Papeleras: La pared

Por Teodoro Boot, especial para Causa Popular.- Los vecinos de Gualeguaychú describen sus tres últimos años de relación con el gobierno de la República Oriental del Uruguay como la de haber estado hablando con una pared. Suena desconcertante eso de que los habitantes de una pequeña ciudad crean tener relaciones con un Estado extranjero, pero es así: está en la historia, en la cultura, en la vida de los pueblos fronterizos, muy especialmente cuando esa frontera jamás ha conseguido separar nada importante.

Es posible que los gobiernos uruguayos se hayan mostrado tan sordos por considerar inadmisible la pretensión de los vecinos de Gualeguaychú de tomar parte de las decisiones que pudieran afectar sus vidas. No sería de extrañar: otro tanto pasó con los gobiernos argentinos.

El gobierno argentino advirtió que algo serio ocurría tres años después de que había comenzado a ocurrir y recién cuando dos de los tres puentes que unen la provincia de Entre Ríos con la República Oriental llevaban cortados más de treinta días.

El gobernador de la provincia se dio cuenta un poco antes y se empezó a hablar encima, en sintonía con el hablarse encima del gobierno uruguayo y de toda su dirigencia política, casi sin excepción.

Unos y otros quedaron enmarañados en sus propias palabras, en afirmaciones descabelladas que daban vergüenza ajena y que, es de esperar, a medida que transcurra el tiempo empiecen a provocar en algunos, aunque sea un poco de vergüenza propia.

El pueblo uruguayo tomó como una agresión los cortes de los puentes internacionales, y es razonable que así sucediera: ¿qué habían hecho los trabajadores del turismo, los aduaneros o los camioneros para merecer la pérdida de sus empleos o la disminución de sus ingresos?

En cambio, la dirigencia política uruguaya fingió escandalizarse, aprovechando la circunstancia para alentar un nacionalismo tan falso como obsoleto, uniformando a la opinión general detrás de medidas, sino cuestionables, al menos dignas de ser discutidas con seriedad y en libertad, amén de información.

Era evidente y explícito que el propósito del corte de los puentes era llamar la atención del gobierno argentino y forzar a ambos gobiernos a una negociación.

Es razonable que el pueblo uruguayo no perciba los alcances del colapso que sufrió -y todavía sufre- la sociedad argentina, la evaporación de sus instituciones y la obsolescencia de sus mecanismos de representación, y que por tal motivo no entienda la naturalidad con la que personas de lo más pacíficas cortan un puente internacional y la simultánea imposibilidad de las autoridades para impedirlo.

Menos razonable suena que a uno y otro lado del río no se comprenda el derecho que asiste a las personas de a pie a tomar parte en las decisiones que pudieran afectarlas. ¿O acaso hay que ser senador, diputado o burócrata para ser tenido en cuenta?

Esta incomprensión, esta impávida negación del derecho más elemental de los pueblos, está en la base del conflicto y constituye uno -apenas uno- de los factores que imposibilitan cualquier solución a este y a muchos otros problemas, fenómeno que será creciente habida cuenta la ineptitud de nuestros sistemas institucionales, de representación y de toma de decisiones, para satisfacer las necesidades y exigencias de sociedades que han cambiado mucho en los últimos cien años, mientras las dirigencias políticas y sociales insisten en creer que no han cambiado nada.

En ese sentido, la insólita pretensión del pueblo de Gualeguaychú de sentarse a conversar de igual a igual con el Estado oriental o con el Estado argentino, deja de ser insólita y esboza un camino de salida de la insustancialidad de nuestras “democracias”, que oscilan entre una representación parlamentaria de ficción y una autocracia populista de corto alcance. Es en los pueblos donde radica la soberanía, que, para ser ejercida requiere de nuevas formas de representación, nuevos mecanismos de decisión y, esencialmente, de una nueva cultura de participación popular, no necesariamente excluyente, pero si complementaria y correctora de las instituciones establecidas.

Eso empieza por reconocer el derecho que asiste al pueblo, a las personas de pie más que a los poderes constituidos, a decidir sobre su vida y su hábitat, sobre su presente y sobre su futuro.

Se nos dice desde el gobierno argentino: este es un problema ambiental, de ecología; se nos dice desde el uruguayo: este es un asunto de soberanía nacional, agredida por las pretensiones ecologistas y por la prepotencia argentina.

Todo esto es falaz, engañoso, muy probablemente a sabiendas fraudulento.

Las razones de la protesta no son medioambientales, en tanto por tal se entienda a la protección de la naturaleza por encima de las necesidades humanas. Se trata de la preservación de las formas y los medios de vida de un pueblo y del reclamo de una relación armónica con el ambiente, en la convicción de que un desarrollo social y económico sustentable a largo plazo sólo es posible mediante el uso racional y prudente de los recursos naturales.

Es creciente -y surge de la experiencia- la desconfianza popular en las propiedades mágicas del progreso indefinido, en la tradicional práctica de agotar los recursos confiando en que una eventual futura innovación tecnológica encontrará el remedio a los problemas que nos hemos creado.

«Despilfarremos y contaminemos el agua potable; ya aparecerá algún genio capaz de descubrirla en el centro mismo de la tierra o en otro planeta, o de potabilizar a bajo costo el agua de los mares o de inventar una bacteria que volverá al Riachuelo más límpido de un lago de montaña. De alguna manera, mañana se verá».

Esta creencia absurda, esta ciega confianza en los golpes de suerte, han modelado una civilización para ponerla al servicio de la tecnología, cuando la lógica más elemental aconsejaría lo contrario.

Hay urgencias, claro está, y resultaría casi milagroso y en realidad absurdo que aquél que ignore de qué va a vivir al mes siguiente se preocupe por cuales serán sus medios de vida cinco años más tarde. Esto explica el entusiasmo que la instalación de plantas elaboradoras de pasta celulósica ha despertado en la localidad de Fray Bentos, tan castigada por la pobreza y el desempleo. Y otro tanto podría decirse del Uruguay todo, cuyo principal y más valioso producto de exportación es su propia gente.

Los vecinos de Fray Bentos apoyan casi unánimemente la instalación de esas plantas. Pero cabe preguntarse si acaso alguien les ofreció alguna otra alternativa o si se encuentran como Bertoldo, obligados a elegir de qué árbol ser colgados.

En “pleno ejercicio de su soberanía” el gobierno de su país les presenta una única opción. ¿Qué soberanía? Aceptar sin chistar un contrato oprobioso firmado por un gobierno decadente y antinacional, es cualquier cosa menos un acto soberano, a no ser que sea un acto soberano el encerrarse uno mismo en una comisaría o volarse la tapa de los sesos.

Es tan falso el argumento de la soberanía como la explicación del conflicto como “medioambiental”: lo que está en cuestión es un modelo de desarrollo, que inevitablemente implica la discusión de un modelo de sociedad.

¿Cuáles son los beneficios que un enclave extranjero, libre de impuestos, tasas y gravámenes, producirá a la sociedad uruguaya? Un par de miles de puestos temporales de trabajo.

¿De qué servirá la instalación en el patio de Fray Bentos de una industria que -y en eso no hay discusión- destruirá la actividad turística de la localidad?

Hoy hay obrajes, pensiones, comedores y diversos entretenimientos para atender a los 1500 obreros contratados para las obras. ¿Y cuándo la construcción finalice, qué? ¿El gobierno uruguayo firmará un nuevo convenio para la instalación de una nueva planta que vuelva aabsorber temporalmente a ese par de miles de obreros cesantes, a los que se habrán sumado los cesantes por disminución del turismo y los nuevos cesantes cuya actividad consistía en proveer insumos y entretenimiento a los cesantes? ¿Y así hasta el infinito, habida cuenta de que el único beneficio palpable de esas plantas es la cantidad de empleos temporales que generan?

No hay otro beneficio para el Uruguay, y esa es la triste y cruda verdad.

Una sorprendente tozudez llevó al señor Tabaré Vázquez a insistir en el cumplimiento a rajatabla de ese contrato leonino, cuando debería aprovechar (o haber aprovechado, que a la oportunidad la pintan calva) el reclamo de los vecinos de Gualeguaychú para presionar a las empresas, forzando una revisión de los convenios, haciéndolos más equitativos, procurando obtener ventajas palpables para el Uruguay. Por ejemplo, que se complete el ciclo y se fabrique papel, y en territorio uruguayo, no en zonas francas internacionales

Una planta elaboradora de papel uruguayo -y no español o finlandés- es un indudable instrumento de desarrollo económico y fuente de divisas, por más que sea fabricado por empresas españolas o finlandesas. Una planta elaboradora de pasta de celulosa, libre de tasas, impuestos y gravámenes, es una estafa, es la destrucción y despilfarro de los recursos, el compromiso de otras actividades, la amputación de alternativas y nuevos emprendimientos, a cambio de nada, más que de un puñado de empleos mal pagos.

Sorprende también la necedad de justificar errores propios señalando los errores ajenos o en echar en cara a los vecinos de Gualeguaychú la existencia de industrias contaminantes en la Argentina. Hasta donde se sabe, la asamblea vecinal de Gualeguaychú no ejerce el poder en la República Argentina ni en ningún otro sitio: apenas si trata, con mucho esfuerzo y grandes dificultades, de tomar parte en decisiones que afectan su propio modo y medios de vida, de no ser un cero a la izquierda en cualquier suma, una voz hablando inútilmente a una pared.

Si todos estamos empeñados en la preservación de los recursos naturales y preocupados por su contaminación y despilfarro, esta sería -o, de nuevo, habría sido- la oportunidad para una discusión global, tanto sobre la protección del ambiente como sobre la elaboración de un modelo de desarrollo regional armónico, equitativo y social y económicamente sustentable a largo plazo. Si existe alguien del otro lado de la pared, ahí están las asambleas vecinales de Colón y Gualeguaychú y las asociaciones ambientalistas uruguayas para apoyar y formar parte de ese proceso.

Sin embargo, las conversaciones intergubernamentales avanzan por otro carril, buscando una fórmula de compromiso que preserve la autoridad de ambos presidentes, que tranquilice a las poblaciones ribereñas y que permita el funcionamiento de las plantas, para mayor felicidad de empresarios españoles y escandinavos.

Es que tanto el gobierno uruguayo como el argentino están presos del mismo error y de similares urgencias, de lo que dan cuenta el empeño oriental en alentar un proyecto tan descabellado como, para dar un simple ejemplo al paso, la vigencia en Argentina de una ley de minería que equivale, exactamente, al convenio con las “papeleras” firmado por el ex presidente Batlle.

Los términos posibles de negociación entre ambos gobiernos no satisfarán las exigencias mínimas de los vecinos, provocando el descrédito local del presidente argentino y, más que seguro, expondrán al presidente uruguayo a los ataques de una oposición empeñada en obturar cualquier transformación del Uruguay.

Lo más notable es que en esta encerrona no nos colocó nadie. Nos metimos solos, de la mano de los apuros, la arrogancia y la sordera de quienes deberían representar los intereses populares.

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