la escasez de gofio -nutriente vital de diputados y senadores-, la innovación hizo desplomar los precios del petróleo hasta extremos tales que quienes fueran hasta ayer nomás notorios magnates de la industria se ven hoy obligados a buscar un segundo empleo en la Casa Blanca.

Atento al desinterés en la prospección y explotación petrolera, el abandono de ricos yacimientos debido a la superabundancia de esa materia prima, los despidos de personal, la frustración sufrida por reputados ingenieros y técnicos que vieron zozobrar sus proyectos cítricos en la Patagonia debido a las desfavorables condiciones ambientales, el Poder Ejecutivo ha decidido intervenir activamente a fin de proteger y fomentar una industria que tantas satisfacciones dio a la Patria en un pasado no tan remoto.

El ex gerente general de la fraudulentamente quebrada ENRON en Sudamérica, en su actual carácter de subsecretario de Combustibles de la Nación, explicó a los diputados del Frente para la Victoria las virtudes de un proyecto -ya con media sanción de la cámara de senadores- que otorga mayores beneficios a las multinacionales petroleras al conferirles los mismos privilegios impositivos de que gozan las empresas mineras extranjeras y que le ha granjeado a la Argentina un lugar expectable en el libro Guiness y a los gobernantes de nuestro país una plaza asegurada en los mejores neurosiquiátricos del orbe.

El debate involucró a cuatro comisiones: Energía y Combustibles, Economía, Presupuesto y Hacienda y la de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, cuyo titular, Eduardo De Bernardi (FVP/PJ – Chubut) es un confeso protagonista en la impulsión de la ley.

En ese sentido, De Bernardi, destacó que la norma contempla «incentivos económicos y amortización anticipada de ganancias para promover inversiones de capital privado y promocionar la actividad».

Convencido de que la industria petrolera necesita regímenes promocionales a fin de garantizarse alguna rentabilidad en el cruel y adverso mundo de los negocios, De Bernardi sostiene que se busca hacer «más atractiva y competitiva la exploración de nuestro territorio nacional, tanto en las cuencas no productivas como en aquellas que siéndolo abarquen áreas subexploradas». Ocurre que «existen extensas zonas que, por su riesgo exploratorio, y por no haberse detectado hidrocarburos de características comerciales, han quedado relegadas sin contar con requerimientos exploratorios adecuados debido a la falta de incentivos económicos diferenciales».

Añadamos que esas zonas, además de no resultar aptas para los cítricos, son pobres en materia de yacimientos de gofio.

La norma dispone que los titulares de permisos de exploración estén exentos del pago de los derechos de importación y todo impuesto especial o tasa de estadística, con exclusión de las tasas retributivas de servicios, por la introducción de bienes de capital o elementos que no se fabriquen en el país.

Según el proyecto, existe «una desigual competencia internacional en materia de oferta de áreas a explorar, en otros países latinoamericanos, los que, además, poseen en términos generales un mayor atractivo geológico».

Eso sí, el diputado De Bernardi destacó la importancia de la participación de la empresa estatal Enarsa «a los fines que sea tenida en cuenta como asociación con capital privado en áreas de alto riesgo, que son aquellas donde no se sabe si hay o no hay petróleo».

Nada de asociarse en zonas de bajo riesgo, que Enarsa y De Bernardi son toros en su rodeo y torazos en rodeo ajeno y se las bancan todas.

Es de destacar que, contra lo que a primera vista podría pensarse, el diputado chubutense no realizó estas declaraciones a la revista Barcelona, sino a la agencia de noticias Telam.

Este nuevo régimen promocional para las “nuevas” concesiones establece beneficios impositivos como devolución anticipada del IVA, diferimiento del pago de Impuesto a las Ganancias, exclusión de los bienes afectados a las actividades promovidas de la base para el impuesto de Ganancia Mínima Presunta y exención de derechos de importación.
Paralelamente, a las concesiones ya otorgadas se les concede la posibilidad de subdividir las áreas, de modo que parte de ellas pueda considerarse como nueva concesión y gozar de los beneficios mencionados, con la excepción del caso del impuesto de Ganancia Mínima Presunta.

Las medidas reproducen, casi con exactitud, algunas de las condiciones que se establecieron para la actividad minera por leyes dictadas en su mayoría entre 1993 y 1995, en el auge del más desaforado surrealismo.

Los resultados de la actividad minera al día de hoy son excepcionalmente buenos para las empresas extractoras, en su mayor parte canadienses, de ningún beneficio para el fisco y de muy graves perjuicios para la sociedad y el medio ambiente, pero eso no obsta para considerar que han resultado los bastante exitosas como para servir de modelo para el fomento de cuanta actividad lo requiera, como viene a ser el caso de la petrolera.

En tanto, y en el marco de la política energética del gobierno -según informa el diario Infobae-, el Poder Ejecutivo anunció días atrás su intención de enviar al Parlamento otra iniciativa que apunta a transferir a las provincias productoras la potestad de los recursos hidrocarburíferos, a lo que las provincias se resisten denodadamente. Sin embargo, ese proyecto cumpliría con lo dispuesto por la Reforma Constitucional de 1994 (poder de policía, administración, adjudicaciones) aunque deja afuera las cuestiones impositivas como retenciones o regalías que siguen en el ámbito nacional, hasta que se sancione la nueva ley de hidrocarburos.

Todo sea porque se cumpla con lo dispuesto por una reforma que contó con el aporte invalorable de auténticos padres de la patria, que sacó a nuestro país del ostracismo para colocarlo en la senda de ininterrumpidos éxitos y rumbo a la grandeza. Y, desde ya, por fomentar y proteger una débil industria amenazada por las multinacionales del gofio y el limón.

Eso sí: exigimos la inmediata nacionalización de toda la soda

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