Papeleras: Xenofobia de juguetería

Por Teodoro Boot, especial para Causa Popular,- El diferendo por la instalación de dos plantas de elaboración de pulpa de celulosa en Fray Bentos ha dado lugar en Uruguay a un inusitado brote de xenofobia de juguetería, alentado por la irresponsabilidad y liviandad con que algunos dirigentes de ambas orillas dicen cualquier tontería. En Argentina, las autoridades nacionales y provinciales reaccionaron tarde ante un proyecto que comenzó a gestarse durante la administración del presidente Luis Alberto Lacalle y un reclamo vecinal que ya lleva más de tres años. Y cuando uno actúa tarde, sobreactúa.

El gobernador Jorge Busti sobreactúa todo el tiempo. Dice lo primero que se le pasa por la cabeza, y repetidas veces ha tenido que desdecirse. Y tendrá que seguir haciéndolo, habida cuenta de que su última muestra de desbocamiento ha sido proclamar el agotamiento de las instancias diplomáticas para zanjar el conflicto.

Si Busti supiera lo que dice, tendríamos que colegir que la provincia de Entre Ríos le ha declarado la guerra a la República Oriental. Afortunadamente, no sabe lo que dice.

Hay que reconocerle, sin embargo que, a diferencia de su predecesor, el inimputable Sergio Montiel, al menos se ha preocupado de un tema que angustia a los habitantes de la costa uruguaya de Entre Ríos y particularmente a los de Gualeguaychú. Pero su compulsión por ocupar los titulares de las noticias y su inquietud por desplazar de la protesta a sus rivales políticos de esa ciudad, provoca resultados inversos a los pretendidos.

La vocinglería del gobernador contrasta con la prudencia de su vice, Pedro Guastavino. Quizá porque Guastavino no tiene un pasado que disimular.

Aunque posiblemente sea inadvertida e involuntariamente, Busti ha sido uno de los artífices del ridículo brote de xenofobia de gran parte de la opinión pública uruguaya, además de ayudar a confundir el origen y sentido de la protesta vecinal que nació del lado oriental del río y se trasmitió al occidental de la mano de dos ediles de Fray Bentos pertenecientes al Frente Amplio.

Cada vez que desde aqui nos hacemos eco de las objeciones a las «papeleras» originadas en la margen oriental del río, nos dicen que metamos las narices en nuestros propios, asquerosos asuntos. Desconcierta que ello provenga de gentes que se meten lo más campantes con Japón, la Cochincina y la mar en coche, pero así suelen ser las cosas cuando cunde el patrioterismo.

Cabe aclarar que éste siempre esta latente, y que en todas las casas tiende a ensañarse con los vecinos, justamente por razones de cercanía, y no de diferencia sino de semejanza: no hay nada que detestemos más en el otro que nuestros propios defectos reflejados.

Pero por lo general permanece soterrado, reprimido socialmente por el sentido común, la educación y numerosas convenciones que hacen a una coexistencia civilizada y racional, hasta que el oportunismo lleva a algunos irresponsables, con mayor o menor predicamento, a liberar esas “represiones”, apelando a lo peor que cada uno lleve adentro.

Cuando como consecuencia de la convertibilidad el desempleo se disparó, el entonces presidente Carlos Menem culpó de la falta de trabajo a la competencia desleal de los inmigrantes que trabajaban en negro, sin aportes patronales y por salarios menores a lo estipulado por ley, alentando la estúpida xenofobia que subyace en el argentino y en todos los pueblos.

Así, la responsabilidad de nuestros males la tenían pobres infelices que migraban, por lo general desde los países limítrofes, para ganarse un peso o tratar de forjarse una vida mejor,. y no los empresarios evasores, ni las políticas de vaciamiento del país o las grandes empresas (estas sí auténticamente extranjeras) que se apropiaban de la riqueza pública acumulada por sucesivas generaciones de nativos e inmigrantes.

En curioso y lamentable paralelismo, numerosos dirigentes uruguayos afirman hoy que la oposición a las plantas de celulosa obedece a la aviesa intención de “los argentinos” de impedir que el Uruguay se industrialice.

Es pertinente destacar que “argentinos” no es una categoría ontológica, sociológica ni mucho menos psicológica, sino apenas una ciudadanía. Y de aludir esa interpretación a la supuesta voluntad del gobierno argentino, sería bueno recordar que, acuciado por otros problemas y enemistado con el presidente Jorge Batlle hasta el punto de apoyar públicamente la candidatura de Tabaré Vázquez, en el tema que nos ocupa el gobierno argentino hasta ahora lo único que hizo fue papar moscas.

Es verdad que la vocinglería de Busti pudo confundir a las autoridades uruguayas, que atribuyeron la protesta vecinal a oscuras maniobras electoralistas (lo que revela el asombroso olvido de las visitas que vecinos de Gualeguaychú, encabezados por el intendente Daniel Irigoyen, hicieron –entre a otros funcionarios–. al arquitecto Mariano Arana no bien éste asumió como ministro de Medio Ambiente, para ponerlo al tanto de su preocupación y pedirle el replanteo del convenio firmado por Batlle.
La memoria suele ser corta, sobrte todo cuando se quiere desviar el núcleo de un problema, atribuyéndosele causas que proporcionan un alto rédito político al forzar a la población a cerrar filas detrás de discutibles medidas gubernamentales presentadas como “causa nacional”.

El gobierno uruguayo descubrió los beneficios de colocarse en el papel de víctima, diluyendo así su propia responsabilidad y la de las administraciones anteriores en una relación bilateral y/o regional cuyas deficiencias y desequilibrios reconocen causas de larga data, y cuya solución requiere de políticas coherentes en el tiempo y cambios estructurales, proceso que no puede estar exento de conflictos.

Para solucionarlos, hay que reconocer la realidad y hablar con la verdad, evitando recurrir a la demagogia fácil, que es pan para hoy y hambre para mañana. Así, cuando el ministro José Mujica atribuye a la malevolencia “argentina” que se impida la entrada a la Argentina como producto originario del Mercosur a las bicicletas ensambladas en Uruguay, se abstiene de aclarar si acaso no son -como son- fabricadas en China y sólo armadas en el Uruguay a través de un complejo proceso industrial consistente en colocarles ruedas, frenos y asientos, igualmente chinos, por parte de “empresarios” avivados que lo único que hacen es contrabando. El ministro tampoco aclara que no existe impedimento aduanero alguno para el ingreso a la Argentina de bicicletas chinas armadas en Uruguay, sólo que pagan derechos diferenciales a las que son efectivamente originarias del Uruguay.

Y en este abstenerse de aclaraciones, por voluntad o ignorancia, tergiversa la verdad y sugiere al pueblo uruguayo la idea de que todos los orientales son discriminados, sin explicar por qué.

Los dirigentes políticos y sociales no deberían ser tan irresponsables, mucho menos los que, como Mujica, gozan de un bien ganado predicamento público, ya que las consecuencias de sus palabras suelen ir mucho más allá de los propósitos coyunturales pretendidos. Como muestra de lo peor que puede pasarle a ambos pueblos, en la actualidad Busti pasaría desapercibido en Montevideo.

El corte de la ruta internacional 136 durante varios días (que renovado cada 12 horas por asamblea, amenaza con transformarse en “por tiempo indeterminado”), es una autoencerrona en la que los vecinos cayeron por inexperiencia y/o por demostrar que no “obedecen” al gobernador. Ojalá consigan salir de ella en la asamblea que se lleva a cabo al momento de escribirse estas líneas.

No es materialmente posible sostener un corte de rutas por tiempo indeterminado, y más cuando quienes lo llevan a cabo son comerciantes, empleados, colonos, dentistas y amas de casa. Tampoco es posible para las autoridades nacionales abstenerse “por tiempo indeterminado” de liberar el tránsito mediante la fuerza pública, la idea más desafortunada que puede ocurrírseles.

Si bien no se encuentran todos los vecinos en el lugar y en un mismo momento sino por turnos rotativos, quienes ocasionalmente estén en la ruta lo están en representación de toda una ciudad. Pocas veces y en pocos sitios se ha visto tal grado de unanimidad como la que concita en Gualeguaychú el rechazo a las papeleras, razón por la cual una apertura del tránsito mediante el uso de la fuerza pondría en pie de guerra a la ciudad entera, en sentido literal, para nada metafórico.

Como si ignoraran este hecho evidente, la represión de los vecinos es el reclamo muy mayoritario de los dirigentes del Frente Amplio, que interpretan la renuencia gubernamental a perpetrar esa barbaridad como otra aviesa maniobra de “los argentinos”.

Y como para muestra basta un botón, elegimos al señor Víctor Viviano, que en un envío desde Nueva Palmira, entre otros dislates y luego de quejarse por el corte de la ruta 136, nos dice: “(…) el Martes 31 de Enero trabajadores de Parmalat Argentina cortaron la ruta Nº2 que une a Buenos Aires con la costa argentina en protesta contra el despido de 200 trabajadores y de esta manera impedir el recambio de turistas de fin de mes (les suena familiar?) ¿Cuál fue el resultado? Fueron «molidos a palo» por la Gendarmería Argentina y reprimidos con gases y balas de goma.

La misma Gendarmería que no movió un pelo por los corte de ruta en Gualeguaychú”.

Viviano no tiene por qué saber que en la ruta 2 actuó la policía de la Provincia de Buenos Aires, que carece de la menor relación, mucho menos en cuanto a mandos, con la Gendarmería Nacional, ni que la Gendarmería tiene prohibido actuar de por sí sino que puede hacerlo sólo a las órdenes del secretario de Seguridad o de un juez federal, así que en eso, está disculpado. Pero lo que en buen romance Viviano reclama es que los vecinos de Gualeguaychú sean “molidos a palo”.

Viviano no es un antiguo represor, ni un general que se niega a aceptar el “nunca más” como un principio absoluto, ni un comisario de pueblo embrutecido por la caña quemada. Ni siquiera un obtuso cabo de policía. Viviano es un dirigente del Partido Socialista del Uruguay.
A eso hemos llegado.

Viviano promueve un insólito boicot a los productos argentinos… en razón de que el corte de la ruta internacional está dificultando el abastecimiento en Uruguay de productos argentinos, algunos de ellos, esenciales.

Lo que los vecinos de Gualeguaychú no midieron es que no es igual demorar el tránsito de turistas o interrumpir el paso de insumos para la fábrica Botnia que impedir el paso de productos de primera necesidad, lo que ningún pueblo merece, con independencia de la opinión que nos merezcan sus gobiernos.

Existe consenso en Uruguay en que esta medida excesiva obedece a la proverbial prepotencia argentina, prejuicio que tiene su razón de ser en virtud de la catadura de muchos de los argentinos que veranean en ese país, pero que en este caso es equivocado: lo que lleva a los vecinos a esa clase de medidas no es la prepotencia, sino la impotencia: han fracasado en cuanto intento hicieron para ser tenidos en cuenta.

Es una obviedad decir que el río Uruguay es un recurso compartido, pero en ocasiones parece que hasta lo obvio se olvida. Las autoridades uruguayas explican la unilateralidad con que han decidido cómo, donde y qué clase de plantas de celulosa instalar, y hasta el hecho de instalarlas, en razón de haber tomado todos los recaudos pertinentes para que ese recurso común no se vea afectado, lo que constituye un monumental retorcimiento de la lógica: si el recurso es común, esos supuestos recaudos deben ser adoptados de común acuerdo.

Dicho de otro modo: no basta con que una de las partes asegure haberlos tomado en nombre de las dos, porque de bastar, no habría hecho falta aclarar en su momento que se trataba de un recurso común, estableciendo algunos protocolos para tomar cualquier decisión.

Esto, que lo entiende hasta mi tía Pepa, parece ser japonés para las autoridades uruguayas, para las que la disparidad de conclusiones de la comisión binacional es una anécdota intrascendente, en todo caso otra muestra más de malevolencia de “los argentinos”, que no obliga ni a la menor reflexión, a nuevos estudios ni, mucho menos, a suspender las obras de un proyecto decidido unilateralmente.

Ni aclaran ni contribuyen los juegos de palabras con que los funcionarios uruguayos defienden su decisión unilateral de permitir la continuación de las obras de la empresa Botnia, que casualmente viene a ser la razón que llevó a los vecinos de Gualeguaychú a extremar sus medidas de fuerza.

Para Tabaré Vázquez, este reclamo es comparable al de un marido que le pega a su mujer a cuenta de futuras infidelidades (increíblemente SIC), como si lo que Botnia estuviera construyendo a la vera del río fuera una cancha de tenis, cuando lo que continúa construyendo es justamente la razón misma del conflicto, no una suerte de sofá cama que tanto puede servir como fábrica de pasta celulosa o de ravioles, de colonia de vacaciones de los escolares, sede administrativa del Mercosur o asilo para débiles mentales.
Con este estilo, lo que Tabaré merecería es que el embajador Hernán Patiño Meyer sea reemplazado por Carlos Ruckauf, que puede hacerle sombra en materia de retruécanos, juegos de palabras, chicanas huecas y otras ingeniosidades.

El cansancio moral induce a abstenerse de aventurar las posibles causas que impulsan al gobierno uruguayo a mostrarse irreductible, cerrado a cualquier alternativa y empecinado en seguir ejecutando una decisión unilateral sobre algo que comparte con otro.

Pero no es posible dejar de advertir cuan peligrosos son las guerras verbales, la tergiversación a sabiendas de los hechos, la demagogia de alentar al imbécil chauvinista que todos llevamos dentro, el facilismo de depositar en otros las causas de nuestros males o de inventar enemigos al paso, en la errónea creencia de que mañana, lo pasado será pisado. Las palabras suelen hacernos prisioneros y convertirse en nuestra cárcel, por lo que resulta prudente pensarlo dos veces antes de abrir la boca.

Argentina y Uruguay tienen un diferendo en el que están directamente involucrados unos cuantos lugareños que reclaman ser tenidos en cuenta y escuchados, que no merecen ser, como lo están siendo, ignorados e insultados ni convertirse en masa de maniobra de políticos irresponsables de ambas orillas del río.

La posibilidad de que el diferendo sea resuelto satisfactoriamente (vale decir, con el menor perjuicio para cada una de las partes y de los involucrados directos, con mutuas concesiones y procurando que la ocasión sirva para arribar instancias superiores en la relación entre ambos países), depende de la ductilidad y flexibilidad que sepan mostrar todos y cada uno de los actores. Para esto, habría que tener presente, siempre, que los únicos verdaderamente «de afuera», son las empresas españolas y finlandesas.

Hoy por hoy, nada parecido pinta en el horizonte.

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