Por Guillermo Waksman, gentileza Semanario Brecha, especial para Causa Popular.- La Semana de Turismo no dio tregua a los gobiernos de Argentina y Uruguay, a los ambientalistas, a los periodistas y al público en general, que sigue atónito las alternativas del conflicto por la instalación de las plantas de celulosa. El enfrentamiento llegó a su punto más candente, al extremo que se llega a hablar de “una virtual ruptura de relaciones”. Pero además se conoció el postergado informe técnico al Banco Mundial que, como era previsible, dio lugar a lecturas contradictorias.
El viernes 7 la cancillería recuperó la conducción de la política exterior, que -al menos en todo lo relacionado con el conflicto con Argentina por la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos- desde hace meses había quedado a cargo del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández.
Ese día, el ministro Reinaldo Gargano anunció que, por decisión del presidente Tabaré Vázquez, se daba por terminada la etapa de la negociación directa entre ambos mandatarios que había comenzado el 11 de marzo en Santiago de Chile (y aclaró por las dudas que durante ese tiempo había sido informado permanentemente por el presidente de todas las gestiones).
En la misma oportunidad el jefe de la diplomacia uruguaya anunció que el gobierno solicitaría la convocatoria del Consejo del MERCOSUR para tratar el diferendo, por considerarse que el bloqueo de los puentes internacionales, que las autoridades argentinas no impiden, constituía una violación del artículo 1 del Tratado de Asunción.
Informó que además se pondría en conocimiento de la situación a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya. En este caso, no se solicitaba la intervención del órgano sino que sólo se lo ponía en antecedentes del asunto. También en la tarde del viernes 7 Gargano convocó a la cancillería al embajador argentino Hernán Patiño Meyer, a quien entregó una carta en la que se comunicaba al presidente Néstor Kirchner la decisión de dar por concluidas las negociaciones.
El sábado 8, entrevistado por Radio Mitre, el ministro del Interior argentino, Aníbal Fernández, como si se hubiera propuesto terminar de pudrir una situación que ya tenía un olor pestilente, lanzó un verdadero misil: “No se tiene que reunir el presidente Kirchner con el presidente Tabaré Vázquez; se tendría que reunir el presidente Kirchner con el presidente de Botnia, porque son los dos únicos que pueden tomar decisiones de fondo”.
No se trataba de una declaración más ni había sido formulada por cualquier funcionario, sino por el ministro político del gobierno argentino y, como señaló Joaquín Morales Solá en La Nación (domingo 9), una afirmación de ese calibre no pudo ser hecha sin el aval del presidente Kirchner, quien por lo menos hasta ayer, miércoles, no había considerado necesario distanciarse del exabrupto.
Después de las intervenciones del canciller Gargano y del ministro Fernández se hizo evidente que ninguno de los gobiernos se proponía bajar la pelota al piso y arreglar las diferencias por las buenas. Hubiera sido menos farandulesco que las autoridades argentinas se hubiesen limitado a tomar nota de la decisión de Vázquez, pero fue flagrante su propósito de contribuir a ensuciar todavía más la cancha en que se disputa el diferendo.
Es casi un axioma en el mundo entero que, por lo menos en sus áreas específicas de actividad, las empresas trasnacionales tienen más poder que los gobiernos (y por cierto no lo desaprovechan). Aunque tampoco debería sorprender al ministro argentino del Interior que en un país donde funcionen las instituciones el Estado no intervenga en las decisiones de una empresa privada, trasnacional o no, fuera de los casos previstos por la ley; de ahí que la interrupción de las obras de Botnia y ENCE hayan sido un pedido del gobierno y no una imposición. Por otra parte, el ministro del Interior argentino no era, ni mucho menos, el funcionario más indicado para hacer este tipo de comentarios, teniendo en cuenta que entre sus cometidos está el de mantener el orden público y, en consecuencia, impedir que en el territorio de su país haya, por día, más de cien cortes de ruta, entre ellos algunos que afectan las relaciones internacionales con una nación limítrofe.
Con la intervención del ministro Fernández se llegó al momento más crítico del conflicto entre Argentina y Uruguay, que había tenido uno de sus hitos el 23 de diciembre, cuando se cortó por primera vez el puente General San Martín. En aquel momento la cancillería evitaba hablar de “conflicto” o de “incidente” diplomático; ayer, miércoles, el diario La Nación sostuvo, sin eufemismos, que existía “una virtual ruptura de las relaciones diplomáticas”.
Las declaraciones de Fernández generaron un fárrago de reacciones. La mayoría de ellas estuvieron encaminadas a buscar un diálogo más civilizado entre las partes. La pauta la marcó el canciller Gargano, al sostener que lo que había que intercambiar era argumentos y no epítetos ni agravios. Salieron a luz algunos antecedentes penales del ministro Fernández -no de carácter político ni de los tiempos de la dictadura- y el ex ministro colorado José Villar, que además fue consejero en la embajada uruguaya en Buenos Aires, opinó que “Fernández es el López Rega de Kirchner” (radio Sarandí, lunes 10).
Por su parte, el ministro José Mujica hizo un llamado al diálogo, pidió a los dos presidentes que se reunieran en algún boliche -previos intercambios “por debajo de la mesa”- y sostuvo que la empresa Botnia debía mirar un poco más lejos, llegando a sugerir que para satisfacer los intereses argentinos podría montar en ese país una fábrica de papel -la parte limpia del negocio- que trabajase con la celulosa elaborada en Río Negro.
Del lado argentino, mientras tanto, el sábado 8 se reunió el Foro de Asambleas Ambientales Ciudadanas de la Cuenca del Río Uruguay, que aprobó un documento denominado “Consenso de Concepción del Uruguay” calificado por los dirigentes ambientalistas como “muy duro, pero que refleja claramente cuál es nuestra posición”.
En ese texto representantes de las asambleas de Gualeguaychú, Colón, Concordia y Concepción del Uruguay rechazaron la iniciativa del gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, de realizar un plebiscito para definir la posición de los vecinos sobre el asunto y comenzaron a organizar la conmemoración, el domingo 30, del primer aniversario del llamado “abrazo del puente” (Fray Bentos-Puerto Unzué), cuando ambientalistas argentinos y uruguayos se encontraron para protestar contra las plantas de celulosa de Río Negro.
En el foro también se aprobó una consigna: “Que la costa del Uruguay no sea el Tartagal del mañana”. Pero comenzaron a notarse divergencias entre los dirigentes ambientalistas que se habían reunido en Buenos Aires con las autoridades del gobierno, que consideran contraproducentes los cortes de ruta para la demanda que se propone entablar ante la Corte Internacional de Justicia. Ese tipo de diferencias se advirtió también en la nueva asamblea celebrada en Colón el martes 11, de escasa asistencia -alrededor de medio centenar de vecinos-, en la cual se aprobó restablecer el corte de la ruta que lleva al puente General Artigas, que comunica a esa ciudad con Paysandú.
Vázquez recupera el apoyo de la oposición
En Argentina el frente político sigue disperso con relación al conflicto. El senador radical Rodolfo Terragno, por ejemplo, señaló que su país “puede conseguir solidaridad para luchar contra la contaminación, pero no para violar leyes”.
En Uruguay, la tensión del conflicto facilitó la reconciliación de todos los partidos. Las tres colectividades de la oposición -y en particular blancos y colorados, que un mes antes se habían puesto en la vereda de enfrente cuando el encuentro con Kirchner en Santiago de Chile- volvieron a reunirse el martes 11, convocadas por el canciller Gargano para conocer los próximos pasos del gobierno, al que respaldaron plenamente a la salida de la reunión.
Durante el encuentro, el diputado José Amorín, representante del Partido Colorado, cuestionó a Vázquez por sus declaraciones conjuntas con Kirchner en Chile, cuando puso en un pie de igualdad los pedidos a las empresas y a los ambientalistas de Entre Ríos, así como los reproches que realizó el gobierno, por medio de Gonzalo Fernández, a la empresa Botnia, por haber aceptado la solicitud de interrupción de las obras apenas por diez días.
El senador Sergio Abreu, que asistió en nombre del Partido Nacional, unos días antes había objetado que el gobierno enviara una mera noticia al tribunal de La Haya -“la Corte no es un libro de quejas”, había dicho- y además se había mostrado muy escéptico acerca de los resultados que podían obtenerse en el MERCOSUR: “Uruguay se debate entre la prepotencia y la indiferencia”, llegó a declarar, aludiendo así a las actitudes asumidas por Argentina y Brasil respectivamente.
Sin embargo, después de la cumbre interpartidaria apoyó la estrategia de la cancillería y subrayó la importancia de mirar hacia adelante. En igual sentido se pronunció Heber Gatto, delegado del Partido Independiente. Durante el encuentro, Gargano sostuvo que, además de la información enviada a la Corte de La Haya, que fue entregada el lunes 10 por el embajador en los Países Bajos, y de la solicitud de una convocatoria con carácter extraordinario al Consejo del MERCOSUR, integrado por los cancilleres y ministros de Economía de los cuatro países que son miembros plenos, Uruguay reiteraría el pedido de una reunión del Tribunal de Solución de Controversias, que ya había formulado hace dos meses sin obtener respuesta alguna del presidente pro témpore del MERCOSUR, cargo que hasta junio ocupa justamente Kirchner.
De este modo, en el ámbito regional se recurrirá a una instancia política, el Consejo, donde difícilmente pueda llegarse a una solución porque se decide por consenso, y a otra jurisdiccional. El Tribunal de Solución de Controversias se integra con un miembro designado por cada parte, y un tercer árbitro nombrado por ambas. En cuanto al Consejo, Gargano confía en que sea convocado en el correr de la semana próxima.
En la reunión de la cancillería también se manejó la posibilidad de proponer al MERCOSUR la aprobación de un reglamento sobre contaminación ambiental, que incluya normas relativas a las condiciones en que deben funcionar las plantas de celulosa de la región. La iniciativa afectaría a cinco de las diez plantas argentinas, que de aprobarse ese tipo de normativa se verían obligadas a renovar su tecnología, notoriamente obsoleta y contaminante.
En el encuentro Gargano también recordó que, desde hace meses, en la cancillería se reúne informalmente un grupo de ex ministros de relaciones exteriores y profesores de derecho internacional, pertenecientes a distintas colectividades partidarias, que asesoran al ministerio. Esa constancia del ministro fue una implícita respuesta al ex presidente Jorge Batlle, quien un par de días antes formuló públicamente una propuesta en esa dirección, como si fuese una idea suya.
El informe tan temido
El Banco Mundial no sólo tiene que ver con la instalación de Botnia y ENCE en Uruguay porque la financiación de esas obras fue pedida, en su mayor parte, a esa institución sino porque la que pueda obtenerse de bancos privados suele ser otorgada o rechazada teniendo muy en cuenta la actitud que siga la institución internacional. Además, el bm ha sido, en los últimos veinte años, el principal impulsor de la forestación y de la instalación de las fábricas de celulosa en el Tercer Mundo.
Por eso no llamó demasiado la atención que el informe presentado el 19 de diciembre último, a cargo de una consultora japonesa que trabajó con expertos chilenos, no planteara objeciones a los estudios sobre las dos obras -el proyecto Orión, de Botnia, y Celulosa de M’Bopicuá (CMB), de ENCE-, que habían sido realizados por las propias empresas.
En el período habitual de consultas que prevé el procedimiento, la reacción del gobierno argentino y de las organizaciones ambientalistas dio lugar a la intervención de la ombudsman del bm, a la recolección de información complementaria y a la contratación de la consultora canadiense Hartfield Consultants Limited, que fue la que produjo el informe cuyo contenido se conoció el martes 11 y que corrige sustancialmente las conclusiones del anterior.
El nuevo documento, suscrito por los expertos Wayne Dwernychuk y Neil Mc Cubbin, ambos canadienses, será discutido ahora por la Corporación Financiera Internacional (CFI) con las autoridades uruguayas y argentinas, y con las de las dos empresas.
Una vez realizadas esas consultas, en las que seguramente Botnia y ENCE se comprometerán a modificar los aspectos de sus proyectos que se sugieren cambiar, la CFI redactará la versión final del estudio de impacto ambiental, que será el documento que considerará el bm a la hora de decidir la concesión de los préstamos solicitados.
En el caso de Botnia, que además pidió un seguro contra riesgos políticos para la planta Orión, el mismo informe servirá para la decisión que debe adoptar la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), también del bm. Mientras no termine el proceso de discusión del informe, los préstamos no serán acordados, de modo que el tiempo juega en contra de las empresas.
Los expertos de Hartfield aseguran que las plantas de Río Negro, tal como están proyectadas, no provocarán daños ambientales catastróficos. Un pronóstico de esa índole, afirman, no tiene sustento, es irracional y desconoce la experiencia de otras plantas modernas similares. Tampoco cuestionan la localización de las dos plantas ni la tecnología que se disponen a usar, aunque proponen, para mayor seguridad, introducir una variante: pasar de la libre de cloro elemental (ECF) a la ECF “light”.
En cambio, Dwernychuk y McCubbin formulan, a lo largo de las casi 60 páginas del documento, varias decenas de observaciones y recomendaciones de carácter técnico a los procedimientos propuestos por Botnia y ENCE.
Señalan que las diferencias pueden deberse a que las empresas se guiaron por las pautas establecidas en un documento sobre prevención y control integral de la contaminación aprobado hace ya cinco años y que en este período ha habido muchos avances en materia de las llamadas “mejores tecnologías disponibles”, insistentemente invocadas como inmejorables no sólo por Botnia y ENCE, sino también por las autoridades del Ministerio de Vivienda, y citadas en el folleto publicitario editado por el gobierno uruguayo como garantía de que “las plantas no contaminan”.
Una de las observaciones que en principio parece de mayor entidad se refiere a que “las referencias a dioxinas/furanos en los vertidos de las plantas parecen haber sido manejadas algo a la ligera”, ya que sólo se dice que la emisión de estas sustancias “estará en niveles indetectables”. Los expertos piden que las empresas establezcan claramente, con cifras, cuáles serán esos niveles de contaminación.
Otra de las observaciones, relacionada con los malos olores producidos por las plantas, reclama que se prevean no sólo las consecuencias que puedan verificarse a una distancia cercana al emplazamiento de las mismas, sino también a las que pueden sentirse en Gualeguaychú.
Y en cuanto a las observaciones ya no de carácter exclusivamente técnico, sino de procedimiento, se sostiene en el informe que las empresas no han proporcionado información suficiente para las evaluaciones técnicas. Esta afirmación coincide con los reclamos formulados constantemente por la delegación argentina ante el Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN) y respondidas por los representantes uruguayos, en especial los del Ministerio de Industria y Energía, con la explicación de que se trataba de datos que recién se conocerían cuando las plantas estuviesen operando.
El director de Asuntos Ambientales de la cancillería argentina, Raúl Estrada Oyuela -en una entrevista concedida ayer, miércoles, a radio El Espectador- señaló su satisfacción por el contenido del informe de los técnicos canadienses, que recoge, en su opinión, la mayor parte de los cuestionamientos que en su momento planteó Argentina.
Recordó que su gobierno nunca había sostenido que las plantas de celulosa de Río Negro pudieran causar “daños catastróficos”, aunque aclaró que nadie puede tomar como un elogio que un proyecto no provoque una catástrofe.
Reconoció que en Argentina hay plantas de celulosa que emplean tecnología más contaminante que las que usarán Botnia y ENCE, y señaló que a las nuevas plantas se les exigen niveles más altos de producción mientras que a las viejas se les dan plazos para que se modernicen.
Por su parte, el economista Marcelo Bisogno, representante uruguayo ante el bm en Washington, entrevistado ayer, miércoles, también por la radio El Espectador, afirmó que las observaciones que ahora se formulan a los proyectos de Botnia y ENCE obedecen a que se elevaron los niveles de exigencia. Gráficamente explicó que antes se les pidió que emplearan una tecnología de BMW, mientras que ahora se les reclama que usen una de Rolls-Royce, y agregó que las plantas argentinas utilizan una tecnología de Fiat 600, y a veces de Ford T.
Agregó que si las mismas plantas hubiesen sido previstas para la margen occidental del río Uruguay, ya estarían construidas, aludiendo a que no hubieran econtrado oposición alguna del lado uruguayo.
A todo esto, mientras el conflicto por las dos primeras plantas celulósicas en Uruguay se mantiene en su máxima intensidad y Stora Enso ya anunció la construcción de una tercera en Durazno que producirá, como ENCE, un millón de toneladas por año, y una firma canadiense tiene proyectado instalar otra en el este del país, la prensa de Chile informa que Arauco, la principal empresa forestal de ese país, también piensa instalarse en Argentina y Uruguay.
