Oliver Costilla: «Antes de López Obrador, los empresarios sentían que eran las únicas voces de la sociedad»

El intelectual y académico mexicano analiza los primeros pasos del gobierno que frenó el impulso de la derecha en la región. Tensiones internas, bajo perfil internacional y la efectiva estrategia de consultar al pueblo.

En contra del llamado cambio de época en América latina y con un nivel de expectativas populares poco común en México, Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia el 1 de diciembre y desde entonces canceló uno de los proyectos multimillonarios insignia del poder económico concentrado del país, declaró la guerra contra el robo a la petrolera Pemex a costo de semanas de desabastecimiento y una baja histórica de la producción, y creó una nueva especie de policía militarizada para luchar contra el narcotráfico que despertó temores y críticas desde los organismos de derechos humanos. Además, instaló una nueva modalidad de consultas populares para aprobar desde subsidios sociales federales hasta proyectos de infraestructura, que le ganó cuestionamientos entre los más poderosos pero también entre comunidades indígenas y sectores populares, y se le plantó a Estados Unidos y sus vecinos al no reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Al cumplir sus primeros 100 días en el gobierno, su popularidad casi alcanzaba el 80%.

Lucio Oliver Costilla tiene 68 años, es un veterano pensador de la vida política mexicana y un referente en la Sociología latinoamericana. El doctor, investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México es cauto y consciente de que el gobierno de López Obrador recién comienza, pero el optimismo se cuela una y otra vez en sus pausas y sus reiterados “por ahora” y “al menos por el momento”. No lo emociona tanto la imagen y el liderazgo de López Obrador, como a muchos mexicanos que han asumido una defensa cerrada frente a los embates del establishment político y económico del país, sino que “se está definiendo cómo van las relaciones políticas” y “por ahora no se plantea una subordinación al gobierno o al partido oficialista”.

Esta disputa abierta del espacio político -que para Oliver Costilla se vivió por última vez en el gobierno de Lázaro Cárdenas en los años 30- explica por qué la popularidad del nuevo presidente mexicano crece aún cuando sectores populares critican con dureza algunas de sus iniciativas e incluso se movilizan para rechazarlas o exigir modificarlas. “Antes, los empresarios sentían que eran las únicas voces de la sociedad. Ahora se está planteando quién es el interlocutor en la sociedad civil con el Estado”, explicó el académico desde Ciudad de México.

– ¿Cuál es su impresión sobre el gobierno de López Obrador?

– Es un gobierno que está intentando mostrar una gran definición de cambio y que sí ha tomado medidas políticas, económicas, sociales y culturales sustanciales. Creo que es una definición muy importante, pero también ha demostrado que flaquea en algunas cuestiones.

– ¿Cuáles diría que fueron sus medidas más importantes?

– Por ejemplo, la cancelación del aeropuerto de Texcoco que implicaba uno de los tesoros de uno de los grupos oligárquicos que dominaba México, sometiendo el interés público a sus intereses privados. Con la cancelación del aeropuerto, mostró que este servicio de lo público para fines privados se va a terminar. Eso fue muy importante. También hay que destacar el impulso a una serie de consultas sobre políticas de tipo social, económico y cultural y relacionadas con el bienestar. Son consultas que en términos legales no son necesarias porque el presidente tiene el poder para decidir políticas. Sin embargo, al llevarlas a consulta, propició un debate sobre el contenido y favoreció la inclusión de una cantidad importante de ciudadanos.

La última de estas consultas fue para decidir si un gigantesca central termoeléctrica, criticada por algunas comunidades locales por las consecuencias ambientales que podría generar su funcionamiento, debería ser puesta en marcha o no. López Obrador llamó a una consulta regional en todo el estado de Morelos y en partes de los estados vecinos de Pueblas y Tlaxcala. Ganó el Sí, que apoyaba el gobierno con el 59,5% de los votos, pero solo en Morelos, un estado con un padrón electoral de casi 1,5 millones, votaron apenas más de 43.000 personas.

– Estas consultas generaron críticas.

– Sí. Por una parte, se hace algo que ninguna otra Presidencia hizo, que es consultar y poner a debate ciertas políticas centrales. Pero, por otra parte, estas consultas no están normadas, son hechas a la medida de lo que se quiere consultar, no hay una normativa que plantee qué tipo de preguntas son las más adecuadas, quiénes van a participar, qué tipo de representación tienen a nivel nacional. Fueron planteadas como consultas al pueblo, pero al no estar normadas despiertan muchas suspicacias y, en algunos sectores, inconformidad. López Obrador planteó que sí, que eso se percibe y que va a desarrollar un debate sobre las consultas para regularlas.

– La ofensiva del gobierno para terminar con el robo de crudo y nafta del sistema de la empresa estatal Pemex también provocó mucha tensión.

– El rescate de Pemex como empresa pública relanzadora de la economía nacional también fue muy importante. Permitió conocer las distintas formas en que grupos privados, tanto legales como ilegales, estaban aprovechando los recursos petroleros. Por una parte, fue desmantelar todos los robos de gasolina y petróleo que se hacían directa o indirectamente a la empresa. El abastecimiento de las gasolineras del todo el país se hacía a través de ductos que eran ordeñados. Primero se pensó que eran ordeñados por grupos ilegales en zonas que el Ejército o la Policía no controlan. Pero después se supo que era una mafia enorme que funcionaba desde adentro de Pemex, propiciando esos robos. Se producía petróleo y se entregaba a sistemas externos a los ductos que pertenecían a empresas privadas, es decir, esa producción no era registrada como parte de Pemex. Eran empresas nacionales pero tenían apoyo internacional porque luego trasladaban ese petróleo en barcos de bandera extranjera. Tuvo que entrar el Ejército, parar toda la distribución de los ductos y fiscalizar todos los ingresos de gasolina en el país y la participación de barcos extranjeros. Se paró toda la distribución por ductos, se compraron camiones con tanques de carga para distribuir por carretera y evitar los robos. Fueron dos meses, enero y febrero, de una verdadera lucha político-militar. El Ejército recuperó un poco la legitimidad que se había perdido en los últimos 30 años. Ya hay cierto control, aunque quedan algunos núcleos menores en algunos estados. Fue una recuperación extraordinaria y López Obrador lo hizo de una manera inteligente porque buscó impedir que continuaran los robos, sin remover a los responsables para evitar que se viera como una venganza política. Consiguió que un 80% de los mexicanos apoyara su política en Pemex.

– Otra medida que provocó muchas críticas, especialmente entre organizaciones de derechos humanos, fue la creación de la Guardia Nacional, la nueva fuerza militarizada que encabezará la lucha contra el narcotráfico. ¿Contradice la promesa que hizo en campaña de no apostar por la guerra?

– En la campaña, las demandas de seguridad y justicia fueron centrales. La participación del Ejército en la seguridad pública en los tres últimos gobiernos no fue legal; estaba avalada por la Presidencia pero no por las leyes nacionales. Ahora estará avalada por la Constitución, que incluye una obligación al respecto de los derechos humanos. López Obrador prometió una nueva formación en derechos humanos y labores policiales, no militares, pero también reconoció que no encuentra una mejor solución. Sigue habiendo una violencia terrible de los grupos de narcotráfico. Hace poco secuestraron dos camiones con migrantes. Siguen imponiendo secuestros, ataques a instituciones públicas, corrompiendo a funcionarios. Son grupos que pusieron a México en una encrucijada.

– ¿Cuál es la estrategia entonces para luchar contra el narcotráfico?

– Se está planteando aplicar dos ejes de confrontación frente al narcotráfico: uno es la creación de políticas económicas y sociales que sean una alternativa para la población que cayó en manos de los grupos criminales e ilegales y que incluye a una parte amplia de la población que está en situación de desempleo y marginalidad. Pero los resultados tardarán en hacerse visibles. Por eso la Presidencia optó por un segundo eje, el proyecto de la Guardia Nacional, que ha sido muy debatida porque sí puede llevar a una militarización de la seguridad pública y a un incremento del poder de los militares frente a otras instituciones. Por eso, muchos grupos de derechos humanos se plantearon la importancia de que esta guardia tenga mando civil y, de ser posible, una participación de la sociedad civil. Pero en lo inmediato parece que no será muy viable; más bien se va a organizar como una fuerza de enfrentamiento de grupos ilegales y narcotraficantes que dominan más de la mitad de los estados del país. Creo que también aquí estará en juego cómo la sociedad civil puede ir exigiendo, no solo el respeto a los derechos humanos, sino también una subordinación a formas de organización civil que tendrán que ir formándose. Pero eso todavía es incierto. Dependerá de cómo se desarrolle la lucha político-militar. Lo importante es que todavía está abierta esa posibilidad y los grupos sociales están planteando no ceder y movilizarse.

– ¿Cómo es la relación entre estos movimientos y grupos sociales y el gobierno?

– Se está definiendo todavía cómo van a ser las relaciones políticas. Los grupos de izquierda no quieren doblegarse a la fuerza de Morena (el partido oficialista) y las comunidades, movimientos de maestros, madres en lucha por la justicia ante las desapariciones y movimientos sociales están movilizados para actuar. Por ahora no se plantea una subordinación al gobierno o al partido oficialista. Está abierta todavía la vida política para el desarrollo de un proyecto propio para medir el progreso del gobierno, articulándose con cierta independencia. Lula en Brasil y Cristina en Argentina se plantearon como los únicos protagonistas legítimos de la vida política de su país, como un cesarismo. Eso todavía no se plantea en México.

– ¿Qué rol cree que el gobierno de López Obrador dará a México en el contexto regional actual?

– El gobierno está tratando de no ser protagonista internacional. Hasta cuándo lo va a poder mantener o qué efectividad tenga es muy difícil decir. Mantiene un perfil muy bajo, pero lo hizo plantándose sobre un perfil muy claro de respeto al principio de no intervención y el apoyo a Cuba. A pesar de que no ha querido manifestarse como protagonista, su posición de principios ha tenido un efecto importantísimo. Ser protagonista internacional, creo, generaría cierta inestabilidad en el proyecto interno. Va a buscar ser más omiso de lo que normalmente buscaría ser. No quiere confrontar con Estados Unidos, no quiere ser él quien promueva la confrontación, pero tampoco se va a subordinar como el gobierno anterior; de ahí que reivindique principios constitucionales como el de la no intervención para protegerse.

– ¿Y con otras potencias regionales como Brasil o con gobiernos con los que tiene coincidencias como Uruguay?

– Con Brasil se diferenciará sí, pero tampoco va a confrontar o criticar. Hasta donde pueda va a tratar de buscar alianzas, pero siempre con un perfil bajo. Está convencido de que su política debe ser estabilizar la situación de México y mantener la autonomía de su proyecto hasta que pueda, al menos.

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