Ola de desalojos en la Capital: el verdadero rostro de la política PRO

Los fines de febrero preanuncian que la política del Gobierno Porteño será profundizar la expulsión de pobres de la Ciudad. Al cierre de esta edición, unas 320 familias fueron desalojadas de un edificio ubicado en la esquina de Bolivar y Mariano Moreno, en pleno casco histórico capitalino. Aunque la comuna habla de riesgo de derrumbe, Causa Popular pudo comprobar que se trata de un enorme negocio inmobiliario que comenzó en diciembre de 2006.

El Palacio Raggio es conocido por ser uno de los primeros inquilinatos de la Capital Federal. Inaugurado en 1910 fue regenteado por años por un propietario que resolvió venderlo a fines de 2006. Cada uno de los 3 edificios estaba administrado por “encargados” que subalquilaban las piezas de cada piso a su cargo. Cuando se concretó la venta, en diciembre de 2006, estos encargados trataron de sacarse a la gente de encima. Uno de los vecinos contó que les ofrecieron hasta 10 mil pesos por piso para sacar a los inquilinos. Luego de la venta en 2006, aparecieron los encargados.

En diálogo con Causa Popular, una de las trabajadoras desalojadas, relató: “Nos dijeron: tienen un mes para irse, porque el hotel se vendió y se vienen conmigo a otro hotel”. A esto las familias se revelaron y preguntaron por qué no les habían avisado antes. La respuesta fue: “se tienen que venir conmigo y punto, porque sino los va a sacar la policía. Ahí comenzaron las amenazas. Entre diciembre de 2006 y enero de 2007 nos cortaron la luz y el gas, entraron por los techos, e incluso contrataron matones para asustarnos que dejaban garrafas abiertas en algunos pisos para asustarnos. Los 3 edificios tuvimos el mismo problema y en ese momento la mitad de la gente se fue, porque era una situación horrible. Esto fue entre el 8 de diciembre de 2006 hasta el 20 de enero de 2007. Durante ese lapso la gente se encadenó, se encerró en sus piezas sin luz ni gas y aguantó los patoteos. No podíamos salir de adentro. Eso duró un mes hasta que intervino la Asamblea de San Telmo y así logramos mantener un año de negociaciones. Eso nos ayudó para empezar la lucha que terminó hoy. Nos mantuvimos todos unidos hasta el 18 de enero de 2007, cuando llegó la oferta económica. Ahí las 30 familias de Bolivar 331 se enojaron con nosotros. Estuvimos con marchas y cortes de calle hasta diciembre de 2007”.

Aún no se sabe quiénes son los propietarios de San Telmo House SA, la empresa que pagó 2800 pesos a cada desalojado jefe de familia, junto a los 13.200 que entregó el Gobierno Porteño para que dejaran el edificio.

A pesar del acuerdo previo, unas 40 personas se negaron a salir del inmueble y hubo una dura represión a primera hora de la mañana. Los efectivos de la Policía Federal, se apostaron desde las seis de la mañana sobre la calle Bolívar para hacer cumplir la orden de desalojo dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera instancia en lo Civil Nº 42, a cargo de José Silvera.

El personal policial ingresó esta mañana al inmueble, tras cortar la energía eléctrica, y donde se produjeron forcejeos con los habitantes del segundo y cuarto piso, aunque la situación se resolvió tras una negociación con auxiliares del gobierno porteño.

Pero eso no es todo, en otro operativo sin incidentes fueron desalojadas 15 familias de una propiedad ubicada en Cochabamba al 2300, del barrio porteño de San Cristóbal.
Los habitantes del lugar debieron abandonar el lugar, a pesar de que reclamaron a las autoridades «tiempo», porque dijeron «no tener un lugar donde ir a vivir«. Una mujer, que esperaba ser trasladada con sus pertenencias en la calle, dijo a la prensa que pagaban mensualmente «500 pesos por piso» a una persona que se autoproclamaba propietario del edificio. Las familias del edificio de Bolívar al 300 empezaron a retirarse lentamente este fin de semana del lugar, donde camiones comenzaron a llevarse muebles, colchones y otros enceres particulares.

La crisis habitacional

La Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires advirtió en octubre último que unas 2.300 familias porteñas iban a sufrir el desalojo de sus hogares debido a la situación en el distrito, donde consideró que existe un «colapso» de la vivienda. El órgano defensor también reclamó en julio de 2007, mediante un proyecto de declaración, que en casos de juicios de desalojo se realicen informes socio-ambientales previos de los afectados, sobre todo cuando involucren a niños, ancianos o personas con discapacidad, tres grupos en condiciones de vulnerabilidad.

En uno de los informes, remitido oportunamente a la Legislatura de la Ciudad, la Defensoría porteña constató que 75 personas por día fueron lanzadas de sus hogares durante los primeros cinco meses de 2007.

La media del año pasado duplicó los 34 desalojos diarios que se produjeron en 2006, como consecuencia de falta de pago, vencimiento de contratos, comodato, intrusión y otros motivos, en miles de los más de un millón de hogares en esta ciudad.

En tanto, en el proyecto de declaración presentado en julio, la Defensoría porteña buscaba que se siga un procedimiento previo a librar una orden de desalojo.
En primer lugar, que un grupo de profesionales idóneos realice un informe socio ambiental «suficientemente pormenorizado» de las personas que son demandadas, en especial cuando pueda afectar a grupos sociales vulnerables.

En caso de que el ambiental revele que la situación que provoca el desalojo obedece a razones «socioeconómicas ajenas a la voluntad» de los demandados, la Defensoría recomendó que los tribunales actuantes deben enviar un oficio judicial con la copia del informe al Gobierno de la Ciudad.

La intención es que el Ministerio de Derechos Humanos y Sociales porteño adopte las medidas habitacionales o de protección correspondientes para que las personas desalojadas no queden en situación de calle. Pero Macri solo está preocupado en sacar a los pobres de la ciudad.

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