Hoy en la ciudad de Buenos Aires tenemos un problema serio con la educación debido a la política implementada por el gobierno de Mauricio Macri, de quien no podemos decir que no tiene política. Hay una política deliberada de desinversión, de desresponsabilización del Estado sobre la educación pública para transformarla en un servicio y no en un derecho social. Nosotros estamos planteando que la educación sí es un derecho social, para todos y para todas.
Esta política se viene dando desde la asunción de este gobierno, que en un principio había dicho que venía a poner blanco sobre negro lo que habían sido las otras administraciones. Hoy concretamente nos enfrentamos a esta problemática:
– sigue habiendo escuelas sin gas
– hay una sub-ejecución presupuestaria que, proyectada anualmente, no llegará al 20 o 30 % de inversión
– los problemas de infraestructura que dijeron que iban a resolver siguen subsistiendo. Incluso el propio Jefe de Gobierno reconoció que son de imposible resolución para este año
Estos ejemplos demuestran que hay una política realmente desembozada de desinversión en la educación pública.
Otro ejemplo son las becas de inclusión para los alumnos de las escuelas secundarias.
El año pasado se estaban otorgando 60 mil becas, que fueron reducidas a 30 mil este año. Sin ningún motivo. Gracias a la movilización entre los estudiantes, la comunidad educativa y los sindicatos docentes, hemos podido recuperar 15 mil becas, pero siguen faltando otras 15 mil.
Si bien el emergente está planteado en una problemática de recuperación salarial, este tiene que ver con la inversión en educación publica y en definitiva en todas las políticas públicas del gobierno de la Ciudad. Nosotros estamos reclamando un 20% de recomposición salarial para esta segunda etapa del año respecto de los salarios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que dice el gobierno? Que no tiene dinero. Está faltando a la verdad, porque hace tres semana, en la primera semana de septiembre, obtuvo un aumento del presupuesto 2008 de 1.548 millones de pesos. De ese monto, más de 400 millones de pesos están destinados a la renegociación de los contratos de empresas privadas recolectoras de residuos y de la construcción; respecto a la educación no hay ninguna imputación presupuestaria, excepto los 100 millones a las escuelas privadas.
Hoy un docente en la ciudad de Buenos Aires tiene un salario inicial de 1.290 pesos de bolsillo. Un docente que tiene diez años de antigüedad gana 1.490 pesos, o sea que en la mitad de su carrera obtiene 1.490 pesos. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Necesitamos esta recomposición en el marco de una problemática de inversión general. Mucha gente dice que no hay política en educación, nosotros decimos que sí hay política, una política de deterioro y de destrucción de la educación pública, de corrimiento de la responsabilidad del Estado. Y esto nos lleva a que la educación vaya camino hacia la privatización, situación que ya hemos vivido en la década de los ‘90 con las empresas del Estado.
Esta política privilegia la relación con los sectores privados y las empresas privadas en cada una de las políticas públicas. Lo mismo está ocurriendo en los hospitales públicos, como lo prueba la falta de insumos. La tercerización de los distintos servicios que se dan en la ciudad muestran un avance del mejor estilo neoliberal de la década de los ’90. Por eso nosotros estamos realizando esta medidas de acción que implican no solamente un reclamo sectorial y corporativo para los trabajadores de la educación, sino un reclamo político. El gobierno porteño dice que esto es un reclamo político. Nosotros decimos que sí, es político, porque tiene que ver con la defensa de las políticas públicas, en nuestro caso la educación, pero no descartamos ni las políticas públicas de salud, de vivienda, de desarrollo social, y todas aquellas que están dirigidas a los sectores que más necesitan.
Desde el miércoles 1º de octubre empezamos un paro escalonado para denunciar y proponer que el Estado sea el garante indelegable de la responsabilidad del sostenimiento de la educación pública.
El autor es Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y Secretario General Adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.
