La Agencia Gubernamental de Control es una de las áreas más cuestionadas del gobierno PRO. El derrumbe de un gimnasio en Villa Urquiza y del boliche Beara de Palermo son los casos más resonantes de una serie de accidentes que parece estar propiciada por un festín de obras clandestinas y habilitaciones truchas.
Al regreso de sus últimas vacaciones, Mauricio Macri se lanzó de lleno a la campaña de sus diputados nacionales y el puñado de candidatos a intendentes o gobernadores que el PRO llevará en distintos puntos del país en octubre. Una de las frases de campaña que más se le escucha decir al niño bien, es que en la ciudad de Buenos Aires no existen casos de corrupción, pero la muletilla es muletilla nomás ya que la decena de muertos y heridos en obras clandestinas y habilitaciones truchas, señalan que la histórica corruptela en los organismos de control porteños goza de excelente salud.
Obreros atrapados por la caída de lozas en Floresta, desplazamientos de cimientos y columnas en viviendas linderas a obras en Balvanera, clientes de comercios lastimados por derrumbes de un cielorraso en Once… y siguen los casos. A la par del exponencial crecimiento de la inversión y especulación inmobiliaria, los casos de derrumbes y accidentes en obras se multiplicaron en los últimos años. Muchos de los casos pasaron desapercibidos o silenciados por el poder mediático y buena parte de los damnificados, por lo general obreros de la construcción, pasaron literalmente a mejor vida. Los más conocidos y que todavía generan costos políticos a la administración porteña fueron el de un gimnasio en Villa Urquiza y el de un boliche en Palermo.
El primero ocurrió el 9 de agosto del año pasado, cuando un centro deportivo Orion, ubicado en la calle Mendoza casi avenida Triunvirato, se desplomó a raíz de los trabajos de remoción de escombros de una obra en construcción en el lote lindero. Esos trabajos aflojaron los cimientos del club barrial que se desplomó sin más. Bajo los escombros quedaron sepultados tres muchachos que fueron rescatados sin vida. El día del derrumbe, el gremio de los trabajadores de la construcción, la UOCRA, señaló que un mes antes del accidente, los veedores gremiales habían denunciado a esa empresa constructora ante la Dirección General de Relaciones Laborales y Protección del Trabajo por no apuntalar reglamentariamente los muros perimetrales de la obra, pero la denuncia fue desestimada por la Agencia Gubernamental de Control. En esta oportunidad, el ejecutivo porteño salió a bancar a quien entonces conducía la AGC, Raúl Oscar Ríos. Unos días después este funcionario debió renunciar a su cargo cuando trascendió que en vez de monitorear la investigación y la habilitación del estado de la obra, se retiró para concurrir a la reunión en el club Boca Juniors, en la que se definía la suerte de Juan Román Riquelme. La onda expansiva de los costos políticos alcanzó también José Báez que tuvo que renunciar a la Dirección General de Fiscalizaciones y Obras de la AGC.
El otro caso que trascendió fue el derrumbe del entrepiso de un bar de Palermo. La tragedia ocurrió durante una fiesta privada en la madrugada del 10 de septiembre de 2010, cuando el exceso de personas produjo que un entrepiso se derrumbara sobre decenas de personas. El saldo fue de dos veinteañeras muertas y más de 25 heridos. La causa debió sortear varios intentos de cajoneo y lo cierto es que ha avanzado muy poco. Por el contrario, la investigación que encabeza el fiscal Andrés Madrea ya empezó a desentrañar una serie de irregularidades que buscan aclarar por qué el local funcionaba a pesar de haber sido clausurado en dos ocasiones anteriores por desvirtuar el rubro para el que estaba habilitado. La línea de investigación del fiscal, fundada en una serie de escuchas telefónicas, sostiene que en la ciudad de Buenos Aires funciona una red de abogados, gestores y funcionarios dedicados a habilitar locales, principalmente bares y pubs nocturnos, bajo una razón social distinta a la utilización que finalmente tendrían. Obviamente, las habilitaciones se consiguen a través del desembolso de las gestiones necesarias, “canon” que se distribuiría entre los abogados y funcionarios. De esta manera, los propietarios se garantizaban la posibilidad de abrir locales con menos requerimientos de infraestructura y seguridad. El servicio incluía el aviso anticipado de las inspecciones y la posibilidad de frenar un operativo si éste se trataba de una inspección de rutina. Este planteo surgió a partir de información encontrada en el accidentado boliche y en computadoras de los abogados de sus propietarios, en las que aparecían balances con ítems correspondientes a pagos por la habilitación del bar por un monto de 114.600 pesos. El fiscal sostiene que, según el cambio monetario de la fecha en la que está fechado el archivo, esa suma se corresponde a 30.00 dólares exactos. La causa tiene como imputados, además de los propietarios y abogados de Beara, a Martín Farrel, ex Director de la AGC; Pablo Seiskuscas, ex Director de Habilitaciones Especiales; y Norberto Cassano, ex Jefe del Departamento Esparcimiento; ya que el fiscal sostiene que los funcionarios habilitaron Beara a pesar de que Vanesa Berkowski, Directora General de Fiscalización y Control de la ciudad, había recomendado no hacerlo por encontrar irregularidades. Hace un mes y medio, el juez Ramos Padilla, a cargo de otra causa iniciada por la demanda del propietario de un boliche de Flores que denunció pedidos de coimas por parte de funcionarios de la AGC, luego de analizar una serie de escuchas telefónicas dictó el procesamiento de Berkowski por considerarla integrante de la red de tráfico de influencia para habilitar bares y festivales de música en la ciudad.
