La voz de la indignación sincera es la voz de Dios
-William Blake.
Por Teodoro Boot, especial para Causa Popular.- El miércoles 5 de abril, en una sesión inusualmente realizada en horas del mediodía, la asamblea vecinal de Gualeguaychú -tras ser informada sobre los contenidos de la reunión del día anterior en Buenos Aires entre sus representantes y el ministro Alberto Fernández, el canciller Taiana y el gobernador Busti-, decidió, sin mayores discusiones y por aclamación, reanudar el corte de la ruta internacional 136.
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Foto de NA por Hugo Villalobos, abril 7: Activistas de Greenpeace realizaron una manifestacion contra las pasteras que se construyen en Uruguay, en la Pza. de Mayo de la ciudad de Buenos Aires.
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Desde la tarde anterior era de público conocimiento la insólita “propuesta” de la empresa Botnia y, en consecuencia, la suspensión de la reunión entre los presidentes, ya postergada por primera vez durante la semana anterior.
El desaire de Botnia, precedido en los días previos de un sinnúmero de trascendidos, declaraciones de particulares y seudodesmentidas oficiales que indicaban la poca predisposición empresaria a adherir al pedido de los gobiernos, sorprendió, no por lo que tenía de inesperado sino por lo que tuvo de altanero: uruguayos y argentinos somos menos que nada a los ojos de estos empresarios que parecen personificar las mejores tradiciones del colonialismo europeo del siglo XIX.
Cuesta poco imaginar que la noticia fuera el tema obligado en las mesas familiares de Gualeguaychú en la noche del martes y diera lugar a numerosas reuniones informales, cuyo desarrollo de alguna manera anticipaba la decisión de la asamblea a realizarse la noche siguiente, si bien todos eran concientes de la necesidad e importancia de escuchar, en forma previa a cualquier clase de resolución, el informe de quienes en esos momentos aún estaban reunidos en Buenos Aires con los ministros y el gobernador y el vicegobernador de la provincia.
Estaba claro entre los vecinos de esa localidad que no se discutiría si se cortaba o no el puente, sino cuándo, en razón de que no eran pocos los que sostenían la necesidad de dar al gobierno uruguayo la posibilidad de reaccionar sin estar sometido a más presiones de las que ya estaba.
Podía suponerse que tal vez esa fuera la opinión predominante entre los asambleístas que se encontraban en Buenos Aires, pues tanto el jefe de Gabinete como el gobernador en esos momentos anunciaban la convocatoria a una nueva reunión con los representantes de Colón y Gualeguaychú para el lunes 10, junto al pedido a los vecinos de no tomar hasta entonces ninguna medida.
Las razones de los ministros y el gobernador eran buenas razones: no existiendo los cortes de ruta como elementos distractivos, el gobierno y la sociedad uruguaya debían discutir seriamente su relación con esas empresas y determinar hasta donde llega la capacidad de decisión de cada cual. Razones estas coincidentes con lo que desde siempre fue la objeción básica y central de los vecinos de Gualeguaychú y Colón: la falta de poder o de voluntad -o de ambas cosas- del gobierno uruguayo para controlar la actividad de esas empresas.
Sorprendió entonces la premura con que, no bien llegados de Buenos Aires, los representantes vecinales convocaron a una asamblea extraordinaria para unas horas después, y el poco tiempo que llevó a la asamblea tomar la decisión, luego de escuchar el informe sobre la reunión celebrada con las autoridades nacionales y provinciales.
¿Qué ocurrió en la Jefatura de Gabinete para que esos representantes vecinales -en su mayoría coordinadores de la asamblea, por lo general mucho más moderados que los propios vecinos de Gualeguaychú y que, casualmente, eran los mismos que en su momento alentaron la suspensión del corte de ruta-, regresaran como almas que lleva el diablo y ya con la voluntad común de promover el corte sin la menor dilación?
Retrocedamos a la tarde del martes, cuando, en momentos previos al inicio de la reunión en la Jefatura de Gabinete, Gonzalo Fernández, secretario general de la Presidencia del Uruguay, anunciaba la suspensión del encuentro entre los presidentes y deploraba la actitud de la empresa Botnia en una conferencia de prensa trasmitida en directo para la Argentina por Crónica TV.
En el transcurso de la misma, el funcionario dio detalles de los acuerdos previos a que habrían llegado ambas cancillerías, que diferían mucho de la versión de esos mismos acuerdos que su homónimo argentino había dado en los días previos a los representantes de Gualeguaychú. Como si eso no bastara para el desconierto, no bien finalizada la conferencia de prensa, el canal de TV puso en pantalla un supuesto facsímil del supuesto acuerdo a que había aludido Fernández el uruguayo.
Los asambleístas de Gualeguaychú y Colón también miran televisión, por si Fernández el argentino no lo sabía. Y no bien empezada la reunión, solicitaron a los funcionarios una fotocopia del tal documento de acuerdo, lo que, muy razonablemente, les fue negado en virtud de ser de carácter reservado, y así debía permanecer hasta su convalidación oficial por ambos presidentes.
Pero los funcionarios también se negaron -y ya sin razón alguna- a permitirles la lectura del mismo, aviniéndose únicamente a leerles algunos puntos, a su propio arbitrio.
El efecto logrado por semejante arbitrariedad fue, por lógica y para decirlo en criollo, que los asambleístas quedaran con la sensación de que los habían estado caminando. Y váyase a saber desde cuándo.
Lo que sobra para explicar todo lo sucedido inmediatamente después, muy particularmente, la velocidad con que se decidió volver al corte y la inocultable irritación de quienes habían representado a los vecinos en aquella reunión..
No vale la pena preguntarse si la percepción con que esos representantes salieron de la Jefatura de Gabinete se corresponde con la realidad. Tal vez no: habría sido muy ingenuo por parte de los ministros pergeñar un engaño que en modo alguno podría sostenerse más allá de las reuniones presidenciales.
¿Qué habrían ganado con eso? Apenas si postergar un mes la reanudación del corte de rutas, ya que, siendo concientes de que por esta vía en modo alguno podrán impedir la construcción de las plantas, los vecinos disponen de todo el tiempo del mundo para volver a la ruta, único modo que hasta ahora han encontrado de manifestar su desacuerdo y provocar el mayor perjuicio posible a quienes consideran co-responsables, cómplices o meros instrumentos pasivos de las empresas europeas.
Dicho sea de paso, la manifiesta impotencia del gobierno uruguayo para lidiar con una simple empresa privada, lejos de dar garantías y tranquilidad -único objetivo de las frustradas reuniones presidenciales y del prometido estudio de impacto ambiental-, lo que hizo fue aumentar la preocupación y justificar las peores aprehensiones.
Pero hay otra realidad evidente en esa reunión y en la actitud de los funcionarios, que debían dar cuenta de lo que habían hecho y conversado, no a un grupo de turistas dinamarqueses, sino justamente a quienes, con sus reclamos, dieron origen a la necesidad de que ambos gobiernos llegaran a ese supuesto acuerdo. Y esa realidad, llamémosle síntoma, es el del permanente desprecio a la inteligencia popular, el del vicio de creer que la gente es tonta, o que al cabo, aceptará resignadamente cualquier cosa que se haga a sus expensas.
El señor Fernández debe creer que aún seguimos en tiempos de Menem y Cavallo, que acá no ha pasado nada y que, si pasó, fue apenas si una efímera explosión de ira, tantos años contenida. Ahí tiene ahora el señor Fernández su corte, como para que empiece a entender.
Es opinión de quien firma estas palabras que la asamblea de Gualeguaychú cometió un error, que mejor debió haber manifestado a la delegación diplomática de Finlandia cuánto repugna la altanería y rapacidad de las empresas de ese país, que era oportuno mostrar al gobierno y al pueblo uruguayo que, de decidir ponerse los pantalones y meter en caja a esos empresarios, los vecinos de Gualeguaychú los apoyarían con la misma voluntad que han mostrado hasta el momento. Primó, en cambio, la bronca y la indignación.
El gobernador Busti, presente en esa reunión y, por ende, cuanto menos responsable pasivo del desacierto de los ministros, también deplora la decisión de la asamblea, a la que considera fruto de la voluntad de una minoría. Propone entonces que los habitantes de Colón y Gualeguaychú se expidan en un plebiscito. Debe creer que lo apoyarán.
Otro que atrasa diez años.
Pobre hombre.
